Una demanda por $9,9 billones, la mayor que se haya presentado en el país en un proyecto de infraestructura, instaurará las Empresas Públicas de Medellín (EPM) ante la Procuraduría General de la Nación contra consorcios y compañías que diseñaron, construyeron y aseguraron el proyecto Hidroituango.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y quien también ejerce como presidente de la Junta Directiva de EPM, dijo que “los culpables de los sobrecostos deben asumir esos costos y no los ciudadanos a través de los servicios públicos”.
Por su parte, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, dijo entre otras razones que se tienen en cuenta todos los aspectos y los retrasos en la operación comercial que han llevado afectaciones a la compañía y a las comunidades afectadas desde 2018, el colapso de la galería auxiliar de desviación y “llevar a un manejo sin precedentes” de la contingencia.
Entre las empresas, consorcios, interventores e involucrados se encuentran el Consorcio Generación Ituango (Integral-Solingral), el Consorcio CCC Ituango, principal constructor de la obra y que está conformado por (Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.), y el Consorcio Ingetec y Sedic. Además, se involucra a aseguradoras como Suramericana y Chubb Seguros Colombia.
Irregularidades
Esta demanda se adelantará luego que se encontraran en investigaciones desde el año pasado varias conductas irregulares en el diseño y la construcción de Hidroituango, por lo cual se considera se ha sufrido un detrimento importante debido a los retrasos que ahora llevan a 2022 como fecha estimada para el inicio de generación del proyecto, el cual brindará el 17% de energía en Colombia.
Recientemente, la Junta Directiva de EPM confirmó que el proyecto Hidroituango ha tenido un alza en sus costos de 5,88%, valor que representa un crecimiento de $900.000 millones por lo que, ahora, la obra totaliza $16,2 billones tras las atenciones requeridas desde que estalló la contingencia en 2018. El valor inicial estimado de Hidroituango, previo a la contingencia, era de $11,4 billones.
Sobrecostos
Los principales frentes que se han debido atender y que han llevado al alza en los sobrecostos de la obra corresponden a los tratamientos de casa de máquinas y conducciones, las inyecciones para contener infiltraciones de taludes y consolidación del macizo de la zona sur (unidades 5 a 8 - segunda etapa), los tratamientos en vía sustitutiva en la margen izquierda, filtros y drenajes de la presa e instrumentación, revestimiento de galerías, y construcción y blindaje de los túneles para habilitar la descarga intermedia, entre otras obras.
Bajo el nuevo panorama y los retrasos en el proyecto, EPM ha estimado que la primera etapa de generación de energía en Hidroituango entre a operar en 2022.
El gerente Rendón había comentado al respecto que “muy probablemente las primeras cuatro unidades van a entrar en uso y generación para el año 2022. Con esto estaríamos cumpliendo cargos por confiabilidad y energía en firme al sistema y podríamos enviar una señal tranquilizadora al país para evitar a futuro unos apagones”.
La cifra es representativa si se tiene en cuenta que hasta el momento, el costo total de la obra estaba previsto en torno a $15,3 billones, considerando los sobrecostos tras desatarse la contingencia en 2018.
No obstante, también se considera que EPM cuenta con el pago previsto por la aseguradora Mapfre, como seguro por la contingencia, del cual ya se recibió un primer monto por US$150 millones a finales del año pasado y la compañía trabaja porque pueda darse alguno más en el transcurso de 2020.
Tras 28 meses de la emergencia en la construcción de la Hidroeléctrica, ha crecido el lío jurídico por el colapso que estuvo a punto de dar al traste con el proyecto energético más grande del país.
La demanda también tomará en cuenta las pérdidas en maquinaria y el dinero invertido por la inundación ocurrida el 28 de abril del 2018.