Envían al Buen Pastor a congresista Merlano | El Nuevo Siglo
Foto CMI
Jueves, 19 de Abril de 2018
Redacción Web
La reclusión será en el Pabellón Especial para Funcionarios Públicos de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.  

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A pesar de que la defensa de la actual representante a la Cámara, Aída Merlano, había solicitado casa por cárcel para su cliente, ayer la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El pasado 12 de marzo la Fiscalía allanó la sede política de la Parlamentaria en Barranquilla, encontrando dinero y elementos que indicarían que desde allí se compraron votos en las elecciones legislativas de un día antes, cuando ella fue elegida Senadora.

La defensa de Merlano, el abogado Jesús Albeiro Yepes,  había fundamentado la petición de casa por cárcel porque es madre cabeza de hogar, “ella ve no solo económicamente, sino que protege dos hijos, entre ellos un menor de edad (…) Ella es el único soporte económico, afectivo y espiritual que el menor reconoce”.

Merlano se entregó a las autoridades el pasado 7 de abril después de que la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos electorales en los comicios legislativos de este año.

En la indagatoria que Merlano rindió, se declaró inocente, no obstante durante la diligencia que se realizó a puertas cerradas, la legisladora del Atlántico dijo que padecía de depresión y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Por ello la Corte solicitó a Medicina Legal que le practicara exámenes para establecer su real estado de salud, lo cual no fue posible porque Carlos Eduardo Valdés, Director de esta institución, reveló que Merlano al parecer tomó “sustancias depresivas” que le produjeron un “trastorno severo de la conciencia”.

Razones de la Corte

Al abrirle investigación penal, consideró que se le debe definir su situación jurídica y evaluar los delitos que pueden configurar los hechos descubiertos en las actividades que se desplegaban en su sede de campaña de Barranquilla; la Sala de Instrucción No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia prescindió de la citación de la Representante a la Cámara y ordenó su captura inmediata como medida preventiva de protección a la comunidad.

“Para la Corte, uno de los fines de la eventual medida de aseguramiento es el de protección de la comunidad que se evidencia en el presente caso, pues el país se encuentra en un período preelectoral, propio de los estados democráticos, en los cuales los ciudadanos hacen uso de su derecho a elegir y ser elegidos”, explicó la Corte Suprema de Justicia en un comunicado.

Añadió el Alto Tribunal que la Representante a la Cámara, conforme la noticia criminal, y los diferentes elementos materiales de prueba recaudados, “indican que incurrió en la práctica de comportamientos que atentan contra la libre participación de los colombianos en las justas electorales, elemento fundante de la organización política nacional.

Esta posible afectación a la libertad de elegir, obliga a la Sala a tomar medidas para evitar el riesgo que esas conductas se repitan y afecten el sistema democrático, la libre facultad de elegir y ser elegido, protegiendo los fundamentos del Estado Social de Derecho, forma de organización política de la sociedad colombiana”.

Toda vez que esta investigación se adelanta, entre otros, por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y; porte ilegal de armas, cuyas penas mínimas superan los cuatro años de prisión, la Sala de Instrucción concluyó que está habilitada para librar la orden de captura a fin de vincular a la investigada mediante indagatoria.

Ayer mismo la parlamentaria Merlano, quien hace parte de la corriente política del senador Roberto Gerlein, fue llevada al pabellón de funcionarios públicos en la cárcel el Buen Pastor en la capital de la República.

 

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