La Ley de Víctimas fue una de las iniciativas iniciales que presentó el presidente Santos al Congreso en su primer gobierno con el fin de que, por primera vez, el Estado se hiciera responsable de la reparación a las personas afectadas en el conflicto armado, bajo el entendido de que no les prestó la suficiente protección establecida en la Constitución ante la arremetida de los grupos armados ilegales.

La meta no es poca cosa porque el universo de víctimas registradas supera los 8 millones, en tanto que las tierras usurpadas pasarían de los 6 millones de hectáreas.

La Ley 1448 fue sancionada en el año 2011 y su vigencia termina en tres años, por lo que hay preocupación en algunos sectores debido a que los avances no han sido los esperados. Por ello, incluso se ha propuesto que sus efectos se extiendan por uno años más.

Sin embargo, la senadora liberal Sofía Gaviria fue más allá al señalar que “la Ley de Víctimas, en manos de este gobierno, no ha sido más que una herramienta politiquera y oportunista que les ha hecho un doble daño a las víctimas.

Añadió que “la ejecución de la Ley 1448 de 2011 (que inicia su vigencia el 1 de enero de 2012), ha sido una completa frustración para los 8.666.577 víctimas registradas. A pesar de que en estos seis años de vigencia de la Ley se han gastado más de 61 billones de pesos, sólo se ha reparado materialmente a 761.689, poco más del 8% de las víctimas (y casi la mitad de estas reparaciones se realizó antes de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas).  Mucho más grave, no ha habido una sola víctima reparada integralmente, como exigen los términos de la Ley”.

Agregó la legisladora antioqueña que “de que la multimillonaria política de víctimas de este gobierno no ha sido más que un modo de satisfacer el afán de corrupción y politiquería de sus allegados”.

Para sustentar esta afirmación la congresista aseguró que la Unidad de Víctimas, en seis años, sólo ha invertido 104.000 millones de pesos en proyectos productivos para éstas, “de los cuales no se ha medido el impacto y no se ha garantizado la sostenibilidad, como obliga la Ley, para la superación de la vulnerabilidad de las víctimas”.

Añadió Gaviria que en 2011 se reparaban 1.900 víctimas diariamente. En 2016, se reparan sólo 330. “Pero, para cumplir las metas de la Ley, deben repararse 3.400 víctimas diariamente”.

Remarcó “que el 93% de las víctimas no hayan sido reparadas materialmente y que ninguna de ellas haya recibido reparación integral, a pesar de que el gobierno de Santos haya creado más de 100 programas en 26 instituciones, que, supuestamente permitirían esa reparación, se traduce en que todo el tema de víctimas se ha utilizado para justificar burocracia y corrupción, como en el caso de los ‘fondos para la paz’”.

Sin embargo, el pasado jueves el Gobierno destacó su política de víctimas en el Examen Periódico Universal realizado a Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).

Durante su intervención, Yolanda Pinto, Directora de la Unidad para las Víctimas, señaló que “la política de víctimas de Colombia, anterior a la firma del Acuerdo con las Farc, y que salió fortalecida de éste, permitió a más de 8,6 millones de colombianos, incluidos los que se encuentran en el exterior, reconocerse como víctimas del conflicto armado. Ellas han encontrado en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una oportunidad para el restablecimiento de sus derechos”.

La directora Pinto agregó que “reconocemos que uno de los retos es avanzar en la reparación colectiva de más de 600 comunidades étnicas, campesinas y organizaciones”.

Hace poco Yolanda Pinto dijo a propósito de la conmemoración del Día de las Víctimas que en los ocho años del gobierno Santos se han invertido más de 9 billones de pesos en la reparación de esta población y han sido atendidas más de 4 millones de personas.

No obstante reconoció que “debemos prorrogar la Ley de Víctimas, debemos garantizar los recursos para continuar con la reparación de todas las Victimas”.