El procurador Fernando Carrillo habló del papel de la Jurisdicción Especial para la Paz y los escándalos en los que se ha visto implicada; los casos de corrupción; la situación de los Derechos Humanos y la protección a líderes sociales; las ‘casa de pique’ de Tumaco y la credibilidad de los entes de control; y la participación de los funcionarios públicos en política. “Aquí no hay intocables”, sostuvo

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EL NUEVO SIGLO: Percepción o realidad: ¿la violencia armada está rebrotando en Colombia pese al Acuerdo de Paz?

FERNANDO CARRILLO: Los ecos del conflicto armado aún se escuchan en algunas zonas del país por culpa de las disidencias de las Farc, el Eln, los paramilitares, los narcotraficantes que se disputan las zonas abandonadas por las Farc tras los acuerdos de paz.

El Estado ha tenido grandes dificultades para copar esos territorios. A pesar de la gravedad de los hechos que se registran en áreas como el Catatumbo o Tumaco, el impacto de los acuerdos de paz se refleja principalmente en la disminución del número de muertos, heridos y los atentados contra la Fuerza Pública.

El gran reto es impedir que Colombia dé marcha atrás. La guerra no puede seguir siendo nuestro horizonte.
ENS: Percepción o realidad. ¿La situación de derechos humanos se está deteriorando pese al Acuerdo de Paz?

FC: Colombia no ha logrado superar la herencia maldita en esta materia y la situación continúa siendo muy delicada.

A pesar de los avances, el país sigue en vilo por la acción de los violadores de derechos humanos. Hay que parar ya la máquina de la guerra, que quiere seguir produciendo muertos, heridos y  desplazados.

Los acuerdos de paz no se han traducido en el fin absoluto de las acciones criminales de los actores armados ilegales contra la población civil inerme. Las estadísticas sobre asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos han encendido las alertas del Estado, pero también de la comunidad internacional, que exige acciones contundentes para detener esos crímenes sistemáticos.

ENS: ¿La crisis de Tumaco es la prueba de que el posconflicto está fracasando?

FC: El país ya preveía que los acuerdos de paz iban a marcar la terminación del conflicto armado con las Farc y su fin como organización militar, pero no traerían la paz de manera inmediata.

Ésta hay que construirla todos los días y es un camino lleno de obstáculos.

Crece la percepción de que al Gobierno le quedó grande la consolidación de los acuerdos. Y a eso ayudan las acciones criminales de las disidencias de las Farc y el Eln, los últimos escándalos de corrupción, las denuncias sobre incumplimiento por parte del Ejecutivo que hacen los excombatientes y las comunidades en los territorios, y las alarmas encendidas por la comunidad internacional.

El fracaso de los acuerdos y del posconflicto sería una derrota colectiva. Hay que impedir que ello ocurra. El Gobierno nacional tiene que dar muestras contundentes de que no sucederá, cumpliendo los acuerdos, copando los antiguos territorios de las Farc y combatiendo con efectividad a los actores ilegales.

 

Denuncias de entes de control

 

ENS: ¿Por qué  la Fuerza Pública no cree en su denuncia sobre ‘casas de pique’ en Tumaco?

FC: Hay demasiada prevención frente a las comunidades. La presencia de más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública en Tumaco no garantiza que los criminales cesen sus acciones contra la población civil.

La función de la Procuraduría es escuchar las denuncias de las comunidades y alertar a las autoridades judiciales y a la fuerza pública para que actúen de manera inmediata. La denuncia de las llamadas ‘casas de pique’ fue el resultado de un trabajo de campo en Tumaco de varias de nuestras procuradurías delegadas.

La gente confía en nuestra labor y nos ha dado información valiosa que ya entregamos a la Fiscalía de manera formal y documentada.

La tarea de la Fuerza Pública y la Fiscalía es hallar esos lugares, desmontarlos y castigar a los responsables. Nuestra gran preocupación hoy es la seguridad de las comunidades que hicieron esas denuncias, para que tengan toda la protección del Estado.

ENS: A la Defensoría no le creyeron su denuncia sobre las Bacrim en Ciudad Bolívar y a la Procuraduría sobre las ‘casas de pique’ en Tumaco. ¿Qué está pasando con la credibilidad de los entes de control?

FC: Nunca como hoy los órganos de control habíamos gozado de tanta credibilidad. Lo demuestra la última medición de confianza en las instituciones hecha por Gallup.

Lo que hay que entender es que a los mandatarios locales o al Gobierno nacional no les cae bien que un órgano de control revele las debilidades en las estrategias de seguridad. Las ‘casas de pique’ en Tumaco desnudan el drama que vive esa población sobre el Pacífico, precisamente cuando tiene la mayor concentración de unidades de la Fuerza Pública en su territorio. Lo que buscamos es seguir trabajando de la mano de las autoridades para que esos lugares nunca más existan en ninguna parte del territorio y para que funcionen los mecanismos de protección individual y colectiva.

Llamamos a la comunidad a seguir confiando en nosotros. No nos vamos a quedar callados frente a la acción de los criminales.

 

Protección de líderes sociales y Acuerdo de Paz

 
ENS: ¿Han funcionado las medidas para disminuir el asesinato de líderes sociales?

FC: La Procuraduría ha encendido las alarmas sobre la ineficacia del Estado para impedir que esos hechos ocurran. Hay que actuar de manera inmediata.

