El proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno al Congreso, sigue causando controversia en el país. El último encontró fue el protagonizado por la procuradora general, Margarita Cabello, y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

En una reunión con agremiaciones como la Andi, Acopi, Camacol y Asobancaria, la jefa del ministerio público aprovechó para exponer algunos de sus reparos sobre el proyecto, siendo uno de los más cruciales la falta de un estudio de impacto fiscal en la iniciativa que, para la Procuradora, no cuenta con un aval del Ministerio de Hacienda.

Además, al término del encuentro lanzó un fuerte pronunciamiento al decir que “pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie a la totalidad de los trabajadores informales y los empleados”.

Se conoció que las preocupaciones de los sectores empresariales fueron tres principalmente. La primera es que, en efecto, este proyecto no cuenta con un aval fiscal, algo relevante porque, según la Procuradora, si se va sin el visto bueno del Ministerio la idea podría contraer la industria, originar pérdida de empleos, e incluso una reducción en el impacto del IVA. Otro punto que manifestaron los empresarios es que la Procuraduría, haciendo uso de sus facultades, le diga al Gobierno que no tramite la reforma laboral con mensaje de urgencia, pues si bien hubo un diálogo en el estudio del proyecto, los gremios indicaron que este fue sin concertaciones.

La informalidad

Asimismo, se puso sobre la mesa que esta reforma no incentiva el emprendimiento, y que no toca al sector más importante desde el punto de vista laboral: la informalidad. Esto traería, además, que, de aprobarse así, no se van a generar empleos, retrocediendo en avances a los que había llegado el país.

Cabello afirmó que “preocupa que la reforma laboral no tenga aval fiscal, es muy importante estudiar por parte del ministerio de Hacienda el impacto fiscal porque de acuerdo con lo conversado el proyecto podría contraer la industria, podría originar pérdida de empleo, podría generar impacto en el IVA y con unos efectos contrarios de recesión económica”

Por su parte, la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, resaltó que la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo, entre otros.  

“Me parece que cuando dicen que la reforma laboral es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la normatividad, tanto nacional como internacional, esto es un sistema de pesos y contra pesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, a las sentencias que tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está en la Constitución Política”, puntualizó, la ministra del Trabajo.  

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Problema estructural

Señaló que “están diciendo que la reforma laboral, no genera empleos y no ataca la informalidad, yo quiero decirles a los colombianos, que la informalidad ha sido sostenida desde el año 90 en este país, este es un problema de tipo estructural y para ello tiene que ver claramente las políticas económicas, no solamente la relación laboral, por eso es una falacia que nos digan que con relaciones laborales ampliamos o quitamos la informalidad”, puntualizó.  

Mencionó que dentro del proyecto, existen capítulos destinados a reducir de manera directa la informalidad, por ejemplo, poblaciones tradicionalmente informales como trabajadoras domésticas, que suman cerca de 700 mil, formalización para las trabajadoras migrantes sin consideración a su nacionalidad, deportistas, trabajadores de plataformas digitales de reparto que con la reforma se podrían formalizar a más de 100 mil y la creación del jornal agropecuario que impactaría a la informalidad en este sector que está en 86%. Con esta medida se busca formalizar cerca de 1 millón 500 mil trabajadores rurales (cuenta propia y jornaleros). 

“En la reforma laboral damos elementos para que todos los trabajadores que hoy están en la informalidad como en el campo, hablamos de un contrato agropecuario que les va a posibilitar acceder a la seguridad social, de igual manera para los trabajadores que hacen temporadas, que son estacionales en los centros urbanos, temporadas de cosechas y del sector turismo, tienen la posibilidad de un contrato parcial, pero con derechos”, dijo la alta funcionaria.  

Recordó que en por lo menos tres sentencias de la Corte Constitucional han calificado como “regresiva” la Ley 789 del 2002 que recortó derechos adquiridos a los trabajadores. Así mismo, el  procurador para el 2011, Edgardo Maya, hizo la siguiente afirmación ante el Congreso de la República frente a la Ley 789: “Una muestra de la ineficacia generada por la vigencia de esta ley se precisa del siguiente esquema: en el cuatrienio 2003-2006 a decir del gobierno, se generarían 710.000 empleos como resultado de la reforma laboral; según la Contraloría General de la República y el Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social, en dicho período se generaron tan solo entre 160.000 y 200.000 respectivamente, es decir una quinta parte de la meta propuesta (22%).