El pasado 19 de junio, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, se reunió con los magistrados de la Corte Constitucional en el Palacio de Justicia. Durante esta sesión, que se extendió por aproximadamente 40 minutos, los magistrados expresaron sus preocupaciones sobre posibles actos de espionaje e interceptaciones ilegales a sus comunicaciones y solicitaron una investigación exhaustiva.
Fuentes informaron que durante la sesión, los funcionarios expusieron sospechas de que sus teléfonos móviles y otros medios de comunicación podrían estar siendo interceptados ilegalmente. Además, indicaron que han sido objeto de seguimientos y espionaje, lo cual afecta la integridad de las deliberaciones y decisiones del alto tribunal.
Ante estas denuncias, se solicitó formalmente a la Fiscalía que investigue la veracidad de estas afirmaciones y determine si desde hace meses se ha desplegado una operación de inteligencia contra miembros de la Corte.
Esta situación ha generado una ola de inquietud, no solo en el ámbito judicial sino también en el político. El magistrado Jorge Ibáñez ya había manifestado la necesidad de mayor protección para los magistrados y sus familias en una reunión de la Comisión Intersectorial de la Rama Judicial, celebrada unos días antes. No obstante, la gravedad del asunto llevó a los magistrados a plantear sus inquietudes directamente a la Fiscal General en la sesión del miércoles.
Simultáneamente, en el Senado de la República, se llevó a cabo un debate de control político liderado por el senador David Luna, del partido Cambio Radical. En este debate, Luna interrogó al Director Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, sobre las actividades de interceptación y seguimiento a figuras públicas. También fueron cuestionados Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), y funcionarios de la Dian y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Carlos Ramón González, junto con Augusto Rodríguez de la UNP, negó rotundamente las acusaciones. González afirmó que la DNI no tiene autorización legal ni los medios técnicos para realizar interceptaciones ilegales, subrayando que tales acciones no son políticas del gobierno actual: "Este gobierno nunca haría eso", declaró. Además, desmintió la existencia de un supuesto grupo llamado 'ORIÓN', y rechazó su implicación en escándalos de corrupción recientes.
El pasado 14 de junio, se informó sobre un mensaje de alerta enviado por un magistrado a través de WhatsApp, en el que denunciaba la intervención ilegal de sus comunicaciones por parte de organismos de inteligencia del Estado. Esta denuncia, junto con las inquietudes presentadas por la Corte Constitucional, ahora se encuentra en manos de la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de investigar y esclarecer los hechos.