La crisis provocada en las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y quien a la vez es el presidente de la Junta Directiva de la compañía, ha subido de tono en los últimos días.
Sin embargo, la renuncia de los 8 miembros de la Junta, no fue la punta del iceberg para que intervinieran las firmas calificadoras, sino la decisión del Alcalde de ampliar el objeto social vigente de la compañía, más allá de la prestación de servicios públicos.
Para este cambio de objeto social, Quintero tendría facultades ‘pro tempore’ bajo las cuales podría tomar decisiones sobre materias que son de competencia de las respectivas corporaciones públicas, por seis meses.
De este modo, EPM podría incursionar en actividades como servicios turísticos, nuevas tecnologías, infraestructura lineal, biocombustibles, movilidad sostenible, distritos de riego y drenaje, corresponsalías de seguros, construcción de vías, puentes y túneles, servicios postales o gestión de activos inmobiliarios, entre otras, algo que no se ajusta al foco histórico de la compañía, pero que, también abriría un espectro de nuevos negocios a la empresa.
Observación negativa
Precisamente, entre las razones para que la calificadora Fitch Ratings bajara las notas internacionales en moneda local y extranjera de EPM hasta ‘BBB-’ desde ‘BBB’ y mantiene la Observación Negativa, se debe principalmente a la debilidad corporativa de la compañía, no solo como efecto de las renuncias de ocho de los nueve miembros de la junta directiva, sino principalmente al anuncio del pasado 20 de julio de 2020 de que el objetivo social de EPM puede ampliarse más allá de la prestación de servicios públicos para incluir servicios turísticos, nuevas tecnologías, infraestructura, puentes, túneles, entre otros.
En su decisión, Fitch señala que “las calificaciones de EPM reflejan el riesgo de negocio bajo de la compañía resultante de su diversificación y características como proveedor de servicios públicos. EPM es uno de los mayores generadores de electricidad en Colombia y cuenta con un portafolio diversificado de negocios de servicios públicos que incluye generación eléctrica, transmisión y distribución, servicios de acueducto y alcantarillado, distribución de gas natural y servicios de aseo”.
A su turno, la calificadora Moody’s, aunque mantuvo la nota a EPM, señala que “el posible cambio del objeto social y la dimisión del directorio expone una frágil estructura de gobierno corporativo, bajo el 99,9% de control del Municipio de Medellín y la mayor exposición de la empresa a riesgos políticos. La estructura débil de la Junta ha sido la misma durante varios años, pero en la práctica, y de conformidad con un Acuerdo General de Gobierno Corporativo vigente desde 2007, históricamente la municipalidad ha ejercido su poder de propiedad únicamente a través de la Junta Directiva”.
Potestades
Para Piedad Restrepo, directora de “Medellín Cómo Vamos”, no está bien que se solicite darle potestades ‘pro tempore’ al Alcalde para cambiar el objeto social de EPM.
“Por principio de gobierno corporativo, esta es una discusión que se debe dar en el Concejo porque así lo definen los estatutos de la empresa. Tampoco es adecuado plantear que la Junta Directiva pueda cambiar el objeto social discrecionalmente, cuando así lo vea necesario, pues esta no es una empresa por acciones, sino una empresa industrial y comercial, ciento por ciento pública, cuyos dueños somos todos los medellinenses. De nuevo, esto va en contravía del gobierno corporativo, que establece que cualquier cambio en los estatutos de la empresa debe ser llevado a cabo mediante acuerdo expedido por el Concejo de Medellín”, aclaró.
Desde el sector empresarial, Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, constituido por 34 gremios económicos del departamento, indicó que este tema aún se evaluará, dado que después de conocer el acuerdo 20/20, “se comenzará la discusión de cómo será el análisis de este acuerdo introducido por el Alcalde de Medellín para ser presentada a la opinión pública, así como en las discusiones que se presenten en el Concejo de Medellín”.
Por su parte, Carlos Enrique Moreno, exgerente de EPM, expresó su escepticismo frente a la gestión que viene liderando el alcalde de Medellín Daniel Quintero y su gerente actual Álvaro Guillermo Rendón en esta organización antioqueña.
“Me tomé el trabajo de revisar la exposición de motivos y quedé sorprendido como argumentando razones que no tienen discusión, como entrar a la cuarta revolución industrial o impulsar energías limpias (…). Muy delicado y riesgoso pretender desviar el foco de la empresa que le ha garantizado éxitos durante más de 60 años”, manifestó Moreno.
Por lo que manifestó que durante la gestión histórica que ha tenido EPM siempre se ha preponderado el manejo “riguroso y técnico por parte de esta entidad”, con lo cual se han generado importantes rentas anuales que los alcaldes, de acuerdo con su plan de gobierno, invierten en las prioridades para lo que fueron elegidos. “Romper ese esquema cambiando el objeto social y abriendo el manejo como fuera propuesto, siempre me pareció un despropósito”.
La tradición
De otra parte y en un análisis sobre la situación de EPM, la analista María Isabel Vanegas Arias, del Centro de Estudio en Servicios Públicos (Cedesep), señaló que “el éxito de esta empresa no ha sido casual; es el resultado de una gestión como ordenó el Acuerdo 58 de 1955” que la creó como “una entidad apolítica, dirigida con riguroso criterio de eficacia administrativa y adecuados sistemas técnicos de organización de empresas”, observando rigor técnico, jurídico y financiero, con gestión orientada por planeación de largo plazo, “con el fin de obtener su objeto primordial de garantizar el funcionamiento regular, permanente y económico de los servicios públicos necesarios y el de fomentar a la vez, el progreso de Medellín con el estímulo para la organización de nuevas industrias y el crecimiento de las ya establecidas”.
Indica en análisis que “EPM ha actuado a la par de la evolución de Medellín, y de otros municipios a los que ha prestado servicios públicos conforme está autorizada”. Sostiene que “el espíritu y lo esencial de las normas de creación de EPM no se pueden perder de vista a la hora de impulsar un cambio en el objeto de EPM. Esta puede seguir siendo modelo en la gestión de servicios públicos. Lograrlo es un compromiso de todos, siempre con la mira en que se mantengan el rigor técnico, jurídico y financiero, así como la planeación a largo plazo para que ello sea realidad”.