Este año estuvo marcado en el Congreso por la polémica alrededor de las grandes reformas que presentó el Gobierno, que no avanzaron como éste quería, pero sí demandaron en su discusión mucho tiempo, relegando por ello en buena medida a un segundo plano los proyectos de los congresistas. Seguramente los resultados este 2023 no estarán entre los mejores de la historia del Legislativo, pero hay mucho por contar de lo positivo y negativo que ocurrió.

También las elecciones regionales de octubre pasado consumieron al menos tres semanas de la actividad legislativa, retrasando el estudio de proyectos clave.

Leyes y reformas constitucionales 

Este año el Congreso sacó adelante tres reformas constitucionales: el Acto Legislativo 03 por medio del cual se establece la Jurisdicción Agraria y Rural, iniciativa que impulsó el Gobierno Nacional; el Acto Legislativo 02, que modificó la duración del receso entre el primero y el segundo periodo de la legislatura, pues ahora los congresistas regresan a sesionar el 16 de febrero, no el 16 de marzo. La medida comenzará a aplicarse a partir de 2024.

También fue promulgado el Acto Legislativo 01, que reconoce al campesino como sujeto especial protección constitucional.

En cuanto a algunos de los principales proyectos que se aprobaron este año y se sancionaron como leyes está la reforma al Código Electoral, que presentó el Gobierno, el cual contiene cambios como extender el horario de votación de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El texto está en examen de exequibilidad en la Corte Constitucional.

También está la Ley 2341, que busca resolver la situación militar de los mayores de 24 años y los estudiantes universitarios que hayan superado los cinco semestres. Igualmente la Ley 2337, por medio de la cual se fomenta la inclusión y participación de las mujeres en los programas para el emprendimiento, formación y desarrollo empresarial.

Así mismo, para  la protección y reparación a los niños, jóvenes y adolescentes víctimas de desaparición, fue sancionada la Ley 2326, en la que se adopta la Alerta Rosa.

Sobre protección animal se  sancionó la Ley 2318, por medio de la cual se prohíbe usarlos para disuadir manifestaciones, motines y asonadas. En salud fue expedida la Ley 2316, por la que se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables, como  biopolímeros.

En materia de acuerdos internacionales fue expedida la Ley 2308, en la que se ratificó el tratado entre Colombia y México sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, suscrito en 2011.

En educación se expidió la Ley 2307, en la que se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas.

Al Gobierno le aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, el cual quedó consignado en la Ley 2294. En lo penal fue sancionada la Ley 2292, por medio de la cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. También fue aprobado el Presupuesto General de la Nación 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones.

En ordenamiento territorial salió a la luz pública la Ley 2286, que dicta disposiciones para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

En cuanto a institucionalidad se expidió la Ley 2281, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Iniciativas en tránsito

Un gran número de proyectos quedan en tránsito para ser discutidos en primero o segundo debate, o en plenaria a partir de febrero próximo.

Entre los principales hay que mencionar la polémica reforma a la salud que presentó el Gobierno, que en días pasados fue aprobada en la plenaria de Cámara y ahora le restan dos debates en el Senado, comenzando por la Comisión Séptima, que se espera serán candentes por la disparidad de posturas que hay en las bancadas sobre el texto.

También de la cosecha del Gobierno está para ser discutida el próximo año la reforma pensional, que permaneció varios meses estancada esperando segundo debate en la plenaria del Senado.

Igualmente está el proyecto de reforma laboral, que volvió a radicar hace unos meses la ministra Gloria Inés Ramírez, después de que en la primera legislatura se hundiera la iniciativa por falta de trámite.

La reforma laboral tiene ponencia positiva para primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. 

Así mismo sigue su trámite en la Comisión Primera de Cámara el proyecto que reglamenta la convocatoria pública para la elección de personeros, así como el que modifica el monto de los honorarios de concejales de municipios de quinta y sexta categorías.

También en esta célula legislativa sigue en tránsito para primer debate el proyecto que presentó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, modificando la Ley de Víctimas. En las mismas condiciones está la reforma estatutaria de la educación que radicó la ministra  Aurora Vergara.

En la Comisión Primera del Senado, donde está pendiente de ponentes para primer debate, sigue el trámite el próximo año del proyecto que presentaron parlamentarios conservadores y de otros partidos, por medio del cual se otorgan derechos adicionales a las organizaciones políticas declaradas en independencia.

Igualmente, en esta célula legislativa queda en tránsito el proyecto que presentó el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, para profesionalizar las unidades de trabajo legislativo de los congresistas.

