Aprueban en penúltimo debate reforma al Sistema de Participaciones | El Nuevo Siglo
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes / Foto archivo ENS
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
Redacción Web

Con 26 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su penúltimo debate el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca aumentar significativamente el porcentaje de transferencias a las regiones, pasando del 24% actual al 39,5%. Este avance se da tras dos días de intensas discusiones en las que se modificaron varios puntos clave de la iniciativa.

El proyecto, que ahora ha superado siete de los ocho debates requeridos, originalmente proponía que las transferencias a los departamentos, distritos y municipios representaran al menos el 46,5% de los ingresos de la Nación.

Sin embargo, tras intensas negociaciones con la Casa de Nariño y los diferentes actores políticos, se acordó una cifra final del 39,5% en el Senado, mientras que en la Comisión Primera se fijó en 36,5%.

El propósito central de la reforma es mejorar la descentralización de los recursos y permitir que las regiones cuenten con más autonomía para gestionar los servicios básicos, como educación, salud y agua potable.

Reacciones del Gobierno y el Congreso

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que el SGP tiene como objetivo general garantizar recursos para servicios esenciales y detalló que, en paralelo, se llevará a cabo una reforma a la ley de competencias, lo que implicará un traslado de responsabilidades de gestión de algunas entidades del Estado hacia los territorios.

Según Cristo, esto permitirá una mejor administración de los recursos y una mayor eficiencia en el funcionamiento de las regiones. El ministro subrayó la importancia de lograr un consenso y mantener el proyecto dentro de un marco fiscal sostenible.

Por otro lado, durante el debate, la representante Jennifer Pedraza expresó su preocupación sobre el impacto de la reforma en las brechas sociales del país, especialmente en la educación y la infraestructura.

Según la mujer, la descentralización propuesta por el gobierno no resolverá las desigualdades existentes ni la desfinanciación histórica de las regiones. "Las brechas en educación, agua potable e infraestructura en municipios no se solucionan con esta reforma al SGP", señaló, añadiendo que el Gobierno promete descentralizar recursos, pero sin un plan claro para abordar los problemas estructurales de las regiones.

Sobre el proyecto

El proyecto ha sido impulsado por el ministro Cristo desde antes de su entrada al Gobierno y ha logrado el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien considera que la reforma es fundamental para fortalecer las instituciones regionales y promover un desarrollo más equilibrado en el país.

En este sentido, el proyecto busca cerrar las brechas históricas de desigualdad entre Bogotá y las regiones, permitiendo una mayor autonomía y capacidad de autogestión a nivel territorial.

¿Qué es el Sistema General de Participaciones (SGP)?

El SGP es el sistema que permite la transferencia de recursos del gobierno nacional a los entes territoriales para garantizar el acceso a servicios básicos en áreas como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Establecido en los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, el SGP está financiado a partir de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) y distribuye estos recursos según criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada territorio.

¿Por qué hay que reformar el SGP?

La reforma al SGP busca cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución de 1991, devolviendo más autonomía a municipios, distritos y departamentos para que puedan decidir sobre las inversiones y los proyectos que más favorezcan su desarrollo.

En la actualidad, el gobierno transfiere a las regiones poco más del 20% de los ingresos corrientes nacionales, lo que ha resultado insuficiente para cubrir las crecientes necesidades de los territorios. La reforma propone un aumento de esta cifra hasta el 39,5%, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios esenciales y disminuir las desigualdades entre las regiones y la capital.