Esta semana fueron asesinados dos activistas en Nariño y Huila. El Gobierno señaló que se reduce la ocurrencia del fenómeno, sin embargo desde la sociedad civil piden atacar las causas

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La violencia contra los líderes sociales se recrudeció en los últimos días con dos nuevos crímenes en Pitalito (Huila) y Tumaco (Nariño).

El presidente Duque lamentó lo sucedido y pidió encontrar a los responsables, no obstante el Gobierno ayer dijo que hay una reducción del fenómeno en el último año, que achaca principalmente su autoría a organizaciones del narcotráfico.

Sin embargo desde la sociedad civil hay quienes consideran que el Gobierno tiene un enfoque equivocado para enfrentar el problema, pues le apuntaría mayormente a la protección de buena parte de los líderes sociales que denuncian amenazas, pero no le daría la misma importancia a detectar y combatir las causas.

Esta semana fue asesinada en Tumaco, Nariño, la gestora cultural, Lucy Villarreal, y en Pitalito, Huila, Reinaldo Carrillo, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Villarreal era reconocida en todo Nariño por ser gestora cultural y por la defensa de los derechos humanos, labor que desarrollaba especialmente en Tumaco, municipio de alta conflictividad por los cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados al margen de la ley.

En tanto que Carrillo hacía parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y era coordinador del comité de paz en Pitalito. Al igual que Lucy Villarreal, no había reportado amenazas en su contra.

El pasado miércoles el Jefe de Estado rechazó a través de su cuenta en la red social Twitter “los asesinatos de Lucy Villarreal, en Tumaco, y de Reinaldo Carrillo, en Pitalito, Huila; nos duelen profundamente. Ordené a las autoridades avanzar en las investigaciones con la Fiscalía para capturar a los criminales”.

Ayer el alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, quien integra la terna que presentó el presidente Duque a la Corte Suprema para la elección de Fiscal General, dijo que “en este gobierno se ha registrado una reducción en los crímenes de líderes sociales”.

"Desde el 6 de agosto de 2018 se han presentado 121 casos; de esos 84 fueron este año que, comparados con los 112 casos de 2018, implica una reducción del 25%", señaló Barbosa.

Añadió que estos asesinatos se han presentado en 58 de los 1.103 municipios de Colombia y que se ha incrementado el número de protegidos de la Unidad Nacional de Protección, de 7.150 a 8.657, con un costo cercano al billón de pesos.

De igual forma el Consejero reiteró lo dicho por el Gobierno, que no hay sistematicidad en los crímenes de líderes sociales.

"Aquí no hay una política de exterminio ni una política sistemática. Hay razones diversas atadas a fenómenos de delincuencia. Lo que existe es una acción de la delincuencia, de los criminales, del narcotráfico".

Sin embargo el pasado miércoles el procurador Fernando Carrillo empleó la palabra sistematicidad al pronunciarse acerca de estos hechos. “Hay que detener el sistemático asesinato de los líderes sociales. Como Ministerio Público le pedimos al Gobierno convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de manera inmediata y que se asegure su funcionamiento, pues la amenaza es latente y hay que contenerla”, señaló.

Mientras que ayer el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo sobre “el caso de Lucy Villarreal, que era una líder, una madre, una artista, no teníamos ninguna amenaza sobre ella”. Agregó que “en esa zona del país (Tumaco) existen unos grupos armados al margen de la ley combinando el narcotráfico y la extorsión, como las Guerrillas Unidas de Colombia, unos que se hacen llamar ‘El Contador’ y la Oliver Sinisterra, un reducto de las Farc. De manera que esperamos que rápidamente la Policía y la Fiscalía nos diga cuál fue el móvil y quiénes son los autores de este asesinato”.

Sobre el episodio de Carrillo el Defensor del Pueblo dijo que “no tenía ninguna amenaza, lo que pasa es que en esa zona existe un predio baldío que está siendo solicitado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, entonces puede ser como consecuencia este asesinato. Y otra razón que puede ser también es que el narcotráfico del departamento del Cauca está saliendo ahora por el oriente del Cauca y caer al sur del departamento del Huila, y los campesinos e indígenas de Colombia no están de acuerdo con el cultivo de hoja de coca y menos con su comercialización”.

Por su parte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, reaccionó señalando “violencia no cesa en Tumaco, aunque el Gobierno crea que todo terminó con la muerte de ‘Guacho’. Qué desolador el asesinato de la líder Lucy Villareal. Debe haber justicia y sobre todo medidas serias para que esto deje de ocurrir”.

Más reacciones

El ex vicefiscal Francisco José Sintura dijo a EL NUEVO SIGLO que la violencia desatada contra líderes sociales “puede obedecer a la guerra social que existe, que lamentablemente ha conducido a que estos días haya recrudecido el asesinato de líderes sociales, pero no ha sido posible que ninguna de las agencias gubernamentales logren detectar las causa de esa situación”.

Sintura considera “lo que realmente hay que atacar son los grupos de justicia privada, los llamados grupos de delincuencia organizada que son los reductos que quedaron de las desmovilizaciones y de los paramilitares, además de los grupos de crimen organizado”.

Mientras que Luis Emil Sanabria Durán, director ejecutivo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), consideró en diálogo con este Diario que no han frenado los crímenes de líderes sociales “porque los programas que se han montado y los esquemas que se han propuesto desde el Gobierno no han sido concertados ni construidos, ni dinamizados con las organizaciones sociales y comunitarias. Por el contrario se sigue es estigmatizando, señalando a los líderes, deslegitimando su trabajo”.

El directivo dijo también que si estos crímenes los “cometen sicarios con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, generalmente en moto contra líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio, de la cultura, de las organizaciones. Si adicional a eso, no hay unas detenciones reales ni se conoce los autores políticos, intelectuales y materiales con precisión, y por el contrario no se respalda a las organizaciones sociales, eso es sistematicidad, eso es sistémico, constante, eso es un modus operandi”.

Tarea: “Escuchar a la comunidad”

La defensora de derechos humanos Jhenifer Mojica Flórez consideró en diálogo con EL NUEVO SIGLO que la respuesta del Gobierno a la violencia contra líderes sociales “se enfoca en las consecuencias y no en las causas de los asesinatos. Lo que sabemos del estudio de cuáles son las víctimas, cuáles son los patrones de violencia y de estigmatización” es que hay un grupo poblacional que es blanco de los ataques por las acciones que adelanta en favor de diversas causas sociales.

Añadió que la mayoría de las personas asesinadas eran “líderes que defienden procesos de tierras, que son líderes de juntas de acción comunal, que son líderes de comunidades indígenas” o que como defensores del medio ambientes luchan contra actividades mineras.

Agregó que “más del 80% de las personas que han sido asesinadas ya habían denunciado que habían sido amenazadas y el Estado no había logrado emitir medidas de protección”. Consideró Mojica que “nos enfocamos en los chalecos, pero no se atacan las causas”.

Consideró Mojica que para prevenir estos asesinatos se debe verdaderamente judicializar a los responsables, no solo los materiales sino también a los intelectuales, y en segundo lugar que “se escuche a las comunidades en sus propuestas de protección y prevención”.