En la que se convierte en la sentencia de este tipo más cuantiosa de la historia del país, la Contraloría General de la República profirió el fallo de responsabilidad fiscal en el caso de los sobrecostos en la construcción y modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), por una suma de 2,9 billones de pesos.

El fallo considera que son responsables fiscalmente cinco exaltos funcionarios de la empresa (incluyendo dos presidentes), siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas. Esto porque los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería no se recuperarán.

Tras cuatro años de estudios e indagaciones, fueron declarados responsables fiscales los expresidentes de Reficar Reyes Reinoso Yanes y Orlando José Cabrales Martínez así como los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.

También fueron cobijados con el fallo los miembros de la junta directiva Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy (expresidente de Ecopetrol), Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.

La Contraloría también encontró responsables a las empresas contratistas Chicago Bridge & Iron Company CB&I Uk Limited, CBI Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.  

“El daño patrimonial determinado y cuantificado se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la junta directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto, quienes en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”, señaló la Contraloría. 

Se explicó que fueron llamados a responder fiscalmente los miembros de la Junta directiva de Reficar que aprobaron las mayores inversiones en los controles de cambio 2 y 3, y miembros de la administración de Reficar, contratistas y supervisores que participaron en el proyecto. 

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Se determinó que en la modernización de la Refinería se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 2.9 billones de pesos.  

Según la Contraloría, la pérdida de valor de las mayores inversiones, repercute negativamente en el valor de la Refinería en el mercado, además de que gran parte de los recursos no se encontraron invertidos en mayor capacidad y mejor tecnología que le aportara valor. 

“En lugar de eso, se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, se comprobó una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la Junta Directiva de Reficar, la Administración de Reficar, contratista y supervisor del proyecto”, advirtió el ente de control. Algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción del activo de refinación. 

Los investigadores indicaron que el proceso de responsabilidad fiscal tuvo en cuenta las decisiones presupuestales formalizadas en los controles de cambio 1 al 5 y la verificación que se realizó a la ejecución de dichos recursos, los cuales alcanzaron al control de cambios 5 una cuantía de 8.016 millones de dólares.  
“Se encontró que adicionalmente fueron realizadas erogaciones por valor de 904 millones de dólares, con lo cual el monto de los recursos incorporados al proyecto ascendió a la cuantía de 8.920 millones de dólares, hechos que son objeto de otra investigación para revisar si hay una posible afectación fiscal”, recalcó la Contraloría.  

Réplica 

Tras conocerse el fallo, varios de los implicados, que crearon una iniciativa denominada “La verdad del caso Reficar” (que incluso la semana pasada publicó un libro al respecto), expidieron un comunicado en el que advierten que acatan pero no comparten la decisión, y por eso apelarán. 

“La Contraloría se apartó durante todo el proceso del inmenso caudal probatorio que demuestra que tomamos las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la Refinería. En consecuencia, no estamos ante un fallo en derecho”, sostuvieron.

Agregaron que el fallo “… es abiertamente contradictorio con las conclusiones a las que arribó la Procuraduría General, después de 8 años de profundas investigaciones”.

Del fallo de la Contraloría destacaron que el ente “no encontró ninguna conducta que pudiese catalogar como actos de corrupción”.

Indicaron que “… la Contraloría atribuye responsabilidad fiscal bajo el argumento de haber incumplido con una expectativa de rentabilidad que se calculó con base en un costo inicial del proyecto absolutamente subestimado por parte de la firma contratista CB&I... El que se alcance o no la expectativa de rentabilidad es algo que sólo se sabe con certeza al final de la vida útil de la refinería, y en todo caso aun cuando no se logre tal rentabilidad ello no constituye un detrimento patrimonial”.

Puntualizaron que el costo inicial proyectado en 2009 por CB&I de 3.777 millones de dólares, no puede ser el punto de referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería de Cartagena, pues el tiempo probó que el estimado inicial de costo y tiempos eran errados y subestimados. 

Por último recordaron que “gracias a la estrategia adoptada por los directivos de Reficar en beneficio del patrimonio público, en el sentido de asegurar la terminación del proyecto antes de entrar en litigios ante el tribunal competente, hoy Colombia tiene una refinería de clase mundial en operación que genera beneficios ciertos y directos a Reficar y Ecopetrol en particular y a la economía nacional en general, más un proceso arbitral en Estados Unidos en el que reclama no menos de dos mil millones de dólares a CB&I. No obstante, es evidente que las pretensiones de Reficar y los intereses de la Nación se verían afectados si llegara a confirmarse esta injusta decisión de la Contraloría contra exfuncionarios de Reficar”.

El de reficar no es el único megacaso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría. Desde noviembre de 2019 abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de 4,07 billones de pesos contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos exgobernadores de Antioquia y varios contratistas.

La semana pasada, precisamente, la Contraloría adoptó una serie de medidas cautelares dentro de este proceso y solicitó el embargo de las cuentas bancarias de varias de las firmas contratistas constructoras de Hidroituango. El principal consorcio afectado es Integral S.A. así como una larga lista de particulares.

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Tan pronto como se conoció ayer el fallo de responsabilidad fiscal por el caso Reficar, un exalto cargo del ente de control le indicó a EL NUEVO SIGLO que era necesario “ponerle el ojo” a las implicaciones de un concepto del Consejo de Estado conocido en diciembre pasado.

¿Qué dice el concepto? El máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que los fallos de responsabilidad fiscal, multas impuestas por las contralorías y pólizas y demás garantías a favor de entidades que hacen parte de los fallos de responsabilidad fiscal ya no serán obligatorios si dentro de los cinco años siguientes a que tales decisiones estén en firme las autoridades responsables de hacerlos efectivos no lo han hecho.

“… Este es un tema clave tanto en este proceso de Reficar como en el de Hidroituango”, dijo la fuente, ya que la Contraloría cuenta con cinco años para culminar el proceso de cobro coactivo de las decisiones fiscales.