Se llevó a cabo la audiencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tuvo como centro de atención el incidente de impacto fiscal promovido por el Gobierno contra la Sentencia C-489 de 2023, que declaró inexequible la prohibición de deducción de regalías del impuesto de renta.

La audiencia en la que participaron el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, y el demandante Carlos Edward Osorio, se desarrolló en dos ejes temáticos: primero, las alteraciones graves a la sostenibilidad fiscal y Regla Fiscal y las consecuencias de la Sentencia en las finanzas públicas; y segundo, los planes concretos para el cumplimiento del fallo.

En su intervención, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió en la “necesidad de modular la aplicación” de la sentencia mencionada. La razón es que, “cuando se estableció la reforma tributaria, tenía como objetivo generar ingresos estables y permanentes para el Gobierno. Eso va en la senda de garantizar que el Estado se financie adecuadamente y que recurra lo menos posible a la deuda u otros mecanismos”, explicó.

La estimación del Ministerio de Hacienda es que en 2023 hubo un recaudo anticipado que se solicita devolver de $3,4 billones. “La sentencia nos deja un problema de desfinanciamiento del presupuesto que conlleva alteraciones en la sostenibilidad fiscal, que es más amplio que la regla fiscal”, destaca el ministro.

Ingresos

Con la Sentencia, el ministro sostiene que se deja un vacío en los ingresos de $34,9 billones en el corto plazo de $6,7 billones en 2023-2024, en el mediano plazo de $7,3 billones entre 2025 y 2034 y en el largo plazo de $10,9 en 2035.

Sostuvo Bonilla que “podemos buscar alternativas para 2025 hacia adelante, pero los años 2023 y 2024 nos genera serias dificultades, pero en el corto plazo las alternativas son más deuda, recorte de gasto o buscar nuevos ingresos con una reforma tributaria” que sería para 2025 y no resolvería el hueco que se dejó en 2023 y 2024, de acuerdo con Bonilla.

Insistió que dichas alternativas tendrían un impacto en la sostenibilidad fiscal y terminaría impactando en la tasa de cambio, de interés y otros elementos relacionados con la estabilidad macroeconómica. De ambas tasas depende el endeudamiento.

“Los contribuyentes del sector hidrocarburos ya presentaron sus declaraciones de renta y tienen un saldo a favor de $2,2 billones y los mineros, de $2,5 billones. De tal manera, el saldo a favor es de $4,7 billones en las declaraciones registradas en 2024 de la vigencia 2023″, expresó Bonilla.

El Alto Tribunal suspendió transitoriamente la sentencia, que dejó sin efecto el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, más conocida como la reforma tributaria.

Este artículo prohibía que las empresas minero energéticas pudieran deducir las regalías de su impuesto de renta, por lo que el Gobierno iba a recaudar alrededor $10,34 billones en cuatro años.

Equidad

Cuando decidió esta situación, la Corte aseguró que la norma violaba los principios de justicia y de equidad tributaria, ya que se constituiría en una doble tributación para las petroleras y empresas carboníferas.

Luego de analizar la demanda de incidente de impacto fiscal, y luego de la audiencia, la Corte deberá decidir si acepta los argumentos del Gobierno o confirma la decisión inicial. Esta situación ha generado incertidumbre en el país debido a la coyuntura fiscal.

Ante esta situación, Javier Blel Bitar, de Deloitte Colombia, sostiene que con la reforma tributaria, “la norma que prohibía a las compañías del sector minero energético deducir las regalías pagadas al Estado por la explotación de recursos naturales, desde las etapas tempranas de su debate en comisiones sugería una evidente inconstitucionalidad, pues contravenía principios básicos del sistema tributario y contable colombiano en lo que respecta al alcance de la competencia legislativa para limitar o regular las deducciones del impuesto sobre la renta”.