Enfrentado. Senador García dijo que se crearía un fondo nacional destinado de manera gradual, mientras que congresista Niño propuso que el Estado se encargue de esos recursos

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Muchos jóvenes colombianos podrían ingresar a realizar sus estudios universitarios sin ningún costo, si el Congreso da trámite favorable a una iniciativa que busca que las donaciones que realicen las grandes plataformas comerciales del país vayan a financiar la educación superior.

La reforma tributaria vigente y que fue aprobada en diciembre de 2016 contempla una serie de ventajas para que los colombianos tengan acceso con mayores facilidades a la educación superior.

La Ley 1819 de 2016 señala que si el contribuyente dona dineros a instituciones de educación superior sin ánimo de lucro (aprobadas por el Ministerio de Educación), que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, a través de becas de estudio podría descontarse el 25% del valor donado de su impuesto sobre la renta a cargo.

Así mismo, la reforma tributaria establece que las donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial del impuesto sobre la renta, al igual que a las no contribuyentes contempladas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, ya no son deducibles sino que podrán descontarse del impuesto hasta en un 25% del valor donado.

En ese sentido el senador Andrés García, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), explicó que presentó un proyecto de ley en tal sentido para fomentar el acceso a la educación superior de los jóvenes habitantes de los estratos 1, 2 y 3, tal y como se contempla en la reforma tributaria.

De acuerdo con García, para tal objeto se crearía un fondo nacional destinado de manera gradual y progresiva para ampliar cada vez a más estudiantes la cobertura de la educación superior a través de las donaciones que realicen los colombianos. Aplicaría, dijo el dirigente, para programas de pregrado.

“Ingresar a la universidad es un sueño de muchos colombianos que se ven frustrados por los altos costos de las matrículas o en los créditos universitarios que se otorgan a través del Icetex”, dijo.

Sin embargo, el senador por el Polo Democrático, Senén Niño, tiene una visión diferente sobre esta iniciativa que ya cursa trámite en el Congreso.

Niño sostuvo que la bancada opositora propone que el 40% del medio punto autorizado por la reforma tributaria de 2016 destinado a la universidad pública colombiana, se utilice para la gratuidad de educación superior para los estratos 1 y 2.

El dirigente sostuvo que además se hace obligatorio que el Estado realice los giros a las entidades de educación superior públicas, antes de iniciar las labores académicas.

En cuanto a la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES), en 2016, de 288 existentes 207 son privadas, 61 son oficiales y 20 son especiales.

De dicha oferta, únicamente se encuentran acreditadas 31 IES privadas y 16 públicas. Es decir, tan solo 47 están acreditadas, lo que representa el 16,3% del total.

Por otra parte, en ese mismo año, existían 929 programas de pregrado acreditados que representan el 15% del total de los programas ofertados.

Considera Niño que “para garantizar el acceso progresivo a programas e instituciones de Educación Superior es necesario generar herramientas y mecanismos de financiación que estén disponibles para la población más vulnerable, y que de alguna manera sean consistentes con la realidad”.

Según el Gobierno, el sistema busca mejorar el acceso a la Educación Superior por parte de los sectores más vulnerables. Se fundamenta en una relación de cadena solidaria que comienza con una financiación directa hacia una primera generación de individuos, quienes en la medida en que comiencen a percibir ingresos susceptibles de ser gravados, y en proporción a los mismos, financiarán la prestación del servicio para las siguientes generaciones de estudiantes. De esta manera, se crea una contribución solidaria que sobrepasa el interés individual y propende por el beneficio general, sostenible y progresivo.