LA CONTROVERSIA jurídica por el secuestro de más de 76 policías a manos de una turba de campesinos que se tomó violentamente las instalaciones de una empresa petrolera en la vereda Los Pozos, de San Vicente del Caguán (Caquetá), aumentó ayer.

Como se sabe, el jueves el Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar inició investigación en contra del coronel Javier Antonio Castro Ortega, comandante de Policía del departamento de Caquetá, por lo hechos del pasado 2 de marzo, en donde resultaron muertos un policía y un campesino, y decenas de uniformados fueron retenidos por la llamada “Guardia campesina”.

En vista de que el coronel fue citado a diligencia de indagatoria pero compareció, sin “conocerse el motivo de su inasistencia”, el juez penal militar ordenó su captura.

Según trascendió, al alto oficial se le investiga en torno a por qué no se le prestó apoyo a las unidades policiales, que terminaron siendo despojadas de sus equipos de protección antidisturbios, en tanto que se les privó de la libertad por más de 40 horas. He hecho, el uniformado asesinado fue agredido cuando ya se encontraba en poder de sus captores.

Aunque en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada, negó que los policías estuvieran secuestrados y que en realidad fueron objeto de un “cerco humanitario”, esa afirmación no solo generó una gran controversia política, sino que la Fiscalía y la Procuraduría abrieron sendas investigaciones. De un lado, para establecer los autores del secuestro y, de otro, para indagar sobre la conducta de los ministros y demás altos funcionarios que estuvieron dialogando con los líderes de la protesta, que alegaban presuntos incumplimientos de la petrolera china Emerald Energy. Como se recuerda, las instalaciones fueron violentadas y unos días después la empresa pidió al Gobierno suspender el contrato de explotación de crudo en esa zona.

En su momento, el propio presidente Gustavo Petro justificó que la Policía ni el Ejército hubieran utilizado la fuerza para rescatar a los uniformados, indicando que la acción militar habría podido desembocar en una masacre.

De hecho, la noche del jueves, tras conocer la orden de captura al coronel, el Presidente trinó: “Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá”.

• Le puede interesar: Partido Conservador debe pasarse a la oposición: senador Marín

Estaba enfermo

Frente a la inasistencia del coronel a la citación de la Justicia Penal Militar, ayer el Ministerio de Defensa emitió un comunicado: “El coronel no ha podido asistir a los requerimientos de la justicia Penal Militar por cuanto tiene una situación de calamidad familiar por la muerte de su señor padre, además de encontrarse excusado del servicio por afectación de salud”.

Agregó que el coronel fue notificado de la citación a indagatoria en la noche del miércoles, con el propósito de que se presentara al despacho judicial con su abogado al siguiente día, jueves en la mañana.

De acuerdo con el Ministerio, el coronel “ingresó en la noche del miércoles al Hospital Central de la Policía Nacional y salió el jueves a las 5:32 horas, con una incapacidad médica por cefalea. Esa misma mañana se excusó ante la justicia justificando su inasistencia; no obstante, le fue emitida una orden de captura”. 

También se conoció que se interpondrá una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que se establezca si incurrió en algún delito por sus órdenes en cuanto a la actuación de la Fuerza Pública en los hechos de Los Pozos.

De otra parte, se sabe que tanto la Fiscalía como la Procuraduría indagarán lo afirmado por el director de la Policía, general Henry Sanabria, en torno a que lo que hubo en el Caquetá no solo fue un secuestro sino que los manifestantes amenazaron con asesinar a siete policías e, incluso, la clave para lograr la liberación de los uniformados fue que el ministro Prada “…prácticamente se canjeó por los policías”.

Sin embargo, Prada desmintió al director de la Policía, recalcando que “no hubo tal cosa -canje- sino el cumplimiento de un condicionamiento para avanzar en el diálogo: la liberación sanos y salvos de los 78 policías”.