La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les negó al senador Álvaro Ashton y al exsenador David Char sus solicitudes de someterse a la justicia transicional.

Los políticos investigados por nexos con grupos paramilitares argumentaban que los delitos por los que se les investiga tienen relación directa con el conflicto armado. Sin embargo, para la JEP este argumento no es válido.

En cuanto a Char, la JEP afirmó que “no hay prueba alguna que permita afirmar que las hostilidades entre los grupos armados y de estos con el Estado le hayan dado al congresista la habilidad de concertarse” con los paramilitares, “recibir dinero de ellos y aportarles vehículos, sino que se trató de un hecho de promoción o apoyo a cambio de recibir beneficios electorales, hechos considerados como de delincuencia común".

De otra parte, en el caso de Ashton, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas señaló que “al no ser investigado el señor Ashton por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, cometidos con causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente para conocer del presente asunto”.

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Lo anterior en el caso de parapolítica, pero en el caso del delito de cohecho, por el escándalo del denominado ‘Cartel de la toga’, que Ashton pretendía que también fuera revisado por la JEP, la Sala dijo que el exsenador “no acreditó ni argumentó que éste hubiera estado ligado al conflicto armado”.

Pese a que la JEP les cerró la puerta a Ashton y a Char, sí les dejó en claro que si tienen interés en contribuir con verdades del conflicto armado, el mejor escenario para hacerlo es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Ambos políticos están presos tras haber sido capturados por orden de la Corte Suprema, mientras se adelantan las investigaciones en sus casos.

Cabe señalar que en un documento de cuatro páginas, la defensa del senador Ashton le había solicitado a la Corte Suprema suspender su proceso por parapolítica y enviarlo a la JEP.

La iniciativa del político del Partido Liberal buscaba que se le permita ser acogido por la JEP como sucedió con el proceso del exsenador Juan José Chaux, también liberal. En ese caso, se consideró que tenía relación indirecta con el conflicto y que Chaux fue un agente de Estado por ser congresista.

A Ashton se le acusa de haber tenido un acuerdo con grupos pertenecientes al frente paramilitar José Pablo Díaz para recibir apoyos a candidatos del Atlántico a cambio de favores burocráticos.

“Poniendo a disposición de esa organización la función legislativa con el fin de servir a sus propósitos a través de las competencias parlamentarias que le correspondía ejercer”, según se lee en la ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier en la que se ordenaba medida de aseguramiento para el senador Ashton.

Según el escrito de la Corte, “para alcanzar ese objetivo en la primera aspiración del investigado a la Cámara Alta del Congreso, la organización ilegal, de un lado, brindó un respaldo electoral en el Magdalena y, de otro, le otorgó manejo en el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico, cooptado para ese entonces” por los paramilitares “inicialmente a través del nombramiento del gerente de la ESE, Luis Francisco Romero Racedo, compadre y militante de su grupo político, y posteriormente de su sobrino Fabián Arturo Ashton como coordinador médico".

Sin embargo, Ashton asegura que fue extorsionado por paramilitares, quienes en diciembre del 2008 lo amenazaron con que si no les entregaba una fuerte suma de dinero, lo acusarían de tener vínculos con ellos.