En medio de la ofensiva violenta de las disidencias de las Farc en Cali, Jamundí y el Valle del Cauca, el alcalde de la capital departamental, Alejandro Eder, es enfático: se requiere una respuesta más contundente de la Fuerza Pública a esta organización criminal, reforzando no solo los batallones de alta montaña en los Farallones sino, incluso, autorizando bombardeos a estas estructuras criminales que quieren someter a la población al terrorismo permanente con el único fin de proteger sus ganancias por narcotráfico y minería ilegal.

El mandatario caleño es enfático en advertir que no se les puede dar espacio o flexibilidad a estas organizaciones criminales y advierte que las disidencias se fortalecieron al amparo del cese el fuego que rigió hasta marzo pasado.

De igual manera, al tiempo que denuncia un auge de narcocultivos y critica la política de ‘paz total’, recalca que la sede de la COP-16 de Biodiversidad, en octubre próximo, estará rodeada de las máximas medidas de seguridad.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué, si hay una ofensiva militar y policial en el Valle y Cali, no se ha podido detener esta escalada terrorista y violenta de las disidencias de las Farc?

ALEJANDRO EDER: Lo primero es entender que estas son organizaciones criminales y narcotraficantes que tienen unos negocios con unas rentas muy grandes. Eso es lo que los motiva. Tratan de controlar zonas y corredores rurales a través de los cuales exportan drogas y productos de minería ilegal.

Desde hace unos meses se lanzó una ofensiva en la zona rural de Jamundí para retomarla y quitarles esos espacios a estos grupos. La reacción natural de estos ha sido la de ver cómo se libran de esa presión militar y han acudido a los ataques terroristas. El del miércoles fue un ataque terrorista contra la sociedad civil. En el último mes en Jamundí están poniendo una bomba semanal, muchas de baja potencia pero igual mortales.

Este es un problema para Jamundí, Cali y el Valle, pero hay que ser claros: este un problema para Colombia, porque hace por lo menos diez años que no teníamos este tipo de ataques terroristas, que los tratan de volver permanentes y contra la población civil. Es un asunto que hay que atender ya, cortarlo de raíz y eso se hace con mayor contundencia y direccionamiento del Gobierno nacional hacia la Fuerza Pública.

ENS: ¿Hasta qué punto el cese el fuego con las disidencias, que rigió hasta marzo, les permitió fortalecerse y lanzar esta escalada terrorista?

AE: Sin lugar a dudas les fortaleció, sobre todo sus negocios y rentas ilícitas. Estos son grupos que son muy inferiores en términos tácticos y militares frente a lo que eran las antiguas Farc, pero tienen mucha plata. Sí, están muy desarticulados, en la medida en que las disidencias son varias facciones revueltas por ahí, no es un grupo cohesionado, pero tienen mucha plata y armamento, y están tratando de demostrar una capacidad de actuar de manera ininterrumpida, y lo logran a pequeña escala. Eso es algo que no se puede permitir que crezca y por eso es tan importante fortalecer la estrategia para erradicar estos grupos. En Colombia no podemos permitir un retorno a la presencia permanente del terrorismo en nuestra sociedad.

ENS: ¿Frente a ese llamado de mayor contundencia militar y policial qué respuesta ha dado el Gobierno nacional a Cali y el Valle?

AE: Reconozco que con el Gobierno hemos tenido una buena relación en términos de las necesidades de seguridad en Cali. Hemos tenido un aumento en el pie de fuerza policial (llegaron 300 efectivos en enero), pedimos un aumento de soldados profesionales para Cali y el sur del Valle (llegaron ya 400, habíamos pedido 600 y esperamos 250 en julio).

Son avances positivos, van en la dirección correcta, pero hace falta mucho más. Lo principal es fortalecer aún más el pie de fuerza de los soldados profesionales en zona rural de Jamundí y en la Tercera Brigada de Cali. Segundo, fortalecer las capacidades de inteligencia para desarticular estos grupos; y tercero, se necesitan más horas-vuelo para la Fuerza Aérea y para la flota de helicópteros del Ejército.

También se tiene que volver a revisar el tema de los bombardeos de la Fuerza Pública a estos grupos criminales. Limitar los bombardeos les da a estas fracciones criminales una ventaja táctica que, francamente, no podemos dar. No podemos renunciar a esta alternativa.

Retomar los Farallones

ENS: ¿Qué pasó con los batallones de alta montaña en los Farallones de Cali que años atrás permitieron retomar el control de esta zona estratégica?

