ANTE LA reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Sometimiento o Paz Total, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desafía las afirmaciones del Fiscal General Francisco Barbosa respecto a la emisión de nuevas órdenes de captura.

Tras el dictamen condicional de la Corte Constitucional sobre la Ley de Sometimiento, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó la necesidad de revisar a fondo las implicaciones de esta determinación. “Estamos en la revisión de esta decisión de la Corte. Tenemos el comunicado que resulta ser objeto de análisis”, afirmó Velásquez, señalando la complejidad del fallo y sus consecuencias.

En una respuesta directa a las declaraciones del Fiscal General, Francisco Barbosa, sobre la emisión de órdenes de captura para los liberados bajo la Ley de Sometimiento, el ministro desmintió categóricamente: “No es expedir nuevas órdenes de captura, sino más bien de revisar las suspensiones a las detenciones que tienen los jóvenes de la ‘Primera Línea’ por parte de los jueces”.

“No debieron ser detenidos”

Asimismo, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema afirmando que los jóvenes de primera línea nunca debieron estar presos.

“La Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no es posible en un Estado Social de Derecho”, sostuvo.

A su turno, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, demandante de la ley de ‘Paz total’ se pronunció sobre la sentencia de C-525 de la Corte Constitucional que avaló parcialmente la legalidad de la ley de orden público. Según el congresista el proyecto de ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro continúa en revisión por la Corte Constitucional.

“No todas las demandas han sido resueltas, incluida la que presenté por vicios de trámite y vulneración de principios y valores, contra los artículos 2 y 12. Esperamos que el análisis jurídico riguroso continúe y que la Corte Constitucional salvaguarde la Carta Política. Esperamos que se respeten los principios constitucionales y se defina la legalidad de esa norma”, insistió el senador.

Cabe recordar que el senador Carlos Fernando Motoa Solarte demandó esta ley por ausencia del concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vulneración al principio de consecutividad, y otros vicios de fondo.

Es importante tener presente que la Corte Constitucional emitió un fallo sobre la reforma a la Ley 418, contenida en la Ley 2272 de 2022, mediante la cual el Congreso estableció el marco legal para la política de paz total del gobierno Petro.

Al analizar las demandas por vicios de forma y fondo que se han interpuesto contra la norma, el alto Tribunal rechazó la mayoría de las causas avalando por esa vía, según el fallo, la facultad gubernamental de adelantar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con fines de sometimiento a la justicia.

Según la Corte esa es una facultad que le corresponde al presidente de la República dentro del mandato constitucional para la conservación del orden público.

Sin embargo, la Corte puso una serie de condiciones, especialmente referidas a la separación de poderes, limitando la discrecionalidad del Gobierno para tomar algunas decisiones sobre las órdenes de libertad y la definición de los términos de sometimiento a la justicia por parte de los integrantes de grupos armados que se sometan a esta legislación.

Encontrón de opiniones

El senador Iván Cepeda señaló que la decisión de la alta Corte es “una muy buena noticia” para la búsqueda de la paz en Colombia.

“Se trata de una decisión que avala una política de estado para la construcción de la paz, el tratamiento de todas las violencias e igualmente se garantiza la posibilidad de que este Gobierno siga desarrollando el proceso de diálogo con el Eln”, señaló.

Finalmente, la senadora Paloma Valencia celebró la decisión de la Corte.

“Gracias a nuestra demanda contra la Ley de ‘Paz Total’ la Corte Constitucional tumbó dos temas gravísimos que estaba haciendo el Gobierno e hizo dos precisiones importantes. Con esta decisión, el Gobierno no podrá excarcelar a nadie y deberá respetar los procesos penales que se están llevando a cabo. La primera línea seguirá presa”, concluyó.