En cumplimiento de la Directiva 002 de 2017, de protección de líderes y defensores de derechos humanos, la Procuraduría viene impulsando el diseño de una política pública de protección integral individual y colectiva de defensores de derechos humanos, y para ello estamos convocando una Mesa Nacional para la Protección Integral, en la que tengan parte las organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos, el Gobierno, la Fiscalía y la cooperación internacional con la finalidad de hacer seguimiento a las acciones del Estado en este tema y presentar recomendaciones de política pública.

Esperamos que al finalizar este Gobierno tengamos listo ese documento, que será presentado al nuevo Presidente de la República.

ENS: ¿Las disidencias de las Farc son un monstruo que cada día crece más, como alguna vez pasó con los primeros paramilitares?

FC: Hay que actuar de manera contundente para neutralizarlas. Son grupos delincuenciales que están dedicados al narcotráfico y se escudan en un eventual incumplimiento de los acuerdos de paz.

El gran reto es que el Estado y las Farc cumplan lo pactado en La Habana, pero también copar los territorios abandonados por esa guerrilla, llevar equidad, bienestar y progreso social a la Colombia olvidada; combatir el narcotráfico y demás formas de crimen organizado y desmontar la percepción de que la paz es una falacia que en nada beneficia a las comunidades.

ENS: ¿Los parapolíticos deben tener cabida en la JEP y por qué?

FC: Las conductas que debe conocer la JEP son aquellas cometidas antes de la refrendación del Acuerdo Final de Paz, hecho que ocurrió el 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

Hay una cuestión importante a considerar en el tema referente a la relación de agentes del Estado -congresistas, servidores públicos- con el conflicto armado. En estos casos, las conductas supuestamente relacionadas con el conflicto debieron cometerse sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que exista, que el mismo no sea el motivo determinante de la conducta.
Entre los criterios que han establecido las normas de implementación se encuentra el de que la existencia del conflicto debe haber influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta, en varios aspectos: en su capacidad para cometerla, en su decisión o en la manera en que fue cometida. La JEP no puede ser el salvavidas de los corruptos ni de quienes vendieron su alma al diablo para obtener beneficios particulares.

ENS: ¿Cómo analiza los escándalos alrededor de la JEP, que van desde pulsos burocráticos hasta contractuales?

FC: La JEP es una institución naciente que debe administrar justicia y recuperar la confianza ciudadana en la reconciliación. Es lamentable que su surgimiento haya estado rodeado por un ruido mediático que podría deslegitimarla ante la opinión pública. Confío en que la JEP responda con hechos a las expectativas de justicia y reconciliación de los colombianos, donde los derechos de las víctimas juegan el rol preponderante. La JEP tiene una labor gigante ante sí. Los magistrados y el personal administrativo y ejecutivo se enfrentan al gran desafío de organizar y consolidar la más importante institución de justicia creada por el Estado colombiano en sus últimos cincuenta años: no es un reto menor.

 

Temas electorales

ENS: ¿Cómo entender la polémica por el no cambio de logo de Gustavo Petro en el tarjetón?

FC: La Procuraduría dispuso abrir indagación preliminar para establecer lo ocurrido, tarea  que adelantará directamente la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. El Registrador Nacional presentó, por escrito, solicitud para que inicien las respectivas actuaciones disciplinarias a que haya lugar en relación con la omisión de la modificación en los logos de la campaña a la Presidencia de la República, adelantada por la coalición Petro Presidente. La credibilidad y transparencia de las elecciones no se puede empañar por este grave incidente. La Procuraduría ha redoblado la vigilancia del proceso electoral, pero la colaboración ciudadana es esencial.

ENS: ¿No cree que es una utopía la prohibición de que funcionarios públicos participen en actividades proselitistas?

FC: De ninguna manera. La Procuraduría expidió la Directiva 004 de 2018 en donde reitera las prohibiciones de carácter general y especial en esta materia, que pueden generar acciones de tipo disciplinario y penal.

Trabajamos para garantizar que los funcionarios mantengan la neutralidad e imparcialidad en el proceso. Quienes incumplan la ley serán disciplinados ejemplarmente. La mala política ha contaminado los escenarios de la acción política y ojalá llegue el día en que se pueda afirmar que los funcionarios públicos con su acción no empañan la pureza de las elecciones en Colombia.

ENS: Tras el caso de AÍda Merlano, ¿cree que en las elecciones presidenciales puede ocurrir lo mismo?

FC: Esperamos que se haya aprendido la lección. Aquí no hay intocables.

Los ciudadanos están hoy más alertas para denunciar comportamientos ilegales de la clase política. Quién viole la ley debe asumir las consecuencias.

No vamos a permitir que triunfen las mafias de la política. Hay que acabar con el maridaje de contratistas y políticos, y con los privilegios de contratistas del Estado que no solo hacen política partidista, sino que también son candidatos en las elecciones.

 

Advertencia de la Procuraduría

 

ENS: ¿Tras el caso de la niña violada en Bogotá qué advertencia hace la Procuraduría sobre esta tragedia en las que se combina barbarie y deficiencia por parte del Estado?

FC: La sociedad colombiana tiene que reflexionar sobre la tragedia que azota a nuestra infancia y decidirse a cambiar la cultura de maltrato y violencia contra nuestros niños y niñas.

Lo que sucedió en Bogotá es uno de miles de casos de brutalidad que deben ser castigados ejemplarmente.

Pero no basta con lamentarse, hay que actuar. El Estado no puede obrar reactivamente. La ciudadanía necesita más acción estatal, más justicia, más protección y amor por nuestros niños y niñas. Una sociedad que permite el maltrato a sus menores, es una sociedad que no tiene futuro.