AE: En la parte alta de Cali y de Jamundí había dos batallones de alta montaña. El de Felidia, que es un corregimiento de Cali, y el de Jamundí. Este último hace unos años (cuatro, creo) se cerró por algunas expresiones de protestas sociales y el de Felidia ahí está, pero totalmente menguado, no tiene los mismos soldados que tenía, tampoco el apoyo logístico aéreo requerido y, según me han dicho algunos integrantes de la Fuerza Pública, no tienen siquiera el apoyo logístico terrestre.

Se requiere, entonces, financiamiento y fortalecer estos batallones. Parte de los soldados profesionales que hemos solicitado son justamente para fortalecer el Batallón de Alta Montaña de Cali. Y en el Consejo de Seguridad del miércoles, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se comprometió a que el batallón de Jamundí será una realidad y esto será clave para sacar a los delincuentes de la cuadrilla “Jaime Martínez” de la zona rural de este municipio.

ENS: La gobernadora del Valle insiste en que la seguridad del departamento y de Cali depende necesariamente de un plan integral y efectivo de seguridad en todo el suroccidente del país, pero no se ve una estrategia conjunta en ese aspecto. ¿Qué opina?

AE: Estoy de acuerdo con la gobernadora. Tiene que haber mucha más contundencia en la estrategia de seguridad y no se les puede seguir permitiendo espacio a estos grupos narcotraficantes y terroristas, que es lo que son estos grupos de disidencias. No tienen otro objetivo.

Auge de narcocultivos

ENS: Algunos concejales de Cali advierten que esta ofensiva violenta tiene relación con la reducción drástica en la erradicación de narcocultivos en todo el país, y en especial en el suroccidente. ¿Es verdad?

AE: Esa es una realidad. Hay que ser claros y esa ha sido la experiencia de Colombia desde 1980, con todo tipo de organizaciones criminales, desde el Cartel de Medellín hasta las Farc y los paramilitares: no se les puede ceder espacio a grupos delincuenciales, terroristas y violentos que están involucrados en estas economías ilícitas.

Hoy se está produciendo en Colombia más coca que nunca, algo que no solo afecta la seguridad, sino que es una problemática social muy compleja, porque estos grupos están secuestrando menores, aterrorizando comunidades y destruyendo el medio ambiente y la biodiversidad, en pleno año de la COP. La agroindustria de la cocaína es el principal destructor de la biodiversidad y naturaleza en Colombia.

ENS: ¿La política de ‘paz total’ ha tenido demasiado de mano tendida y poco de garrote?

AE: Desde un principio, antes de campaña, he dicho que cualquier iniciativa para buscar una paz estable y duradera es bienvenida, pero la experiencia en Colombia es que ningún proceso de paz prospera a menos que vaya acompañado de una estrategia contundente de seguridad. Las Farc no hubieran firmado si no hubiera existido una política de seguridad contundente en su contra. Lo mismo pasó con las autodefensas en su momento.

Y ahora esto no cambia. ¿Por qué? Porque los incentivos de estos grupos no son ni políticos ni sociales ni ideológicos. Son netamente capitalistas, de negocios altamente rentables. Tienen que entender que si se les va a ofrecer una salida, pueden salir a las buenas, o si no, se les va a combatir de todas maneras.

COP-16 no está en riesgo

ENS: Hay preocupación, incluso por unas declaraciones de la ministra de Ambiente, en torno a si este pico de violencia no pondría en riesgo la sede de la COP-16 de Biodiversidad citada para realizarse en Cali en octubre próximo. ¿Es cierto?

AE: No es cierto. Primero: hay que entender el tipo de evento que es la COP-16. Es uno de los más importantes a nivel global, no es un foro cualquiera, requiere incluso de tratados internacionales que ya se firmaron entre Colombia y la ONU. También acuerdos de ciudad sede entre Cali y el Gobierno nacional. Se ha invertido ya un número importante de recursos, tiempo y horas hombre para organizarlo y los cronogramas van muy avanzados con miras a sacar avante una COP muy exitosa.

El tema de la seguridad se tiene que atender no solo en Cali y Colombia, sino en cualquier sede del mundo. Por ejemplo, en el 2015 la COP de cambio climático se llevó a cabo en París, un mes después de los ataques terroristas en el teatro Bataclan. Entonces, el terrorismo no es solo una amenaza que tenemos aquí en Cali o en Colombia, sino que es algo real que existe en el planeta. Este no es un evento de tercera categoría, esto es algo muy serio, nivel Naciones Unidas, y se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Para la COP solicitamos que se reforzara el pie de fuerza policial. Pedimos dos mil efectivos adicionales, pero lo ideal serían cuatro mil. Y ya nos confirmaron que van a llegar esos cuatro mil para cuidar a Cali desde el 1° de octubre hasta mediados de noviembre. Para poner en perspectiva la importancia de este refuerzo, hoy la Policía de Cali tiene seis mil efectivos, por lo que aumentar en cuatro mil es crecer más del 60 %. Y más aún, empezarán a llegar paulatinamente a partir de la primera semana de julio.

