LA MINISTRA de Educación, Aurora Vergara Figueroa, explicó en compañía del equipo directivo del Ministerio de Educación y la Consejería Presidencial para la Juventud, los detalles y alcances de las primeras versiones de los dos proyectos de ley que buscan regular el derecho fundamental a la educación y reformar la Ley 30 de 1992.
Ambas propuestas serán discutidas ampliamente con la comunidad académica y la sociedad civil antes de ser radicadas para su respectivo trámite ante el Congreso de la República.
Proyecto de ley estatutaria
El proyecto de ley estatutaria que busca regular la educación como derecho fundamental representa un cambio importante en la legislación colombiana. Según la ministra Vergara Figueroa, "la Constitución de 1991 le otorga este derecho a la población entre los 5 y 18 años. Nuestra propuesta busca ampliar el rango a partir de los 3 años hasta los estudios universitarios".
A su vez, este proyecto permitirá actualizar el sistema educativo colombiano a los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. Al respecto el viceministro de Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez, afirmó que "la ley estatutaria es una deuda por saldar para cumplir los mandatos constitucionales".
El proyecto fortalece la educación preescolar desde los tres años, la formación integral en la educación básica y la articulación de la educación media con los estudios superiores. Así mismo establece disposiciones para garantizar este derecho a las personas adultas y poblaciones especiales como las privadas de la libertad. También propone una hoja de ruta para que los pueblos étnicos diseñen sus políticas educativas.
Con respecto a la creación de un grado 12 obligatorio, el equipo del Ministerio enfatizó que es una errada interpretación que han hecho los medios de comunicación, y aclaró que los estudiantes de educación media se seguirán graduando en el grado 11.
"Nadie ha dicho que en Colombia el bachillerato no terminará en el grado 11. Los grados 12 o 13 existen por ejemplo en las Escuelas Normales Superiores. Lo que queremos es que una de las estrategias para fortalecer la articulación entre la educación media con la universitaria sea que los colegios o escuelas implementen un grado para que los estudiantes empiecen a tomar materias universitarias, de acuerdo con los convenios que hagan con las instituciones de educación superior. Pero vuelvo y repito, un nuevo grado no será obligatorio, solo brindaremos las herramientas para fortalecer esta posibilidad", afirmó el viceministro Óscar Sánchez.
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Reforma a Ley 30 de 1992
En consonancia con el proyecto de ley estatutaria, la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 busca transitar de una visión de la educación superior como un servicio público a un derecho fundamental. Es una nueva hoja de ruta sobre el financiamiento de la universidad pública, el bienestar universitario, la interculturalidad, la autonomía y el rol que tiene la calidad, la inspección y la vigilancia de la educación superior.
Esta primera versión de la reforma contiene las propuestas recibidas en los escenarios participativos promovidos por el Ministerio de Educación como los Diálogos permanentes por la Educación Superior y las Asambleas estudiantiles populares, realizados a lo largo y ancho del territorio nacional, en los que participaron movimientos estudiantiles y profesorales, agremiaciones del sistema mixto, sindicatos, rectores y rectoras de las IES privadas y estatales, designados del presidente de la República ante los consejos superiores, congresistas, trabajadores del sector, entre otros actores de la comunidad educativa.
Al respecto la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, afirmó que "desde la Presidencia de la República hemos estamos comprometidos con la participación activa de los jóvenes, que han participado en las asambleas populares, allí los escuchamos y tomamos atenta nota sobre sus pedidos en torno a la autonomía universitaria, cogobierno, financiación de la educación, bienestar universitario, entre otros temas que se han incluido en esta propuesta y que se seguirá discutiendo hasta lograr la mayoría de consensos".
Las apuestas del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 están encaminadas a cerrar brechas en el acceso, permanencia y graduación de los y las estudiantes; fortalecer la autonomía y gobierno de las IES; garantizar la financiación de las IES estatales; darle un nuevo estatus a la educación técnica; a la transformación productiva desde el conocimiento, en armonía con la naturaleza; a la prevención y atención de las violencias basadas en género; y contribuir a la construcción de paz.