Entutelan licitación sobre de nuevos Transmilenio | El Nuevo Siglo
Foto cortesía Concejo Bogotá
Miércoles, 9 de Mayo de 2018
Redacción Nacional

Una acción de tutela contra la licitación para la compra de los nuevos buses para Transmilenio de las Fases I y II, fue instaurada por el concejal Marco Fidel Ramírez. De acuerdo con el concejal de la Familia, la Administración Distrital y la Empresa TM al plantear una licitación para adquirir buses que operen con tecnología Euro5 diésel, están sometiendo a Bogotá por los próximos 20 años, a respirar aire contaminado por ese combustible fósil, que supera ampliamente los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La tutela está basada en que esta licitación viola el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, en conexidad con el derecho fundamental a la salud, acorde con las sentencias de la Corte Constitucional que, además subrayan la importancia de abrir espacios participativos, cuando las decisiones públicas afectan los derechos circunscritos a los principios constitucionales de prevención y precaución.

Asimismo, durante el debate de control político a la licitación para la compra de los nuevos buses, los Concejales del Partido MIRA, Olga Victoria Rubio y Jairo Cardozo, manifestaron su preocupación porque consideran que la Administración está condenando a la ciudadanía a diez años más de hollín en los pulmones al permitir buses cuyos estándares tecnológicos EURO V datan del año 2008. Para cuando se acabe el plazo de esta licitación, tendremos buses circulando con una tecnología que completará 20 años y que para la época ya será obsoleta”.

Tendencia mundial

"La licitación no está acorde con la tendencia mundial que promueve la transición tecnológica de los vehículos de transporte público hacia tecnologías limpias, mínimo EURO VI, sino que se conformó con el estándar EURO V fijado por la Secretaría de Ambiente. La Administración puede fijar parámetros más estrictos en los proyectos de pliegos de condiciones en función del ambiente y en aplicación del principio de precaución", manifestó el concejal Jairo Cardozo Salazar.

Agregó Cardozo que “no resulta suficiente argumento para la Administración que 3.219 fallecidos, es decir, el 10,5% del total de las muertes que se presentan en la ciudad, son atribuidas a la contaminación del aire urbano, las cuales generaron costos para el Distrito de $4,2 billones de pesos, equivalentes al 2,5% del PIB de la ciudad.  Tampoco le es suficiente el hecho de que con tecnologías EURO VI se logre una mayor reducción de emisiones contaminantes, entre el 15 y el 23% frente al EURO V”.

Para la Concejal Olga Victoria Rubio, “los bogotanos pagamos una de las tarifas de transporte público más altas de Latinoamérica, y según un estudio reciente de la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá, estas tarifas son altas comparadas con el poder adquisitivo de las personas que tienen bajos ingresos; los hogares llegan a destinar más del 20% de su dinero en movilizarse”.

De otro lado y pensando en el bienestar de los bogotanos, la bancada de MIRA en el Concejo le recomendó al Alcalde Mayor reestructurar los subsidios para las personas vulnerables, brindar calidad en el servicio, fortalecer la figura del defensor del usuario y rescatar el sentido de pertenencia con el sistema.

Asimismo, la concejal María Victoria Vargas, se pronunció en el debate de control político, sobre el proceso de licitación para la renovación de los buses y aseguró que el trasfondo del debate debería estar enfocado hacia el futuro de la sociedad.

Del mismo modo, Vargas hace un comparativo para exponer el impacto negativo que tiene el diésel sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes, asegurando que el combustible diésel contamina cuatro veces más que la gasolina.

La cabildante menciona que la localidad más beneficiada a la hora de implementar buses eléctricos sería Kennedy, debido a que al reducir Material Particulado (PM10) el cual forma parte de la contaminación del aire, se evitarían 4.700 muertes y se obtendría un beneficio económico de $4,6 billones de pesos, y en asuntos de morbilidad se evitarían cerca de 61.500 servicios hospitalarios, con un costo en pesos de más de $44.000 millones.