Malos manejos de los recursos de regalías destinados al departamento de Boyacá, evidenció la Contraloría General, encontrando en el segundo semestre de 2017 un total de 4 casos con presunta incidencia fiscal por más de $20 mil millones.

De acuerdo con la Contraloría, para adelantar el proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la vía Moniquirá-Togüí, la Gobernación de Boyacá celebró un contrato con el Consorcio BCH, que debía entregar la obra en un plazo de 9 meses.

En visita realizada por el organismo de control se evidenció una obra de mala calidad, en la que hay tramos que presentan fallas en la capa asfáltica tales como grietas de borde, fisuras longitudinales y transversales, hundimientos y perdidas de la estructura del pavimento, que obedecen a la falta de obras de contención que no se consideraron inicialmente.

Teniendo en cuenta que la obra contratada tiene un avance físico de ejecución de aproximadamente el 95% y que hay tramos que tienen pendiente la inversión de la base granular y la carpeta asfáltica, el proyecto no cuenta con los recursos para completar la estructura del pavimento y lo instalado se está deteriorando por las condiciones climáticas, el tránsito y la demora en la aplicación de la capa de pavimento.

Sumado a lo anterior, el contrato ha tenido 11 suspensiones equivalentes a más de 14 meses de retraso.

De estas situaciones se han derivado nuevos y adicionales costos financieros y sociales que impactan el objetivo y los recursos asignados para la ejecución del proyecto y contrato, con un hallazgo con posible detrimento patrimonial de $8.932 millones, por el valor pagado al contratista y la interventoría.

Un segundo hallazgo se presentó en la “construcción del nuevo terminal regional de transporte de pasajeros del municipio de Tunja”, donde las irregularidades derivadas de la equivocada selección del lote para llevar a cabo esta obra, ha exigido nuevas actividades no previstas para su adecuada ejecución, evidenciando que su escogencia no respondió a la mejor opción.

El lote donde se desarrolla la obra presenta el mismo problema en otros que resultaron descartados, como es la presencia de cárcavas (pequeños barrancos estrechos y profundos formado por la acción erosiva de las aguas de lluvia).

A esto se suma que el uso del lote escogido fue el de ser receptor de material de relleno proveniente de la construcción vial de la doble calzada, situación que se ha reflejado en costos no previstos en la construcción del Nuevo Terminal de Tunja.

En este caso, el hallazgo con presunta incidencia fiscal se calculó en $5.643 millones. Cabe anotar que este proyecto también ha sido catalogado como crítico y el DNP le suspendió los giros de regalías.

El tercer hallazgo con presunta incidencia fiscal, se derivó de irregularidades observadas por la CGR en el proyecto para el mejoramiento de la vía Nobsa- Chámeza - Nazaret – Sogamoso, en su primera etapa.

El departamento de Boyacá suscribió un contrato con el Consorcio Vial Sogamoso 2015 para ejecutar esta obra, que en la actualidad se encuentra en abandono.

Se evidenció además deterioro de las obras, que no han sido recibidas por parte de la interventoría.

Las demoras y atrasos generados por los ajustes a los diseños que ha sufrido este proyecto, repercuten en la comunidad que ha tenido que convivir con una obra que no ha sido recibida por la interventoría, que cuenta con retrasos de más de 15 meses, y que tiene un escaso avance físico, pese a lo cual se ha pagado el 56.7%.

Por las irregularidades detectadas por la Contraloría, se presentó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por el uso ineficiente de los recursos públicos invertidos en el proyecto ($3.875 millones).

El último hallazgo que detectó el equipo auditor de la Contraloría se dio por problemas en la construcción de la Sede Kennedy de la Institución Educativa Técnica Nacional de Nobsa, para la cual el departamento de Boyacá suscribió un contrato con el Consorcio Métrica Schools quien no ha cumplido con el objeto del mismo. Es incierta la culminación del proyecto.

Es así como se mantienen los problemas de hacinamiento escolar de esta institución educativa, que tiene 1.610 estudiantes de los cuales 1.448 están ubicados en la sede central. La infraestructura no es suficiente para el número de alumnos, pues la sede en construcción está destinada para 600 alumnos.

Por otro lado, el plazo inicial de 8 meses se amplió hasta los 18.5 meses que se cumplieron en diciembre de 2017. Lo anterior dio lugar a un hallazgo con posible incidencia fiscal por $1.654 millones.