Cuestionan artículos del Plan Nacional de Desarrollo
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, afirmó que la primera perla del Plan de Nacional de Desarrollo es “la autorización para que celebren contratos directamente con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de lo que se denomina la economía popular y comunitaria, a través de unas asociaciones públicas; sin reglas específicas y normativas”. A su vez, identificó una segunda perla, la jefe del Ministerio Público indicó que esta es una forma de desviar la vigilancia y la regulación de muchos dineros públicos por medio de estas figuras, que permiten que haya una contratación directa y a dedo, porque no hay certeza que se cumplan con los requisitos exigidos o la capacidad técnica para satisfacer las necesidades. La funcionaria manifestó su preocupación por esta primera revisión, pues con estas modalidades de contratación podría haber desviación de recursos con fines políticos o electorales.
Proyecto para cumplir sentencias de tribunales de DDHH
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Por el cual se dispone la aplicación en el derecho interno de las sentencias, dictámenes y demás decisiones de tribunales internacionales e instancias multilaterales competentes de derechos humanos y DIH’. La iniciativa fue entregada por el Canciller Leyva en la Secretaría General del Senado y ante la presidenta de la Comisión Segunda, Gloria Flórez. 'La presente ley tiene como finalidad asegurar el cumplimiento y la ejecución de las sentencias, dictámenes y demás decisiones de los tribunales internacionales e instancias multilaterales competentes de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y prevenir y sancionar la omisión de estos deberes', señaló el ministro de Relaciones Exteriores. La iniciativa compromete al Estado y a las entidades competentes a acatar las sentencias, medidas cautelares y otras decisiones, lo que crea la obligación de garantizar lo pactado en su derecho interno, tanto en normas sustantivas como procesales.