GRAN ENTUSIASMO ha despertado en todo el país el referendo de autonomía fiscal para las regiones, que lidera la Gobernación de Antioquia, pues según sus impulsores en menos de dos meses de recolección de firmas de ciudadanos, que de esta forma muestran su apoyo, han recogido más de 300.000 de las 2.027.199 que exige la ley, para lo cual el comité promotor tiene plazo hasta el 28 de diciembre próximo para entregarlas a la Registraduría Nacional.

La iniciativa busca que los tributos de renta y patrimonio, hoy administrados por la Nación, pasen directamente a los departamentos. Incluye la creación de un fondo de convergencia regional que compense a los departamentos que tendrían menores recursos, con el fin de generar equidad y así incrementar sustancialmente sus ingresos.

Se espera que en este referendo los ciudadanos se pronuncien en las urnas, como constituyente primario, sobre si están de acuerdo o no con que los 32 departamentos reciban directamente el recaudo que se genera en sus territorios por los impuestos de renta y de patrimonio.

Varios de los actuales gobernadores y alcaldes, como desde hace años lo hicieron sus antecesores, han reclamado porque dicen que los recursos que reciben de la Nación por el Sistema General de Participaciones son insuficientes para responder a las múltiples responsabilidades que tienen en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, así como otros rubros producto del proceso de descentralización administrativa que ha ido avanzando a partir de la Constitución de 1991.

El proyecto que estudia el Congreso del Presupuesto General de la Nación de 2025 también ha propiciado que los mandatarios regionales revivan esta discusión, pues dicen que las partidas contenidas son insuficientes en algunos casos.

Igualmente, la Federación Nacional de Departamentos manifestó en un oficio al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su preocupación por que el recorte presupuestal por $20 billones en la presente vigencia, debido al déficit fiscal que se presenta, “afecte la financiación de los proyectos priorizados en los Planes Departamentales de Desarrollo que fueron armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo, con especial énfasis en aquellos que tienen contrapartidas o vigencias futuras”.

En ese contexto surgió la iniciativa de parte del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, de un referendo para la autonomía fiscal de las regiones, quien hizo el anuncio a principios de este año como respuesta a la decisión de la Administración Petro, por medio de la Agencia de Minería, de no prorrogar más la delegación minera que tenía este departamento desde 2001, que le autorizaba para otorgar títulos de exploración y explotación de minerales, así como ejercer el control en la materia.

Por esos días, el gobernador Rendón dijo que “la decisión del gobierno Petro nos devuelve a las épocas fastidiosas del centralismo y desconoce las capacidades como región. Nos ponen un freno de mano en el desarrollo local. Con mayor razón seguiré promoviendo ese referendo constitucional que les devuelva a las regiones la autonomía, sobre todo fiscal”.

La Registraduría Nacional en la Resolución 6343, del pasado 27 de junio, declaró la inscripción del referendo denominado ‘Por las regiones firme’, tras cumplir los requisitos exigidos. Como consecuencia, inscribió al comité promotor integrado por nueve personas.

Este comité debe recoger como mínimo 2.027.199 firmas ciudadanas de respaldo al referendo, para lo cual tiene plazo hasta el próximo 28 de diciembre. No obstante, los promotores se han puesto la meta de conseguir 4 millones de rúbricas, previniendo que en la revisión que haga la Registraduría Nacional determine inválida una importante cantidad por razones como que no son legibles, no corresponden con el número de la cédula o están repetidas, entre otras.

¿Cómo va recolección de firmas?

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien es el gerente a nivel nacional del referendo de autonomía fiscal por las regiones, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hasta el momento hemos recogido ya más de 300.000 firmas”.

La recolección de apoyos inició en julio pasado en Medellín y el resto del departamento de Antioquia, en donde en pocos días recogieron más de 3.000 rúbricas, y a partir de este mes esto comenzó a hacerse a nivel nacional.

En esa tarea Ruiz viaja todas las semanas a las regiones para dinamizar el proceso. “Estuvimos en el Huila; estuvimos en el Valle del Cauca; en Risaralda; hace poco estuve en Norte de Santander, en Cúcuta; en Santander estuve en Bucaramanga, en Socorro; en Atlántico; Bolívar; y mañana voy para Boyacá”.

El exministro explicó que “aquí lo más importante es que la autonomía fiscal es para que el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio lo puedan administrar directamente los departamentos, porque en estos momentos de este impuesto el Estado se queda con el 85% y apenas le da el 10% a los municipios y el 5% a los departamentos”.

Ruiz aclaró que “ningún departamento de los pobres va a recibir menos, todo lo contrario, se calcula que van a recibir un 50% más. Y los departamentos grandes que recaudan más, Santander por ejemplo, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, éstos son los que van a entrar a repartir en el resto de departamentos para que reciban hasta un 50% más”.

Buen ambiente para reformar SGP

Dicho referendo se suma a un proyecto de reforma constitucional que fortalece la autonomía territorial y que se tramita en segunda vuelta, estableciendo que el Sistema General de Participación (SGP) de los departamentos, distritos y municipios represente mínimo el 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación a partir del año 2035. Con este fin, se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución.

El quinto debate de esta iniciativa se debe dar en la Comisión Primera del Senado, en donde está pendiente de ponencia.

Se espera que esta reforma constitucional termine su trámite entre octubre y noviembre próximo, pues hay ambiente para su aprobación porque la mayoría de congresistas coincide en que las regiones necesitan más recursos para funcionar. Además, en marzo del 2026 hay elecciones de Congreso, por lo que sería políticamente incorrecto votar en contra de este proyecto, pues podría tener costos en las urnas para quien tenga esa postura.

En tanto que el referendo que impulsan el gobernador de Antioquia y otros mandatarios regionales, y que cuenta con el respaldo de la oposición política por parte del Partido Centro Democrático, tomaría al menos año y medio para llegar a las urnas, y es muy posible que no se alcance a hacer en lo que le queda del gobierno Petro.

Casa de Nariño está con la reforma

El Gobierno nacional ha manifestado su apoyo al proyecto de acto legislativo que reforma el SGP para fortalecer la autonomía territorial, el cual es de origen parlamentario. En tanto que se ha mostrado contrario a la iniciativa de referendo que impulsa el gobernador de Antioquia.

En días pasados, el presidente Gustavo Petro señaló en su perfil en la red X que “este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”.