Como se esperaba, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno en su primer debate y ahora continuará su trámite en las plenarias de Senado y Cámara.
En este primer lance parlamentario, los congresistas eliminaron 5 facultades extraordinarias de 11 que establecía el articulado al presidente Gustavo Petro.
El Legislativo negó la posibilidad de concederle facultades extraordinarias al presidente para reglamentar las condiciones de reclusión de la población indígena presa.
Tampoco fue avalada la creación de un fondo de recursos para la igualdad y la equidad, que es el insumo financiero principal para la política que manejará la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en el Ministerio de la Igualdad.
Los congresistas tampoco permitieron las facultades al presidente para la creación de una holding pública del sector eléctrico, con la cual, se pretende agrupar a 10 empresas de esta rama, principalmente electrificadoras, que prestan servicio en 15 departamentos del país. Los parlamentarios aprovecharon el espacio para mostrar su defensa de la autonomía de los territorios.
De igual manera, los congresistas hundieron un artículo que pretendía crear una agencia de la seguridad digital, la cual fue sustentada como un mecanismo de protección de datos e información de los colombianos; pero los voceros de la oposición lo vieron como inconveniente, pues dejaba la puerta abierta para “intervenir cuentas de usuarios y whats app”, según sustentó Miguel Uribe, del Centro Democrático.
Trámite
Durante el trámite del Plan de Desarrollo, para ser aprobado en primer debate, hubo pronunciamientos por parte de la Procuraduría General, entidad que alertó sobre varios puntos, pero, en particular, acerca de “la autorización para que celebren contratos directamente con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de lo que se denomina la economía popular y comunitaria, a través de unas asociaciones públicas; sin reglas específicas y normativas”.
“El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es una apuesta por una economía estable que integre las expectativas de los territorios y los conduzca en los próximos años al cierre de brechas y aumento de productividad con justicia social”, señaló José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, al término de la discusión que se prolongó por tres días en las comisiones primeras del Congreso.
El documento contempla el plan de inversión del gobierno para los próximos cuatro años. De su aprobación dependerá la capacidad ejecutiva del presidente Petro y su gabinete. El monto que tendrá para operar será de 1.154 billones
De acuerdo con el articulado, los temas que se llevarán especial atención para la inversión estatal serán la seguridad y la justicia social humana, la convergencia regional, la transformación productiva y acción climática, la estabilidad macroeconómica, la justicia ambiental y el derecho a la alimentación.
Aprobados
El gobierno, por su parte, destacó que en el primer debate se le dio el visto bueno al Programa de la Renta Básica y al Programa de Hambre Cero, iniciativa que pretende reducir las brechas de extrema pobreza en el país.
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“También se dio un espaldarazo a la creación del Consejo Nacional de Economía Popular, que busca brindar las accione interinstitucionales que permitan fortalecer y apoyar a este segmento productivo del país. Lo anterior va en línea con la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo en fortalecer la política de trabajo digno y decente y la implementación de la Economía Popular”, explicó Jorge Iván González, director de Planeación Nacional.
El artículo 306, por su parte, pasó con las mayorías necesarias. Este permite que el presidente dé desarrollo al servicio nacional forestal y cree una entidad para prestar el servicio de extensión forestal.
Por su parte, el 309 fue negado por no tener las mayorías necesarias para su aprobación. Este permitía que el presidente tuviese seis meses para reorganizar los fondos.
Asimismo, se votó el artículo 358 que establece las vigencias y derogatorias para la ley que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo. Fue votada a favor por la mayoría de los congresistas, tal como se encontraba en la ponencia.