En el contexto de la polémica por algunos comentarios referentes al apoyo a los migrantes venezolanos derivado del Estatuto Temporal de Protección, el Congreso se apresta a darle tercer debate a un proyecto sobre política integral migratoria que, entre otros puntos, actualiza los beneficios a los colombianos que retornan al país.

La iniciativa que tendrá como ponentes en la Comisión Segunda de la Cámara a los representantes Juan David Vélez (Centro Democrático), Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal), Germán Blanco (Partido Conservador), Astrid Sánchez (La U) y Mauricio Parodi (Cambio Radical) reforma aspectos puntuales de la Ley 1565 de 2012 (Ley de Retorno), cuyo contenido, explicó Vélez, era necesario ajustar con base en la evaluación hecha por parte del Programa Colombia Nos Une de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras seis años de implementación de esta ley.

Para la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), miembro del equipo ponente en Senado, la propuesta que tramita el Congreso resulta muy importante porque tiene un mayor alcance que el Estatuto, pues dentro de sus bondades incluye a los colombianos que retornan al país.

En noviembre, Migración Colombia evaluó que desde marzo del año pasado unos 1.200 colombianos habían retornado desde Venezuela por los diferentes puntos regulares fronterizos.

Según Colombia Nos Une, en 2012 la Cancillería estimaba en 4,7 millones la población colombiana en el exterior, cifra que no es exacta en tanto no existe aún un censo o ejercicio de caracterización que permita identificar a la totalidad de connacionales residiendo fuera del país. De estos, en los últimos años han retornado más de 300.000 personas, calculó Castellanos.

Reformas

Dentro de las reformas a la Ley de Retorno se contempla una mejor articulación entre las entidades intervinientes en el retorno, facilitación de requisitos, especificación del tipo de retorno académico para contar con mecanismos que le permitan al Gobierno acompañar a los colombianos que de manera voluntaria decidan continuar sus estudios y/o emplear sus conocimientos adquiridos en el exterior y en Colombia.

Efectivamente, al reformar el artículo 3 de la Ley de Retorno se agrega el retorno académico al solidario (víctima del conflicto humanitario, afectado por situación de vulnerabilidad que ponga en riesgo su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares), laboral (busca emplear capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en el exterior y en Colombia) y productivo (quiere implementar una idea de negocio y/o fortalecer un proyecto productivo en marcha).

El tipo de retorno académico, precisa el articulado aprobado el 28 de julio en la plenaria del Senado, “es el retorno voluntario que realiza el colombiano que ha obtenido un título en educación superior en el exterior, con el fin de continuar sus estudios y/o emplear sus conocimientos adquiridos en el exterior y en Colombia”.

“El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá dentro del retorno académico, el retorno de capital humano de alto nivel o de aquellos ciudadanos colombianos que han obtenido títulos de doctorado en el extranjero con el fin de aprovechar esos conocimientos adquiridos. Lo anterior sujeto a las políticas en materia de convalidación de títulos del Ministerio de Educación Nacional”, precisa el proyecto.

Como consecuencia de lo anterior, se ajustan los “incentivos y acompañamiento integral a los tipos de retorno” con el fin de “contribuir a su inserción e integración en Colombia, brindando atención a sus necesidades a través de rutas y ofertas diferenciales en el territorio nacional por un periodo de dos años, y que genere oportunidades económicas y sociales que aporten al desarrollo nacional”.

Los respectivos planes estarán a cargo de las entidades competentes que coordinarán con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo relacionado directamente con el retorno. Ese papel lo desempeñará el Sistema Nacional de la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el retorno solidario; el Departamento Administrativo de Prosperidad Social y las autoridades para el retorno humanitario; el Ministerio del Trabajo para el retorno laboral; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el retorno productivo; y como ya se dijo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el retorno académico.

Para el funcionamiento coordinado de estas estrategias, también se ajustó el artículo 9 de la Ley de Retorno, estableciendo que “el Ministerio de Relaciones Exteriores, con cargo al Fondo Rotatorio del mismo Ministerio, diseñará, implementará, supervisará y gerenciará los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno (Crore), para lo cual, instalará oficinas regionales de operación estable en las zonas de origen migratorio y retorno”.

Para fortalecer ese acompañamiento, el mismo artículo 9 precisa que Planeación Nacional “en articulación con los departamentos y municipios estructurará e implementará programas para la población retornada, con especial énfasis en atención humanitaria, emprendimiento y reinserción laboral”.

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Inserción

El proyecto señala en su artículo 36 que “el Gobierno nacional fomentará la integración socioeconómica de los migrantes, retornados y las comunidades de acogida, con un enfoque diferencial y territorial, como oportunidad de desarrollo económico para el país”; y en el 37 que “a efectos de facilitar la inserción en el mercado laboral de la población migrante, que contribuya al desarrollo y redunden en beneficio de toda la población, y bajo el principio del trabajo decente, el Gobierno nacional, a partir de la identificación de las necesidades de los diferentes sectores de la economía, promoverá acciones tendientes a: a. adecuar y fortalecer los mecanismos de intermediación laboral; b. incrementar las opciones de certificación de competencias y de formación para el trabajo para esta población; c. definir mecanismos que permitan su afiliación, acceso y contribución al Sistema General de Seguridad Social; d. explorar alternativas de movilidad territorial entre las zonas de alta concentración de población migrante y aquellas de baja concentración, en coordinación con los entes territoriales; e. impulsar canales de articulación con el sector empresarial que promuevan la generación de empleo y el desarrollo local de aquellas zonas de mayor recepción de migrantes en el país; f. reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral y el trabajo forzoso; y g. evitar la discriminación y/o la xenofobia que impidan el aprovechamiento de los conocimientos y habilidades de los migrantes, y que pueden incidir positivamente en el desarrollo económico del país”.

El proyecto fue presentado el 24 de julio de 2019 por el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, acumulándose el 6 de agosto siguiente con otra presentada el 20 de julio de ese año por los senadores Andrés García (La U) y Andrés Cristo (Partido Liberal), y los representantes Neyla Ruiz (Alianza Verde), Alfredo Deluque (La U) y Edgar Díaz (Cambio Radical).