En medio de una creciente preocupación por la seguridad energética del país, 24 congresistas, liderados por el representante Juan Espinal, presentaron una proposición formal al presidente Gustavo Petro para que reactive la firma de contratos de exploración de hidrocarburos, junto con la agilización de las licencias ambientales necesarias para dichos proyectos. Los legisladores subrayan que sin esta medida, Colombia enfrentaría una crisis de gas que afectaría a millones de hogares e industrias.
“Garantizar el abastecimiento del energético es fundamental para la vida cotidiana de los 37 millones de colombianos, la industria, el comercio y el transporte,” subrayó Espinal, quien advirtió que el país corre el riesgo de depender de importaciones de gas de Venezuela, Estados Unidos o Brasil. “No podemos permitir que Colombia pierda su autosuficiencia energética,” afirmó.
La proposición también aborda la situación crítica en torno al proyecto de exploración del pozo Uchuva 2, suspendido por una decisión judicial que, según los congresistas, compromete la capacidad del país para garantizar el suministro de gas en el mediano plazo. Esta suspensión, en combinación con una escasez de lluvias que ha disminuido la capacidad de las plantas hidroeléctricas, ha generado un aumento en la demanda de gas para las termoeléctricas, lo que ha exacerbado la crisis.
Ecopetrol ha respondido a la situación suspendiendo temporalmente el suministro de gas vehicular a varias empresas, incluidas Terpel y Alcanos, para priorizar el uso del combustible en la generación de energía. Esta medida, aunque necesaria, ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema energético colombiano.
“Presidente Petro, no juegue con la seguridad energética del país,” advirtió Espinal. Los legisladores consideran que la firma de nuevos contratos no puede esperar más, y alertan que, sin estos acuerdos, el impacto en el 2025 sería devastador para los hogares y sectores productivos del país.
La crisis energética actual plantea un desafío mayúsculo para el Gobierno, que deberá decidir entre avanzar hacia su agenda de transición energética o responder a las presiones políticas y económicas para reactivar la industria de hidrocarburos.