Por estos días es noticia el desplazamiento de la población que llegó desde Venezuela al municipio de Arauquita, debido a combates en el vecino país entre las fuerzas militares y disidencias. 

Sin embargo también hay otros eventos de este tipo en el orden interno en este momento en Argelia, Cauca, y dos en Nariño.

El director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) se refiere en EL NUEVO SIGLO a la magnitud de este problema en el país.

EL NUEVO SIGLO: Por estos días se producen varios desplazamientos en diferentes regiones del país, ¿para el Codhes qué explicaría esta confluencia?

MARCO ALBERTO ROMERO SILVA: Estamos muy preocupados porque, como dicen los expertos en la pandemia, se está inclinando la curva de la crisis humanitaria de nuevo, y habíamos visto un descenso después de la firma del Acuerdo de Paz, y ahora empieza a subir. Lo que va corrido del 2021, hemos encontrado 44 eventos de desplazamiento forzado, masivo y múltiple, y cuando se mira la geografía afectada resulta que está extendiendo el ámbito de la crisis humanitaria, no solo en la geografía sino en las modalidades de esa crisis. 

Estos 44 eventos están repartidos 15 casos en Antioquia; 7 en Chocó; 7 en Nariño, 5 en Valle; 4 en Norte de Santander; 4 en Cauca; uno en Córdoba y uno en Magdalena. 

Cuando el conflicto se cerró en cierto modo había una especie de consenso entre los expertos humanitarios de que la violencia se mantenía en el corredor Pacífico y en la zona del Catatumbo, pero ahora vemos que se extiende progresivamente a otros territorios. 

Lo segundo, queremos hacer una invitación a ver esto como una crisis humanitaria y no solo como eventos aislados, porque la opinión pública ha estado muy acostumbrada en este tiempo a ver lo que está pasando con los excombatientes y el asesinato de líderes y lideresas sociales, que también se cuentan por cientos. Pero en este tiempo, no solo ha arreciado el desplazamiento forzado sino también las masacres. De nuevo vimos dinámicas de confinamiento, dinámicas de amenazas en muchos territorios. 

Esta es una característica muy grave que el Observatorio de la JEP lo planteó de una manera muy contundente, este es el comienzo del año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, que fue en diciembre de 2016. 

Entre 2017 y 2021 estamos hablando de 467 eventos de desplazamiento forzado, masivo y múltiple que comprometen a más de 142 mil personas.

ENS: ¿Qué ha sucedido con el desplazamiento individual?

MARS: Si miramos el desplazamiento individual, que casi siempre se contabiliza después porque ocurre no muy visible pero luego aparece, en la Unidad de Víctimas, en su registro de víctimas, está documentado para 2018 y 2019 incompleto (falta la mitad de 2019 y 2020) 311 mil personas desplazadas.

 Quiere decir que vamos en medio millón de personas desplazadas después del Acuerdo de Paz si se mira como desplazamiento individual y 467 eventos desplazamiento forzado, masivo y múltiple, que equivalen a 142 mil personas desplazadas.

ENS: ¿No están funcionando las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo?

MARS: Hay que decir que el Defensor del Pueblo y el Procurador anterior tuvieron un papel muy activo y mejoraron los sistemas de alerta temprana, incluso se reformó la normativa para que esas alertas entraran directamente a ser consideradas como material de política pública. Porque antes tenían que pasar a un comité que establecía si la alerta era más o menos grave o no era grave, y solo se atendían algunos casos más graves. 

Ahora la alerta temprana debe entrar directamente a las consideraciones de la política de seguridad. Quedamos con una herencia muy fuerte del procurador Carrillo y el defensor Negret, y vamos a ver si el Defensor actual y la Procuradora siguen. 

Tenemos una gran preocupación porque unos y otros llegaron, sobre todo la Procuradora, diciendo que ella iba a defender las instituciones. Obviamente todos defendemos las instituciones, pero el tema es que la Procuraduría no está para defender las instituciones sino para defender a los ciudadanos frente a las instituciones. 

Segundo aspecto, cuando ya miramos las causas había dos situaciones: uno qué hay detrás del desplazamiento y dos por qué la política del Gobierno es tan ineficaz, tanto la administración de Justicia como la política de prevención y de protección. 

Y sobre esto los datos son demasiado elocuentes, el Gobierno no ha sido capaz de frenar el asesinato de líderes sociales ni los desplazamientos, ni los confinamientos ni las masacres. Más bien cuando empezó el Gobierno había asesinatos y ahora hay masacres, lo cual muestra no que el Gobierno es responsable, sino que la política de protección no está funcionando.