Ni siquiera el confinamiento estricto en todo el país por cuenta de la pandemia del coronavirus detuvo la oleada de crímenes de excombatientes, líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, además de las masacres en regiones que antes fueron ocupadas por la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Como dijo el presidente Iván Duque esta semana, justamente la muerte de reinsertados y líderes de derechos humanos “es uno de los puntos que no han salido bien” del Acuerdo de Paz suscrito hace cuatro años con las Farc, y constituye uno de los grandes retos para las próximas dos administraciones.
Cifras oficiales de la Misión de Verificación de la ONU dan cuenta de que desde que se firmó el Acuerdo de Paz han sido asesinados 237 excombatientes, 63 de ellos en lo que va de este año, además de los líderes y lideresas sociales en todas las regiones del país.
“Una de nuestras principales preocupaciones es el tema de seguridad de excombatientes y la seguridad de las comunidades y sus territorios”, le dijo la semana pasada a EL NUEVO SIGLO Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, al referirse a que son, precisamente, las propias disidencias de las Farc los principales causantes de estos crímenes, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Masacres en ascenso
Y no le falta razón al diplomático, si se considera que además de los asesinatos selectivos de reincorporados, en la mayoría de territorios donde están presentes también es donde se han registrado masacres colectivas.
Un informe de la Corporación Ideas para la Paz, Indepaz, muestra que con corte al pasado 22 de noviembre se habían registrado en todo el país 306 personas asesinadas en 77 matanzas.
Antioquia con 18 masacres y Cauca con 12 son las dos regiones en donde mayor número de asesinatos se han presentado a lo largo de 2020, por razones muy similares como explicó a este Diario el director de Indepaz, Camilo González Posso: las disidencias de las Farc, las bandas criminales, el Eln y el ‘Clan del Golfo’, principalmente, se disputan los territorios donde anteriormente estaba esa guerrilla y que son corredores estratégicos para el negocio de las drogas.
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Pero no son las únicas regiones afectadas por los coletazos del conflicto. Nariño con nueve masacres, Norte de Santander con 6, Putumayo con 4 y Cundinamarca, Bolívar, Chocó, Valle y Córdoba, con tres masacres cada uno respectivamente, dan cuenta de que la violencia no ha cesado, ni siquiera en época de pandemia.
Líderes sociales
La otra cara de esa violencia son los líderes y lideresas sociales, en su mayoría reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos en zonas de conflicto.
Solo en lo corrido de este año, según el más reciente informe revelado hace apenas dos semanas por la ONG Somos Defensores, da cuenta de que a mediados de noviembre se habían registrado 251 asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. De ellos, 84 en el Cauca y 26 en Antioquia. Es decir, en promedio seis crímenes cada semana, lo que equivale casi a uno diario.
Dice el informe que, paradójicamente, desde la firma del Acuerdo de Paz, en vez de bajar este indicador se ha aumentado, pues desde entonces a la fecha se han registrado 1.055 homicidios.
Somos Defensores sostiene que los asesinatos de líderes y lideresas aumentaron en 61% entre enero y junio de 2020, “lo que demuestra que ni la pandemia ha frenado esta espiral de violencia”.
Tanto Indepaz, como la ONU y Somos Defensores, coinciden en que esta situación se explica porque los territorios donde más se registran esas muertes violentas están siendo copados por otros actores armados que quieren apropiarse de estos, en su mayoría corredores estratégicos, para negocios ilícitos como narcotráfico, comercio ilegales de minerales, armas, madera, contrabando, etc.
Tanto El Catatumbo como el bajo Cauca antioqueño, Nariño, Cauca, los Llanos Orientales y el sur del país son regiones donde se libran varias guerras al tiempo pues ante la desmovilización de las Farc han surgido otros actores violentos que en ocasiones se unen pero casi siempre están en guerra entre ellos para apropiarse de esas zonas, dicen los expertos.
Violencia política
Pero no solo la violencia se explica por hechos atribuibles a disputas por los territorios, sino que en muchos casos la gran cantidad de muertes tiene un objetivo político, de acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Este colectivo mostró esta semana que los líderes sociales concentran el 54,2% de los hechos de violencia contra los líderes políticos, sociales y comunales en los primeros diez meses de 2020, y particularmente en lo que va del segundo semestre de este año donde se ha concentrado el 64% de estos asesinatos.
La MOE registró 411 hechos de violencia en los primeros 10 meses del año, cifra que evidencia cómo las afectaciones contra los distintos tipos de liderazgo están lejos de llegar a su fin.
El estudio consigna que “si bien, durante los periodos de confinamiento este fenómeno de violencia se redujo significativamente, durante el último trimestre analizado se registró un aumento preocupante”.
En el periodo analizado la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales mantiene la tendencia observada en años anteriores, y se concentra en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena.
Por su parte, de los 137 asesinatos ocurridos en el periodo analizado, el 62% se perpetraron en zonas PDET, priorizadas por el Gobierno nacional.
El feminicidio
La otra arista de la violencia tiene rostro de mujer. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en los primeros diez meses del año en todo el país se registraron 769 homicidios en mujeres.
La Fiscalía General de la Nación le confirmó a este Diario que con corte al 8 de noviembre pasado, se registraron 149 casos de feminicidio, una cifra que aunque menor en 26,96% frente al mismo período del año pasado, sigue siendo muy preocupante.
Sin embargo, este organismo sostiene que de febrero a la fecha se ha avanzado en 94% en el esclarecimiento de estos hechos.
Por regiones siguen siendo Valle del Cauca con 30 casos en 2020; Antioquia con 17 y Bogotá con 13, las zonas más afectadas por los crímenes contra las mujeres.