A TRAVÉS de una carta, la organización internacional por los derechos humanos, Human Rigths Watch (HRS), le solicitó al presidente Gustavo Petro condenar la inhabilitación en contra de la candidata presidencial de Venezuela María Corina Machado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el escrito se expresa “la profunda preocupación por la inhabilitación de la líder de oposición venezolana María Corina Machado. Respetuosamente, quisiera instar al gobierno de S.E. a solicitar, de forma pública y privada y junto con otros gobiernos latinoamericanos, que las autoridades venezolanas revoquen urgentemente esta decisión”.
En igual sentido, se advierte que “el 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación administrativa de Machado, quien había ganado holgadamente las internas de la oposición realizadas el 22 de octubre de 2023”, por lo que hasta la fecha el Gobierno de Colombia no se pronunciado al respecto y bajo ese entendido se asegura que “ La inhabilitación de Machado, por un periodo de 15 años, impediría que participe en las elecciones presidenciales que deberían realizarse este año en Venezuela. Esta decisión viola sus derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”.
Siga a El Nuevo Siglo en WhatsApp: contenido gratis
La crisis
La determinación ha sido calificada como arbitraria porque “se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto central del acuerdo de Barbados, alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición, donde ambas partes se comprometieron a garantizar “el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
De igual manera, advierte que “se puede poner en riesgo el futuro del diálogo entre el gobierno y la oposición y la posibilidad de una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela porque tristemente, esta decisión ocurre en un contexto de amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos. Recientemente, mientras el presidente Maduro convocaba a sus seguidores a utilizar la “furia bolivariana”, sus partidarios realizaron actos vandálicos en las sedes de partidos políticos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y las fuerzas de seguridad detuvieron a coordinadores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado”.
Contradicciones
Además, explica que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que la inhabilitación de candidatos a través de procesos administrativos contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre la base del artículo 23 de la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que las autoridades venezolanas se eximan de emplear procedimientos administrativos para inhabilitar a candidatos. S.E. sufrió procesos abusivos similares cuando era alcalde de Bogotá y se ha expresado públicamente en defensa de candidatos, incluyendo venezolanos que han sufrido inhabilitaciones”.
Ante ese particular la HRS estima que “respetuosamente insto a S.E. a manifestar, de forma pública y en sus interacciones privadas con el gobierno de Venezuela, su preocupación por la inhabilitación de Machado. Quisiera recomendar a S.E. que, junto con otros gobiernos latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea. Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar de elecciones justas y libres”.
Asimismo, indica que: “Señor presidente, espero que pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia”.
Siga a El Nuevo Siglo en WhatsApp: contenido gratis
Carta completa:
Me dirijo a S.E., en representación de Human Rights Watch, para expresarle nuestra profunda preocupación por la inhabilitación de la líder de oposición venezolana María Corina Machado. Respetuosamente, quisiera instar al gobierno de S.E. a solicitar, de forma pública y privada y junto con otros gobiernos latinoamericanos, que las autoridades venezolanas revoquen urgentemente esta decisión.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación administrativa de Machado, quien había ganado holgadamente las internas de la oposición realizadas el 22 de octubre de 2023.[1] La inhabilitación de Machado, por un período de 15 años, impediría que participe en las elecciones presidenciales que deberían realizarse este año en Venezuela. Esta decisión viola sus derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres.
Además, se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto central del acuerdo de Barbados, alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición, donde ambas partes se comprometieron a garantizar “el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.[2] Ello puede poner en riesgo el futuro del diálogo entre el gobierno y la oposición y la posibilidad de una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela.
Tristemente, esta decisión ocurre en un contexto de amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos.[3] Recientemente, mientras el presidente Maduro convocaba a sus seguidores a utilizar la “furia bolivariana”, sus partidarios realizaron actos vandálicos en la sedes de partidos políticos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y las fuerzas de seguridad detuvieron a coordinadores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado.[4]
Como S.E. sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que la inhabilitación de candidatos a través de procesos administrativos contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[5] Sobre la base del artículo 23 de la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que las autoridades venezolanas se eximan de emplear procedimientos administrativos para inhabilitar a candidatos.[6] S.E. sufrió procesos abusivos similares cuando era alcalde de Bogotá y se ha expresado públicamente en defensa de candidatos, incluyendo venezolanos, que han sufrido inhabilitaciones.
Por ello, respetuosamente insto a S.E. a manifestar, de forma pública y en sus interacciones privadas con el gobierno de Venezuela, su preocupación por la inhabilitación de Machado. Quisiera recomendar a S.E. que, junto con otros gobiernos latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea. Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres.
Señor presidente, espero que el gobierno de S.E. pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia.
Aprovecho la ocasión para expresar a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
Juanita Goebertus Estrada
Directora
División de las Américas
Human Rights Watch