CON LA INSTALACIÓN de la segunda legislatura del Congreso se amplió el debate por la reforma a la salud, después de que los partidos Cambio Radical y Liberal presentaron dos iniciativas, aunque distintas a la del Gobierno, pues son de carácter estatutario.

Como se conoce, el proyecto de salud es una de las tres grandes reformas sociales ‒como las llama el Gobierno‒, junto con la pensional y laboral que también presentó a principios de este año.

La reforma de salud es una de las grandes discusiones que se darán en la segunda legislatura, pues el proyecto del Gobierno está para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, tras pasar raspando en la Comisión Séptima de esta Corporación, en medio de una gran polémica porque los partidos de oposición e independientes señalan, así como los principales gremios, que la iniciativa no responde a las necesidades de hacer ajustes para mejorar el servicio a la población y que, por el contrario, podría desmejorar.

En el caso de Cambio Radical presentó por tercera vez esta iniciativa, luego de que en la pasada legislatura se hundiera por falta de trámite, pues se le dio prelación al proyecto de la Casa de Nariño.

“Este proyecto de reforma estatutaria surge de la necesidad y la urgencia por ofrecer a los colombianos un mejor servicio de salud, que reconozca y preserve los logros alcanzados por el actual sistema creado con la Ley 100 de 1993, tales como: cobertura universal, aseguramiento, protección financiera de los hogares, mayor acceso a los servicios y sin integración vertical por parte de las EPS”, expresó Cambio Radical.

El senador, David Luna, vocero de este Partido, dijo que “el sistema de salud es una gran preocupación para nosotros, pues este es uno de los mayores logros de política social en el país, y no es posible que estemos ad portas de retroceder 30 años y regresar al ineficiente modelo de los Seguros Sociales. Seguiremos insistiendo y trabajando para proteger el futuro de la salud en Colombia”.

Este proyecto plantea consolidar un modelo de atención primaria con enfoque territorial, familiar y comunitaria; enfocado en la prevención, promoción y mantenimiento de la salud.

Establece también que la Nación y las entidades territoriales serán las responsables del riesgo colectivo en coordinación con las EPS y los prestadores, y de articular y coordinar estas acciones con las intervenciones para el manejo del riesgo individual.

Además, expone la creación de redes integrales e integradas en territorios específicos, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio de salud en las comunidades, en especial a las minorías étnicas, a las personas desplazadas por el conflicto y población migrante. Así como crear el fondo de garantías del sector salud para proteger la prestación de servicios a los usuarios.

Modifica el modelo de elección de gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial, con el fin de promover la transparencia y la meritocracia.

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Proyecto Liberal

La iniciativa de los liberales de reforma de salud, así como la de Cambio Radical, es de carácter estatutario, bajo la tesis de que regula un derecho fundamental y, por lo tanto, no puede ser tramitada como ley ordinaria.

Germán Escobar, vocero del Partido Liberal en el proyecto de reforma y exviceministro de Salud, explicó a EL NUEVO SIGLO sobre la iniciativa que “recoge la filosofía del Partido de construir sobre lo construido y no tirar por la borda los logros que el sistema de salud ha conseguido en estos treinta años”.

Explicó, además, que se hacen necesarias reformas puntuales y estructurales que permitan corregir errores históricos que han desviado algunos propósitos y elementos originales del sistema. “Este proyecto, por tanto, realiza esas reformas ‘quirúrgicas’, técnicamente fundamentadas y con miras a una implementación clara y sin ambigüedades”, indicó.

Un aspecto clave en el proyecto de los liberales es que, a diferencia de la iniciativa del Gobierno, mantiene a las EPS el papel que tienen actualmente, aunque le otorga al Estado un rol protagónico en la gobernanza del sistema, coordinando a estas empresas para que hagan bien su labor.

“En otras palabras, se les coordina y vigila en tiempo real, visualizando lo que ocurre con los pacientes en sus redes de atención desde cada territorio y no esperando a que sea el propio usuario o paciente el que tenga que alertar al Estado cuando algo no funciona bien en su proceso de atención”, sostuvo Escobar.

Aunque en algunas zonas del país, rurales y con población dispersa, el proyecto prevé que el Estado pueda operar directamente el aseguramiento cumpliendo con los mismos estándares técnicos de las EPS.

Otro cambio fundamental es el que tiene que ver con la conformación de las redes integrales de atención. Establece que cada territorio debe formular un plan maestro que determine las necesidades reales de la población y sobre ese plan, las EPS deben diseñar su red.