El Congreso acaba de aprobar, por iniciativa del Gobierno, la reforma disciplinaria y al régimen de carrera, en el marco de la más ambiciosa transformación integral de la Policía Nacional, que hace énfasis en la aplicación de los principios y protocolos de derechos humanos, la certificación de los procesos, un cambio en la imagen institucional y la modernización de la entidad, para lograr una mayor sintonía con los ciudadanos.
La reforma integral a la Policía Nacional fue anunciada en junio pasado por el presidente Iván Duque, después de los graves desórdenes que se presentaron entre abril y mayo de este año en protestas ciudadanas en diferentes lugares del país, en las cuales se denunciaron varios casos de presunto abuso de fuerza por parte de uniformados.
No obstante, en un proceso de permanente transformación la reforma a la Policía venía de tiempo atrás, pues como lo indicó el presidente Duque, en “los últimos meses de Carlos Holmes Trujillo García (falleció en enero pasado) en el Ministerio de Defensa, donde junto con el doctor Diego Molano, entonces director del (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) Dapre, y hoy Ministro de la Defensa, con los equipos de generales, con los asesores de nuestra Policía se estructuraron y se le dieron vida a importantes decretos que abren aún más el escrutinio y los protocolos para el actuar cuando se presentan hechos relacionados con disturbios, con violencia o con afectación a la ciudadanía”.
El pasado 20 de julio, el ministro Molano radicó en el Congreso con mensaje de urgencia dos proyectos de ley fundamentales para la transformación integral de la Policía, como son el nuevo Estatuto Disciplinario y el nuevo Estatuto de Carrera y Profesionalización.
En esa oportunidad el Ministro de Defensa explicó que "se trata del proyecto de ley Estatuto de Carrera y Profesionalización y el proyecto de ley Estatuto Disciplinario Policial, con los que se espera mejorar la calidad del servicio que presta la Policía Nacional de cara a las demandas ciudadanas, al contexto actual y futuro del país".
En ese propósito el Congreso también se comprometió, y tras un intenso debate y audiencias públicas por cerca de cinco meses, las plenarias del Senado y Cámara aprobaron entre martes y miércoles pasado las respectivas conciliaciones. Los textos pasan a sanción presidencial.
- Le puede interesar: Peñalosa sería avalado por la U tras no alcanzar cifra de firmas
Mecanismos para transformación
El nuevo Estatuto de Carrera y Profesionalización de la Policía crea la categoría de patrullero, que integrará la jerarquía policial junto con las de agentes, suboficiales, nivel ejecutivo y oficiales.
Así mismo, avanza en el fortalecimiento de la profesionalización de la policía.
El texto también hace ajustes al proceso de incorporación del personal, desde la inscripción y selección del aspirante a oficial o a nivel ejecutivo, previendo unos requisitos más exigentes para hacer parte de la Policía Nacional.
Uno de los aspectos en que más enfatiza este Estatuto de Carrera es en la educación policial, en aras de la profesionalización y de mejorar el servicio.
En este sentido se creará el Consejo Superior de Educación Policial como el órgano colegiado de carácter consultivo asesor y decisorio en esta materia.
De igual forma, se creará el Centro de Estándares de la Policía Nacional, encargado de establecer los parámetros mínimos profesionales para la prestación y mejoramiento del servicio, así como las competencias del personal uniformado.
Este Centro de Estándares deberá realizar investigación de campo y tener en cuenta la doctrina institucional, así como los insumos que pueda aportar la ciudadanía, la academia y personal de la reserva policial para el fortalecimiento del servicio.
También el Estatuto aprobado contempla un plan de carrera a través del cual la Policía propenderá por armonizar las necesidades y objetivos institucionales, con las expectativas profesionales del personal en servicio.
De otra parte, el nuevo Estatuto Disciplinario Policial actualiza una norma que fue expedida hace 15 años.
Incorpora y se hacen transversales los estándares internacionales de los pactos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Colombia.
La acción disciplinaria se aplicará cuando el uniformado transgreda este Estatuto o se vulnere la protección de los derechos fundamentales.
La futura norma establece que las actuaciones disciplinarias se harán con el respeto a la dignidad humana, al debido proceso y a los derechos fundamentales de los uniformados.
Uno de los aspectos novedosos en el nuevo Estatuto es que establece un sistema de garantías que permite al ciudadano formular y hacer seguimiento en línea a las peticiones o quejas que presente a la Policía Nacional.
Recibida la queja, la institución está obligada a iniciar las acciones inmediatamente.
En este sentido, establece también que el Inspector General de la Policía deberá hacer un reporte semestral a la ciudadanía sobre los avances en las investigaciones disciplinarias.
Igualmente se crea la figura de inspector para las manifestaciones públicas, quien deberá cerciorarse de que las actuaciones de los uniformados se den dentro de los protocolos y el respeto por los derechos humanos.
Aparte de los dos proyectos que acaba de aprobar el Congreso, para la transformación de la Policía prevé la creación de la Dirección de Derechos Humanos en la institución.
Así mismo, la puesta en marcha del servicio de "Policía del Vecindario", el fortalecimiento de la tecnología y la implementación progresiva de la nueva identidad e imagen de la institución.
- Le puede interesar: Senadores ausentes en votación para bajar vacaciones
Respuesta a ONU
La aprobación esta semana por parte del Congreso de los dos proyectos de ley para avanzar en la transformación de la Policía, coincidió con un informe que presentó la Oficina en Colombia de Derechos Humanos de la ONU, sobre lo que consideró las lecciones aprendidas del paro de abril y mayo pasado, que en algunos casos degeneró en graves desórdenes.
El informe señala que “entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala”.
Agrega que “según la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”.
La Oficina de la ONU hizo recomendaciones, entre otras, “reformar de manera urgente la gestión de las protestas para evitar más pérdidas de vidas y personas heridas”.
La Cancillería se pronunció señalando que “en atención a lo planteado, el Gobierno nacional reitera su respaldo al derecho a la reunión pacífica y condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales. Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación”.
A su turno, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que “la Policía Nacional no ha dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia, la Policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden para que se haga y de igual manera la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría”.
A propósito de este informe el presidente Duque dijo que “cualquier conducta contraria a ese honor, la institución la investiga y contribuye a la labor de los organismos de control, legítimos, constitucionales, porque nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado y, mucho menos, se puede pretender hacer politiquería con el nombre de la institución y de las instituciones que le sirven a nuestro país”.
Añadió que “prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es en sí mismo un ataque a la institución y a las instituciones”.