GENERALIZAR EL uso es dar vía libre a la destrucción de la juventud, de la familia y del medio ambiente. Así lo señaló el expresidente Álvaro Uribe al referirse ayer al borrador de decreto del Gobierno, con el cual busca reglamentar el cultivo y uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca para fines médicos, científicos, de investigación e industriales.

La iniciativa hace parte de la política antidrogas del Gobierno, enfocada sostiene éste, en atacar aquellas etapas de la producción y tráfico donde se concentran las ganancias, en manos de las organizaciones delincuenciales, y generar soluciones a los campesinos para que dejen de sembrar coca por cultivos lícitos.

El uso médico y científico del cannabis ya está autorizado en la Ley 1787 del 2016.

El proyecto de decreto que ha generado polémica fue publicado por el Ministerio de Justicia, por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 13 de 1974 y 30 de 1986, en lo atinente a semillas, cultivo y uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales.

Para estos propósitos se faculta al Consejo Nacional de Estupefacientes para expedir licencias de cultivo de plantas de amapola y coca a las entidades públicas que en el marco de sus competencias requieran realizar dicha actividad.

Si bien el texto indica que las licencias se expedirán a entidades públicas, señala también que las investigaciones y proyectos que se presenten deberán contemplar el asocio con organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico, propendiendo que participen en todo el proyecto o la cadena de valor.

El borrador de decreto contempla que se creará un comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde la secretaría técnica será ejercida por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia.

Manifiestan preocupación

El expresidente Álvaro Uribe dijo ayer en su cuenta en la red X que “el proyecto de decreto del Gobierno autoriza el uso industrial de las drogas como una categoría diferente al uso científico o medicinal”.

Advierte que “hoy viven más de 100.000 personas del cultivo y de la distribución de estupefacientes. La promoción del crecimiento llevará a un número mucho mayor y a la enorme dificultad de encontrar alternativas de ingreso a esas personas cuando estas drogas pasen de moda o la ciudadanía exija un gobierno que las enfrente verdaderamente”.

Señala también Uribe que “autorizar usos de estupefacientes diferentes a los fines científico y medicinal rompe un consenso constitucional tácito que ha tenido Colombia, que no criminaliza al consumidor ni al campesino productor, pero mantiene la ilegalidad para que el Estado pueda proteger a la comunidad”.

En tanto que el expresidente Iván Duque enfatizó que “legalizar la producción de la marihuana y la cocaína, no solo es la manifestación expresa de convertir a Colombia en narco-Estado, sino la destrucción de la industria legal farmacéutica del cannabis medicinal”.

Mientras que el senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que “el presidente Petro está aprovechando las fechas decembrinas para de ‘agache’, legalizar el cultivo de cocaína y amapola mediante decreto”. Añadió que “el borrador de decreto publicado para comentarios por el mismo Ministerio de Justicia, el cual abiertamente es inconstitucional, ilegal y arbitrario”.

Esta polémica se suma a la decisión del Gobierno en días pasados de derogar el Decreto 1844 de 2018, el cual expidió la administración Duque para prohibir o poseer sustancias alucinógenas en espacios públicos, facultando a la policía su decomiso.

Si bien el Gobierno defiende la medida señalando que cumple la sentencia de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima, bancadas en el Congreso y distintos sectores de la sociedad alertaron que se abre más la puerta al microtráfico.

También en días pasados, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgó el primer registro de abono orgánico con composición de hoja de coca en el país.

El registro fue otorgado a una empresa que representa las comunidades indígenas del Huila y Cauca. Para la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, “este anuncio es clave porque es darle a la coca un uso lícito, un uso de la vida, un uso adecuado para nuestras apuestas agropecuarias. Para las comunidades, la coca no es una droga, y esto va a generar alternativas al uso ilícito”.