El proyecto de ley radicado este 21 de agosto por el Congreso de la República busca modificar los artículos 83, 162 y 188 D de la Ley 599 de 2000 con el fin de proteger a los niños, las niñas y adolescentes del país frente al fenómeno del reclutamiento y el uso de menores de edad en actos ilícitos.

En ese sentido, las organizaciones criminales y las personas en general que participen e induzcan a menores de edad en la comisión de delitos y el reclutamiento ilícito les sea aplicada la máxima sanción en el sistema penal colombiano; es decir: incurrirá en prisión de 480 a 600 meses y multa de 2666 a 7500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, este proyecto busca establecer de manera específica que cuando se trate del delito de reclutamiento ilícito de menores de dieciocho (18) años para la utilización directa e indirecta en las hostilidades o en acciones armadas, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, la acción penal será imprescriptible.

El proyecto fue respaldado por más de 110 parlamentarios. Está enfocado en abordar el grave problema del reclutamiento ilícito de menores de edad y su uso en actividades delictivas. Esta iniciativa surge en un contexto alarmante, donde Colombia se destaca como uno de los 18 países en el mundo en el que grupos ilegales instrumentalizan jóvenes para el conflicto armado.

Entre 1996 y 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó 18,677 víctimas de reclutamiento ilícito de menores. En los años 2022 y 2023, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 840 niños, niñas y adolescentes en su Programa de Atención Especializada, destinado a restablecer los derechos de aquellos que han sido desvinculados de grupos armados organizados. Además, la Fiscalía General de la Nación registró 1,339 casos de menores involucrados en delitos durante el mismo periodo.

El fenómeno del reclutamiento forzado no solo afecta a los niños, sino que también tiene un impacto devastador en las comunidades. Los grupos armados ilegales, como el Eln y las disidencias de las Farc, son los principales responsables de esta situación. En 2023, se registraron 184 casos de reclutamiento forzado, y en lo que va de 2024, ya se han reportado 159 casos.

El proyecto de ley radicado busca establecer un marco legal que proteja a los menores de edad en situaciones de vulnerabilidad, garantizando su derecho a la verdad, justicia y reparación. La senadora Lorena Ríos Cuéllar, quien lideró el debate sobre este tema en el Senado, enfatizó la importancia de abordar el tema. La propuesta también contempla medidas para fortalecer la atención y rehabilitación de estos jóvenes, asegurando que puedan reintegrarse a la sociedad de manera efectiva.