En cumplimiento con su compromiso de garantizar el derecho de todas las personas a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Gobierno nacional radicó para consideración del Congreso el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, firmado ante la
Organización de Naciones Unidas (ONU), en diciembre pasado.
Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, la firma del acuerdo es uno de los más importantes logros de la Gran Conversación Nacional. “Este Gobierno cumple su palabra. El señor Presidente se comprometió a blindar al país con el más robusto marco normativo que brinde las herramientas suficientes para aplicar nuestra máxima protección al medio ambiente”, dijo.
Lozano señaló que “radicamos ante el Congreso este proyecto de Ley que fortalece el rol de la sociedad civil en la política ambiental, con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales. Este acto confirma la voluntad del Gobierno de consolidar su liderazgo en materia ambiental, que muestra el compromiso con una gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable”.
El proyecto de ley, presentado con mensaje de urgencia y que impone obligaciones en cuanto a generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, incluye las firmas de las carteras ministeriales que se encargarán de su implementación: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, así como de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Su origen radica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, en donde se adoptó, entre otros, el Principio 10, el cual busca asegurar que los ciudadanos tengan acceso adecuado a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Este con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las presentes y futuras generaciones.
Luego, en junio de 2012, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), realizada en Río de Janeiro, varios países reafirmaron dicho compromiso mediante la Declaración sobre la aplicación del Principio 10. Colombia se adhirió el 17 de abril de 2013.
Finalmente, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron, en Escazú (Costa Rica), dicho Acuerdo Regional.
“Esperamos que el Congreso de la República acompañe por unanimidad esta iniciativa del Gobierno, con la cual no solo materializamos la voluntad de diversos sectores sociales y de nuestras comunidades, refrendado en el marco de la Mesa de Medio Ambiente de la Gran Conversación Nacional, inaugurada el pasado 28 de noviembre de 2019, sino que acogemos un tratado internacional muy importante para América Latina y el Caribe”, recalcó el Ministro.
El 11 de diciembre de 2019, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú.
De ser aprobado por el Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control automático por parte de la Corte Constitucional.
Así mismo, a nivel internacional, 11 Estados deben ratificarlo para que pueda entrar en vigor. A la fecha ya lo ratificaron 9 países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, además de Uruguay.
Así mismo, 13 países ya lo firmaron y están pendiente de su ratificación: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.