Chile aprobó ayer, con cerca del 80% de aceptación, iniciar un proceso de dos años de redacción de una nueva Constitución, que el presidente Sebastián Piñera espera que calme al país y restaure la estabilidad destrozada por las protestas que comenzaron el año pasado por el descontento de amplios sectores populares.
La Constitución chilena cumplió 40 años y desde su promulgación ha dividido a los ciudadanos entre aquellos que atribuyen a la Carta el haber sentado las bases para un crecimiento económico robusto y aquellos que la critican por socavar los esfuerzos para mejorar las condiciones sociales y perpetuar el modelo político heredado de la dictadura.
Están en juego las reglas fundamentales que gobiernan la nación de 18 millones de habitantes y el futuro de una de las economías más exitosas de América Latina que se encuentra en su período más tumultuoso desde su regreso a la democracia en 1990. La confianza pública en las instituciones de Chile se ha derrumbado en medio de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que comenzaron en octubre pasado y se reanudaron la semana pasada.
“Nuestras instituciones democráticas están deshonradas y desacreditadas como nunca antes”, dijo Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile. "Veo este proceso casi como un nuevo comienzo, como un segundo nacimiento".
A su turno el presidente Piñera dijo que el país necesita una Constitución que una a los chilenos mientras mantiene las protecciones del mercado, ya sea redactando una nueva o modificando la constitución actual. Tarea que planeará ahora disyuntivas difíciles de resolver.
Las urnas abrieron a las 8 de la mañana hora local y se extendieron por 12 horas, con un horario especial para los mayores de 60 años. Pese a que un grupo de manifestantes se enfrentó con la Policía en la Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones la jornada trascurrió en calma.
Declive institucional
La confianza pública en varias de las instituciones más importantes de Chile se ha desplomado durante las últimas décadas.
Aquellos que presionan por una nueva constitución quieren un documento que mejore la responsabilidad democrática, proporcione una serie de derechos sociales y aumente el papel del estado en la economía.
Por su parte los líderes empresariales aseguran que la fuerte garantía de los derechos de propiedad y el estado de derecho de la Carta han ayudado a que la economía de Chile despegue y ha generado prosperidad para millones. Les preocupa que la nueva carta obligue al gobierno a gastar de más, una tendencia en otros países de la región lo que podría en riesgo el desarrollo económico.
América Latina tiene una larga historia de reescritura de constituciones que cargan a los gobiernos con onerosos costos tal y como sucede en Venezuela, Bolivia y Ecuador que en teoría garantizan la vivienda, la seguridad social y la investigación tecnológica aunque realmente no terminen logrando ningún resultado tangible.
Los partidarios del plebiscito de Chile dicen que no quieren modelar su Constitución en ningún otro país. Pero algunos analistas políticos dicen que una nueva carta corre el riesgo de convertirse en un documento pesado lleno de mandatos imposibles de financiar para satisfacer las crecientes demandas sociales durante la aguda recesión económica y un año electoral.
Puntos críticos
Una encuesta reciente evidencio que el 93% de los chilenos quieren una nueva constitución para garantizar la educación y la atención médica gratuitas, más del 70% quiere que el poder político sea más equilibrado entre el ejecutivo y el legislativo y 50% cree que el banco central debería seguir siendo autónomo, una medida constitucional que, según los economistas, le ha permitido a Chile evitar una inflación galopante como en la vecina Argentina.
Todos estos temas sin duda estarán en el centro del difícil debate que iniciará ahora y será la verdadera disputa mucho más importante y álgida que la librada hoy.
También existen demandas para reconocer mayores derechos de los indígenas mapuche, una comunidad históricamente marginada que tiene una disputa de tierras prolongada y a menudo violenta con la industria forestal en el sur de Chile.
La batalla actual por la constitución tiene sus raíces en la dictadura del general Augusto Pinochet, que tomó el poder del presidente socialista Salvador Allende en 1973. En 1980 el mandatario de facto promulgó una nueva constitución que a la fecha ha sido enmendada más de 50 veces y despojada de la mayoría de las medidas consideradas antidemocráticas. Una reforma de 2005 eliminó el nombramiento de senadores no electos de por vida, puestos ocupados por el general Pinochet y otros oficiales militares. El entonces presidente Ricardo Lagos dijo que los cambios completaron la transición de Chile a la democracia.
Lo que está en juego
La decisión de celebrar un plebiscito sobre la constitución en respuesta a la protesta pública fue importante, particularmente en una región donde la confianza en el gobierno cayó del 45% en 2010 al 22% en 2018, según los últimos resultados de la encuesta de opinión pública Latinobarómetro.
“Hay mucho en juego” dijo Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House. Las frustraciones de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos como la atención médica o el transporte, o el acceso a trabajos formales con beneficios y pensiones, solo se han agravado durante la pandemia, dice.
También existen preocupaciones económicas. La duración de todo el proceso, incluida la probabilidad de desacuerdo sobre la mejor manera de avanzar después de la votación, podría generar meses de incertidumbre para los inversores internacionales.
Aunque Sabatini se muestra escéptico de que un cambio en la constitución produzca el cambio estructural y sistémico que los ciudadanos claman, tiene la esperanza de que la nación atraviese este momento tenso, dado su historial de estabilidad y una cultura de adherencia a las normas y reglas. “Si algún país está equipado para lidiar con esto de una manera constructiva, es Chile” dice.
El plebiscito que permitió aprobar la propuesta de redacción de una nueva constitución, determino también con más del 80% de los votos, que deberá hacerlo una "Convención Constitucional", de 155 ciudadanos de los distritos electorales establecidos para la elección de legisladores nacionales. Aunque es un número impar está establecido que el 50% de los miembros de la Convención deberán ser mujeres lo que la convertirá en el primer organismo del mundo en redactar una constitución nacional con total paridad de género.
Ahora el presidente debe convocar una elección para elegir a los miembros de una convención constitucional el 11 de abril de 2021, al mismo tiempo que se celebrarán elecciones para alcaldes, miembros del consejo local y gobernadores.
Una vez elegido, el órgano a cargo debe redactar y adoptar un texto propuesto para una nueva constitución dentro de nueve meses; este plazo puede extenderse, una sola vez, por tres meses adicionales. De acuerdo a cómo fue definido en el Acuerdo de Paz Social y la Nueva Constitución, el órgano constitucional debería adoptar las normas y reglamentos para que una votación requiera un quórum de dos tercios de los miembros.
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Un plebiscito para ratificar la nueva constitución, con voto obligatorio, debe realizarse 60 días después de la publicación en el Diario Oficial. Si se confirma la nueva constitución propuesta, el Presidente de la República promulgará la nueva Constitución de la República.