EL PULSO por la construcción de una estación de guardacostas de la Armada Nacional en el parque nacional natural Gorgona, en el Pacífico, no termina. Hasta el próximo 31 de este mes tienen plazo varias dependencias del Gobierno para responder una serie de interrogantes de la Procuraduría General.
Como se sabe, mientras algunos sectores políticos y de la Fuerza Pública consideran clave esa base con el fin de reforzar la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal en el Pacífico, algunos ambientalistas advierten que se podría afectar el ecosistema de la isla, en tanto que congresistas del Pacto Histórico afirman que la base es financiada por Estados Unidos y afectaría la soberanía colombiana.
Como se recuerda, el pasado 13 de marzo, en el marco de una audiencia en el Congreso, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dejó claro que el Gobierno no ha tomado una decisión final frente al proyecto del muelle y el mejoramiento de la subestación de guardacostas de la Armada en Gorgona.
Recalcó, eso sí, que este proyecto está suspendido precisamente porque el Gobierno está escuchando todas las posiciones para tomar una decisión asertiva, concertada e informada.
“El proyecto está suspendido por decisión del Gobierno Nacional para recibir cada una de las observaciones y confrontar las dudas de comunidades, academia, científicos, usuarios del parque e investigadores. La decisión la va a tomar como una política de Estado que integre todos los factores: el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), la operación de Parques Nacionales, la gobernanza con inclusión de las comunidades, la seguridad y defensa nacional”, explicó la alta funcionaria.
Muhamad explicó que desde noviembre se han realizado cerca de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. Además, se creó una mesa con la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico que tienen que ver con la isla.
Dichas reuniones, de acuerdo con la cartera ministerial, se han llevado a cabo con científicos, académicos, comunidades, guardaparques, periodistas y ambientalistas para escuchar sus preocupaciones, recomendaciones y comentarios, así como para aclarar dudas frente al proyecto. Asimismo, se creó la “Mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular, étnico y estratégico Gorgona Sanquianga”.
Muhamad precisó que “hasta que no lleguemos a un acuerdo el proyecto no va a avanzar, porque necesitamos un acuerdo de gobernanza en el que todos estemos en el mismo propósito de proteger Gorgona y sus activos ambientales, y generar mejor capacidad para operar el parque”.
Finalmente, la ministra afirmó que la decisión debe hacerse con un análisis técnico, jurídico, contractual y social riguroso con información detallada.
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Campanazo de Procuraduría
Ayer la Procuraduría General, en el marco del seguimiento al proyecto y frente a las reiteradas preocupaciones expresadas por la comunidad, requirió a la Dirección de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República, a los ministerios de Ambiente y Defensa así como a Parques Nacionales Naturales de Colombia remitir antes del 31 de marzo toda la información relacionada con esta iniciativa.
El requerimiento del ente de control fue extendido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Armada y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), entidades que también deberán remitir la información de su competencia frente al proyecto en el pacífico colombiano.
Asimismo, en cumplimiento de su misionalidad preventiva, el Ministerio Público, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, convocó a una mesa de trabajo para atender las inquietudes y revisar los avances en los espacios de concertación con las comunidades que reiteran que el proyecto podría poner en peligro el ecosistema, la biodiversidad y la conservación natural del Parque Nacional.
La reunión convocada por el ente de control para que las entidades citadas expongan las diferentes dificultades y retos que se han presentado en la ejecución del proyecto y la definición de un plan de acción, se realizará el 27 de marzo en Bogotá.