En tanto que a partir de febrero próximo se espera que en la Comisión Primera del Senado se le dé discusión al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, que presentó el Gobierno.

Otra de las iniciativas que siguen el próximo año en las plenarias de Senado y Cámara es el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, mediante el cual se establecen exenciones de impuestos y tributos aduaneros para la realización de la Copa Mundial Femenina en 2024. 

Entre los proyectos que se hunden llama la atención la reforma constitucional que pretende legalizar el uso recreativo del cannabis en personas adultas, iniciativa que en la pasada legislatura se cayó en el séptimo de ocho debates.

El proyecto acto legislativo fue radicado el 20 de julio pasado por parlamentarios de distintos partidos y está pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado. Sin embargo, no alcanza este año a surtir los cuatro debates que la ley establece. 

De otra parte, el Gobierno quedó debiendo varios proyectos que anunció presentaría este año, pero que finalmente no se les vio la cara. Entre estos, la reforma a la Ley de Servicios Públicos, al Código Minero y el de sometimiento a la justicia.

En el caso de la reforma a la Ley de Servicios Públicos, el presidente Petro busca herramientas para racionalizar las tarifas, especialmente de energía.

Tampoco llegó la ley de humanización carcelaria, como lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de que se hundiera el proyecto en la pasada legislatura por falta de trámite.

En junio pasado, el ministro sostuvo que “el texto lo volveremos a presentar el 20 de julio con ese enriquecimiento que tuvo gracias a las discusiones que hemos tenido”.

Tampoco fue radicado en el periodo legislativo que está por terminar el proyecto de sometimiento de los grupos multicrimen a la justicia, el cual se hundió en la pasada legislatura en medio de las advertencias del fiscal general, Francisco Barbosa, sobre aspectos fundamentales del articulado que beneficiarían a narcotraficantes.

Esta ley es necesaria para que el Gobierno tenga el piso jurídico en las negociaciones que espera alcanzar con grupos como el ‘Clan de Golfo’ para su sometimiento a la justicia, como lo tiene previsto en la política de paz.

Control político

En lo corrido del año se han realizado más de 600 debates de control político en las 14 comisiones constitucionales del Senado y de Cámara, así como en las plenarias, principalmente impulsados por los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático, así como por los independientes la U y el Partido Conservador.

Los ministros más citados en la presente vigencia a control político son el canciller Álvaro Leyva Durán, especialmente por las controversias con otros gobiernos que se han derivado por manifestaciones del presidente Petro y sus posturas en temas como la situación política en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega; el conflicto en la franja de Gaza, en lo que el jefe de Estado ha sido muy crítico con Israel por las operaciones militares que ha desarrollado en esa región contra el grupo terrorista Hamás; la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, y los choques con el gobernante de El Salvador, Nayib Armando Bukele, entre otros.

También ha sido llamado en múltiples oportunidades a control político el ministro de Defensa, Iván Velásquez, debido al deterioro del orden público en diferentes regiones, principalmente por el accionar de los grupos armados ilegales, en medio de las conversaciones con las guerrillas y los grupos multicrimen, que el Gobierno adelanta o procura comenzar en el marco de su política de paz total. 

Igualmente, en su momento la ministra de Salud Carolina Corcho, así como en los últimos meses su sucesor, Guillermo Jaramillo, fueron citados en varias oportunidades a las plenarias y las comisiones séptimas a debates de control político por la reforma en la materia, que ha generado mucha polémica por sus alcances.

Moción de censura

El primer integrante del gabinete en ser llevado a moción de censura fue la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, por sus polémicas posturas frente a la exploración de petróleo, en línea con la decisión del presidente Petro de no entregar licencias para buscar nuevos pozos durante el cuatrienio, por los efectos de los combustibles fósiles en el calentamiento global.

En diciembre del año pasado, en la plenaria de Cámara se cayó dicha moción de censura contra la ministra, producto de que el Gobierno tenía las mayorías.

Luego en marzo, la plenaria del Senado tampoco aprobó la moción que la oposición impulsó por similares razones contra la ministra Vélez. 

En abril pasado, el canciller Álvaro Leyva se salvó en la plenaria de la Cámara de la moción de censura. Y en mayo, en la misma corporación, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, también superó esta iniciativa de la oposición, que buscaba su salida del cargo por el estado debilitado del orden público y el crecimiento de los cultivos ilícitos, entre otras razones.

En tanto que el miércoles pasado, parlamentarios de la oposición citaron moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por el desabastecimiento en los medicamentos que se ha registrado.  La respectiva audiencia se realizará en la plenaria de Cámara a partir de febrero próximo, cuando el Congreso retorne a labores.