"Necesitamos más apoyo": Toro

EL NUEVO SIGLO: ¿Si hay un plan de choque policial y militar de amplio espectro por qué la violencia y el terrorismo no cesan en Valle?

DILIAN FRANCISCA TORO: En primer lugar, hay que decir que la seguridad del Valle del Cauca depende de la seguridad de toda la región suroccidental de Colombia y, en ese sentido, todos los fenómenos de conflicto armado (narcotráfico, procesos de paz, diálogos con estructuras delincuenciales, interdicción aérea y en general el control del orden público de la región) son de competencia constitucional y legal del presidente de la República. Por eso reitero el llamado que vengo haciendo al Gobierno nacional: que nos apoye más decididamente en establecer una estrategia de seguridad en toda la zona suroccidental.

Nos ha apoyado, sí, pero necesitamos mucho más: más articulación, más Fuerza Pública, más inteligencia. 

En segundo término, indicar que los actos terroristas son una respuesta, una retaliación al trabajo decidido que esta Gobernación, con el acompañamiento decidido de la Fuerza Pública, ha venido liderando en la retoma del territorio. Un plan de lucha común contra el terrorismo y su financiación que nos permite hacer frente a las condiciones que propician la propagación del mismo.

La Fuerza Pública de manera articulada viene desarrollando acciones de retoma y consolidación de áreas donde estos grupos venían actuando con mayor libertad. Ahora hemos aumentado la presencia y capacidad de los organismos de seguridad, incentivado la denuncia y aporte de información que posibilite anticipar acciones criminales, incrementando la capacidad técnica y logística, judicializando actores delincuenciales, fortaleciendo la arquitectura judicial y fijando un plan de recompensas. Asimismo, la inteligencia se ha fortalecido.

Es importante destacar que existen elementos de información claves que nos van a llevar a la captura de los responsables de la ola criminal, tal como se ha logrado frente a otros hechos de esta naturaleza, como fue la captura de Édinson Carabalí Molina, alias ‘Tigre’, presunto responsable del atentado terrorista contra la Tercera Brigada del Ejército en Cali, ocurrido el pasado 4 de abril. Asimismo, en lo corrido de este año ya han sido capturados 18 terroristas vinculados a las redes de apoyo de estos grupos. Igualmente, denuncié públicamente la construcción de una vía ilegal de 14 kilómetros que viene desde el norte del departamento del Cauca, pasa por Jamundí y llega hasta El Naya, presuntamente construida por disidencias de las Farc para sus actividades de narcotráfico, economía ilegal y terrorismo.

ENS: ¿Qué le pide la gobernadora al Gobierno nacional para enfrentar esta oleada terrorista?

DFT: He venido insistiendo en que este departamento requiere de una atención especial, al igual que la región Pacífica. El aumento de las capacidades y de más personal de la Fuerza Pública es una necesidad imperante. En este mismo sentido, se requiere el fortalecimiento de la inteligencia, policía judicial y las capacidades de la Fiscalía.

En el mapa de macrocriminalidad se ha identificado que todas las categorías de estructuras existentes en nuestro país tienen incidencia en el departamento del Valle, lo que demuestra que esta región debe ser priorizada y se debe actuar en consecuencia con esta realidad. Para ello, urge direccionar mayores esfuerzos y vincular a los diferentes programas que impactan la seguridad.

ENS: ¿Cuántos policías tiene hoy el Valle y en cuántos habría que aumentar el pie de fuerza?

DFT: El déficit de pie de fuerza es una realidad innegable, no solo en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Los efectivos de la Fuerza Pública en la región son materia de reserva y del control de cada institución. No obstante, sí se requiere un aumento significativo que permita realizar una mejor gestión de la seguridad conforme a la población y problemática. Lo ideal es estar en los estándares internacionales, que son de 300 policías por cada 100 mil habitantes. 

ENS: ¿Se requerirá acudir a la figura del “acompañamiento militar” para ciudades como Cali y municipios aledaños?

DFT: Está determinada por la ley la “asistencia militar”, en el artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Mientras esté determinado en la ley, se puede acudir a este mecanismo, pero también hay que aclarar que este instrumento legal debe aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente.

Siendo así, pienso que no están desbordadas las capacidades de la Policía Nacional para aplicar esta medida temporal y excepcional. No obstante, nuestro Ejército Nacional, bajo el principio de solidaridad con la seguridad y un compromiso irrestricto con el departamento, ha venido apoyando desde su misionalidad a la Policía y desarrollando estrategias articuladas, tanto en el área rural como en la urbana, con muy buenos resultados y respetando las competencias y autonomías de las instituciones.