OTRO RÉCORD. Con apenas dos años y medio de gestión el gobierno Petro ya se convirtió en la administración que más titulares de la DIAN ha tenido en tan corto tiempo. El primer designado fue Luis Carlos Reyes, quien pese a haber cumplido las metas de recaudo que se había trazado para 2023 terminó siendo designado ministro de Comercio en junio pasado. Lo sucedió al frente de la entidad Jairo Villabona, quien acaba de ser relevado, precisamente, porque tampoco cumplió con los estimativos de ingresos por impuestos en 2024. Todo hace indicar que su sucesor será el actual titular de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás. Visto lo anterior, la inestabilidad en la DIAN empieza a competirle a otras entidades de alta rotación en sus titulares, como el Ministerio de Cultura, el Invima o el Departamento Administrativo de la Presidencia.

EN PROBLEMAS. Algunos de los líderes de los partidos y movimientos políticos que aceptaron entrar a la colectividad que creará el Pacto Histórico están empezando a tener problemas con sus bases regionales: ¿La razón?, varios líderes departamentales y municipales consideran que haber resignado la personería jurídica propia se les va a convertir en una especie de cuello botella para aspirar a la oportunidad de postularse a la Cámara de Representantes en los comicios de 2026. Como es apenas obvio, ese chance se cierra en gran parte, ya que la puja por hacer parte de las listas a la Cámara en el nuevo partido petrista será muy fuerte, debido a que habría un codo a codo entre los alfiles de no menos de siete fuerzas distintas. Incluso, parece claro que muchos de los que hoy ocupan escaños tratarán de repetirlo y eso cierra espacios para otros aspirantes.

PRECAUCIÓN MEDIÁTICA (I). Según conoció un periodista de EL NUEVO SIGLO, en el cónclave que tuvo el alto gobierno al comienzo de esta semana para analizar la gestión de 2024 y lo que está proyectado para 2025, una de las recomendaciones finales del presidente Petro a los ministros y demás altos funcionarios fue la de tener máxima cautela a la hora de comunicarle a la opinión pública cuáles programas, proyectos y obras terminarán siendo cancelados o recortados por efecto de la crisis fiscal que arrastra el Gobierno Nacional Central y los tijeretazos presupuestales que se aplicaron a la mayoría de las entidades.

PRECAUCIÓN MEDIÁTICA (II). Según trascendió, al Gobierno le preocupa el impacto que los menores rubros de inversión y gastos de funcionamiento van a tener en la opinión pública y, sobre todo, en las bases políticas de la centroizquierda, precisamente momentos en que toma ritmo la campaña de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026. Por lo mismo, se instruyó al gabinete y demás voceros del Ejecutivo a que recalquen el mensaje a la ciudadanía en torno a que se recortarán lo más posible gastos de funcionamiento, viajes y nómina con el fin de blindar al máximo los recursos de inversión social.

VAN A REVENTAR. Un reconocido empresario del sector de la construcción les dijo a varios periodistas, en el marco de un desayuno que citó para presentar las perspectivas de su empresa para este año, que los recortes a los subsidios de vivienda, sobre todo del programa Mi Casa Ya, llevarán “muy seguramente” a que miles de familias aspirantes residencia propia empiecen a desistir de estos procesos porque se “van a reventar”. En un mensaje directo a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, el empresario previó que el Ejecutivo tendrá que acudir a algún tipo de medida ordinaria o extraordinaria para reponer la totalidad de los subsidios y reinstalar la tasa de interés subsidiado porque, de lo contrario, el valor de las cuotas sin estos beneficios se encarecerá entre 30 y 40%, haciéndolos prácticamente impagables para un hogar de bajos o medianos ingresos.

AGENDA OCULTA. Un parlamentario del Centro Democrático le dijo a un periodista de este Diario que el Gobierno está manteniendo una agenda oculta en la que instruyó al ministro de Hacienda, Diego Guevara, para que realice un estudio sobre qué entidades públicas o en las que la nación tenga algún grado de participación accionaria podrían llegar a ser privatizadas. “… No solo es el tema de enajenar la participación oficial del 32,5% en Colombia Telecomunicaciones −operador de Movistar y correspondiente al porcentaje restante de la liquidada Telecom−, sino que se tiene la lupa encima de otras entidades… Lo que pasa es que la Casa de Nariño quiere mantener todo bajo reserva para no perder el apoyo de los sindicatos públicos en año electoral”, señaló la fuente consultada.

MUY AFANADOS. En el Concejo de Bogotá hay quienes piensan que hay “mucho afán” en una serie dirigentes, incluidos cabildantes, que desde ya empiezan a dejar entrever que estarían interesados en ser candidatos a la alcaldía en octubre de 2027. Se trata, obviamente, de aspiraciones excesivamente tempraneras, ya que Carlos Fernando Galán acaba de cumplir su primer año de gestión. El afán también es de algunos analistas, quienes sostienen, por ejemplo, que, si la exalcaldesa Claudia López, que se da por descontado será candidata a la presidencia el próximo año, no llega a salir avante en esa intención, seguramente podría lanzarse para un segundo mandato en el Palacio Liévano.

EN ESTE YA NO FUE. Con esas palabras el gerente de una las principales empresas de servicios públicos calificó lo que va a pasar con la reforma a la Ley 142 de 1994, que regula todo en la materia. Según trascendió, el alto funcionario explicó que por más que el Gobierno lleve en este primer semestre el proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos que está prometiendo hace más de año y medio, la iniciativa no tendría el tiempo ni tampoco el escenario político favorable para poder ser aprobada este 2025. Sin embargo, tal como lo indicó el año pasado el director de Planeación Nacional, Alexander López, en el alto gobierno sostienen que el proyecto ya está muy avanzado en el borrador final y que la orden presidencial es radicarlo lo más pronto posible.

NI UN ACERCAMIENTO. A menos de cuatro semanas para que arranque el segundo tramo de la tercera legislatura está claro que las relaciones entre el gobierno Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, siguen en un punto muerto. No progresaron las recomendaciones que hicieron algunos parlamentarios de la coalición de centroizquierda para que el ministro Juan Fernando Cristo y otros altos funcionarios trataran de limar asperezas con el senador conservador y buscar algunos mínimos puntos de acuerdo sobre lo que debería ser la agenda legislativa entre mediados de febrero y junio. Por el momento, continúa sobre el tapete la postura férrea de Cepeda en torno a que no permitirá que el Gobierno siga intentando lesionar la autonomía del Congreso.