La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria para establecer si existió un presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por parte del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez y del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica.
Se trata de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos y José Ignacio Llinás Chica, por parte de la UNGRD.
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De acuerdo con la información divulgada a través de medios de comunicación, Olmedo López reconoció que Regina López suscribió el citado contrato por $ 144 millones, por recomendación del director de la UIAF.
La UNGRD contrató también a José Ignacio Llinás, hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, quien, según informaciones periodísticas, es el cuarto contratista con honorarios más altos en esa entidad.
El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas documentales que incluyen, entre otras, la solicitud de los estudios previos elaborados por la UNGRD para estos bilaterales y los informes de las acciones ejecutadas por los citados contratistas.
Con esta investigación disciplinaria la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas, determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad .
Más denuncias
El actual director, Carlos Carrillo, dijo que en las últimas horas que de la administración de López se comprometieron miles de millones de pesos en contratos.
Carrillo dijo que “en las últimas horas de Olmedo López como director de la Ungrd, los miembros de su dirección firmaron todo tipo de actos administrativos para comprometer centenares de miles de millones”. Reveló que “uno impresentable es el que trataron de entregarle al abogado Iván Alfaro Gómez, quien era el jefe jurídico de facto en la entidad”.
Añadió el director de la Ungrd que “el contratista Iván Alfaro, no contento con los casi 24 millones mensuales de su contrato, buscó para una de las varias firmas de abogados con las que está relacionado un contrato por 100 millones de pesos mensuales: verdaderamente insaciable”.
Sostuvo Carrillo que para recibir el contrato de servicios altamente especializados, que aún tiene vigencia, “sólo acreditó experiencia en una firma: la suya, Alfaro Gómez Asociados, esto a pesar de hacer parte de varias firmas con sus tres socios. Tampoco aparecen sociedades en su declaración de bienes”.
Señaló también que la Ungrd “fue demasiado generosa con Alfaro en los días de Olmedo. Ana María Castaño, la exsecretaria general que asegura estar embarazada, intentó darle a Capstone Group- Abogados Colombia el generoso contrato de asesoría jurídica el día en que Olmedo cayó. El 27 de febrero solicitan el CDP y el 29 de febrero solicitan la instrucción del contrato”.