El mapa de fuerzas

La fuerte coalición con la que arrancó el Gobierno se fracturó gravemente en mayo pasado por la salida de los partidos Conservador y la U, debido a su desacuerdo con la reforma a la salud.

Como consecuencia, el Gobierno perdió las mayorías en el Senado, en donde su coalición tiene 49 parlamentarios, frente a los 57 que suman la oposición y los independientes.

Esta situación se notó en la elección el pasado 20 de julio del presidente del Senado, pues el Gobierno le había apostado a que la ocupara Angélica Lozano, de la Alianza Verde, pero finalmente fue escogido Iván Name, también de esta colectividad, pero quien fue elegido con los votos de la oposición y de los independientes, en una clara derrota de la Casa de Nariño. 

En la Cámara, el Gobierno por el momento mantiene las mayorías con 102 representantes, frente a 82 que suman la oposición y los independientes.

Vale señalar que este año también cambiaron su declaración política los partidos minoritarios En Marcha y Alianza Social Independiente (ASI), los cuales eran de la coalición y ahora están en las toldas de la independencia. 

Los que se fueron 

Varios cambios de nombres se han producido este año en la Cámara y en el Senado.

En el caso del Senado, la mayoría de modificaciones se dieron en la coalición oficialista del Pacto Histórico. Llama la atención que a dos presidentes de esta corporación, Roy Barreras y Alexánder López, el Consejo de Estado les anuló la elección por doble militancia.

También por doble militancia el Consejo de Estado anuló la elección del senador César Pachón, del Pacto Histórico.

Igualmente en el Pacto Histórico renunció Gustavo Bolívar, quien fue reemplazado este año por Alberto Benavides.

Así mismo, el Consejo de Estado anuló por una inhabilidad la elección como senador de Polivio Rosales, quien ocupaba una de las dos curules de los indígenas a nombre del movimiento AICO.

En tanto que Arturo Char  renunció en octubre pasado a la curul en Senado por Cambio Radical, producto de la investigación que le adelanta la Corte Suprema por supuesta corrupción electoral. Meses después fue privado de la libertad.

Mientras que algunos renunciaron para participar en las elecciones territoriales de octubre pasado, como fue el caso de Berner Zambrano, quien dejó la curul que ocupa en Senado por la U. Igual hizo Rodolfo Hernández, quien estaba en el Senado en el escaño de  la oposición.

En la Cámara, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Luz Marina Múnera como representante del Pacto Histórico por Antioquia.

También el Consejo de Estado tumbó la elección de Víctor Andrés Tovar, quien por Cambio Radical ocupaba una curul en la Cámara por Huila.

En tanto que para participar en las elecciones regionales de octubre pasado, renunció con meses de anticipación Yamil Arana, quien ocupaba por el Partido Conservador una de las curules a la Cámara por Bolívar.

Los escándalos

Varios escándalos se presentaron este año en el Congreso, como sucedió con la representante Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, quien en un debate admitió que fuma marihuana y hace poco la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por supuesto trato irrespetuoso a funcionarios de su unidad de trabajo legislativo.

También el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández denunció al productor del Canal del Congreso, John Jairo Uribe, a quien señalan de acoso sexual, laboral y de pedir parte de los salarios a los funcionarios.

El senador Pulido Hernández esta semana volvió a denunciar presuntas irregularidades en el Canal del Congreso. En X dijo el parlamentario que
“¿Otra vez escándalos en el Canal Congreso? ¿Otra vez despidos injustificados? ¿Otra vez no pagan los salarios a los trabajadores?”.

Otros hechos

Otra situación para mencionar de lo que sucedió en el Congreso este año es que se cayó en  mayo pasado en el Consejo de Estado la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República. La convocatoria para escoger quién ocupará el cargo apenas se abrió en días pasados, por lo tanto el nuevo nombre solo se conocerá en 2024.

Así mismo, un importante número de congresistas afrontan investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por diferentes situaciones.

Uno de los casos más  nombrados es el de 19 parlamentarios del Partido Liberal a los que la Corte les abrió indagación porque supuestamente enviaron hojas de vida de recomendados al Fondo Nacional del Ahorro para que los emplearan. Se investiga si  esto tendría que ver con pago de favores por su voto favorable al proyecto de la reforma a la salud.

También cabe mencionar que este año, producto de uno de los remezones ministeriales que ha provocado el presidente Petro, salió el ministro de la cartera política, Alfonso Prada. Desde junio pasado, el Ministerio del Interior lo ocupa Luis Fernando Velasco, intentando sacar adelante las reformas del Gobierno.