La Comisión de Acusación inició una investigación preliminar a partir de una denuncia ciudadana

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La apertura de una investigación preliminar al exmandatario Juan Manuel Santos fue anunciada ayer por el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Ricardo Ferro, del Centro Democrático.

Ferro explicó que “un ciudadano colocó una denuncia en la Comisión, en donde se pone de presente una entrevista de la periodista Vicky Dávila al ‘Ñoño’ Elías. Como es de público conocimiento el excongresista hizo unos pronunciamientos frente al tema de Odebrecht. Es obligación nuestra que a esas denuncias se les dé trámite. Por eso decidimos abrir investigación preliminar”.

Según dijo el parlamentario “el próximo 17 de junio se citará a Bernardo Elías para que podamos hacerle una serie de preguntas, determinar si hay lugar o no para avanzar a una investigación formal. A esa sesión podrá estar presente quien determine el expresidente Santos, además de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control”.

Dávila publicó el 12 de mayo una columna titulada “Dejen hablar al Ñoño”, en la que le solicitaba a la Corte Suprema de Justicia escuchar al excongresista quien le había asegurado que “sí hubo dineros de Odebrecht en la campaña de reelección de Santos y que él participó en la operación”.

Según publicó la revista Semana en su momento, Elías aseguró que “yo tuve un contacto con una persona que fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos, el cuál sabía perfectamente que se estaban dando unos recursos que venían de Odebrecht”.

Y agregó que en la campaña “hubo dinero (…) Hubo plata de Odebrecht. La que se sabe y la que no se sabe. Tengo que contarle a la Corte lo que sucedió en esa campaña, no solo de Odebrecht, de otras cosas. Los recursos que se me entregaron me los gasté en la campaña de 2014 y algo para el tema de la paz”.

El expresidente Santos se vio implicado el 15 de marzo de 2017 cuando el gerente de su campaña Roberto Prieto reconoció que por concepto de 2 millones de afiches propagandísticos para la campaña de Santos Presidente 2010, de la cual hizo parte, Odebrecht le pagó irregularmente 400.000 dólares a la empresa panameña Impressa Group Corp, que pertenecía a María Fernanda Valencia Falquez y Félix Otto Rodríguez Plata.

En su momento Santos calificó el hecho como un asunto bochornoso y pidió a los implicados que aclararan los hechos y a las autoridades que investiguen y “sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción”.

“Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, puntualizó el expresidente en su momento.

En febrero del año pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) con una votación de 6 a 2 decidió archivar la investigación que se adelantaba contra la campaña de Santos, debido a que los hechos habían sucedido más de dos años antes de la investigación.

Sin embargo, luego el CNE decidió designar una comisión especial de tres magistrados para que investiguen si el Partido Liberal recibió dineros de Odebrecht.

Los encargados de la investigación son los magistrados Doris Ruht Méndez, Renato Rafael Contreras y Luis Guillermo Pérez. La investigación comenzó tras una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en la que se advertía que la empresa Gistic Soluciones Integrales aparentemente gestionó dineros que presuntamente ingresaron a la campaña de Santos y el Partido Liberal.

Intermediarios

El martes la Fiscalía anunció que le imputará cargos al empresario caleño Esteban Moreno, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht. Según ha trascendido, Moreno habría sido el puente entre la multinacional brasilera y la campaña de Santos. Moreno ha sido cercano al Partido Liberal.

El 25 de junio se le imputarán cargos a Moreno, así como a sus socios Ángel Sanmiguel y Javier Torres, por el delito de lavado de activos.

Según las investigaciones, el empresario habría usado las empresas RGQ Logistics y Logistic Soluciones Integrales SAS para que ingresara el dinero producto de las coimas.

En 2017 los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana les solicitaron a los entes de control que se investigara a Moreno por supuestos pagos de más de $3.800 millones a la campaña de Santos. Además, pidieron investigar otros $3.900 millones que se habrían girado para cancelar deudas de la campaña.

En abril, una denuncia interpuesta en el despacho del exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa señaló al empresario Moreno de tener un vínculo con Odebrecht con base en pagos de la multinacional a RGQ Logistics. De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio obtuvo del computador de Álvaro Quimbaya, representante legal de RGQ Logistics, documentos y chats que confirmarían el nexo.

Ruta del Sol

Las actividades ilícitas de Odebrecht se empezaron a conocer a raíz de las irregularidades detectadas en la construcción de la Ruta del Sol II. Por las anomalías en ese megacontrato ya fue condenado José Elías Melo, quien al parecer recibió una coima de 6,5 millones de dólares. Melo fue condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

El ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, también fue condenado por favorecer a la multinacional brasileña. Además, ya fue condenado Prieto quien al parecer hizo un contrato entre una de sus empresas y Odebrecht para elaborar unas supuestas encuestas.

El caso Odebrecht y los tentáculos que tuvo en el poder colombiano aún no está resuelto. La Corte Suprema de Justicia aún investiga al llamado grupo de los Buldócer, varios congresistas que al parecer eran los encargados de hacer el enlace entre la multinacional brasileña y los altos funcionarios del Estado encargados de adelantar la licitación pública.

El ‘Ñoño’ Elías es uno de los exsenadores señalados de ser ese enlace. Otro es Musa Besaile. Ambos en este momento se encuentran capturados y a la espera de que la Corte Suprema de Justicia defina su situación jurídica.

En este contexto, ayer fue aplazada la audiencia en la que se iban a recibir los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, sobre la presunta participación del excongresista Plinio Olano en el grupo Buldócer.

Aunque la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia adelantó la logística para poder tener los testimonios por videoconferencia, no se logró una respuesta de las autoridades de Brasil, debido a la complejidad del trámite.

Esas declaraciones fueron solicitadas por la defensa de Olano y en ellos insistirá la Corte, por lo que decidió dar un tiempo más para obtenerlos.