La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes un recurso de apelación de Venezuela contra la reanudación de una investigación por denuncias de "crímenes de lesa humanidad" durante la represión de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en 2017.

Venezuela solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. Caracas argumentó que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial.

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Los magistrados de la CPI autorizaron en junio de 2023 al fiscal general del tribunal, Karim Khan, a reanudar la investigación argumentando que, en su opinión, Venezuela no parecía estar investigando las denuncias.

Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.

"La Sala de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión impugnada", informó el juez Marc Perrin de Brichambaut, magistrado del tribunal, con sede en La Haya.

"La Sala de Apelaciones no halla razones convincentes para apartarse del fallo" ya emitido, indicó el juez.

La indagatoria se centra en las denuncias sobre la represión de las manifestaciones desencadenadas por la detención de varios dirigentes de oposición y la decisión del Tribunal Supremo de disolver la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía mayoría.

Venezuela denunció ayer una "decisión infundada" por parte de la CPI "que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país", señaló en X la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que [...] han sido o están siendo investigados y sancionados por [...] el sistema de justicia venezolano", apostilló por su parte la Cancillería en un comunicado.

En cambio, el fiscal de la CPI aplaudió el fallo, que confirma, según él, que "los procedimientos penales nacionales del gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente el alcance de la investigación" prevista por su oficina.

La oenegé venezolana de derechos humanos Provea afirmó en la misma plataforma que tanto ella como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) aplauden la decisión, destacando "su gran relevancia en un clima de impunidad" y de "persecución de personas defensoras de derechos humanos".

En la misma línea, la oenegé Human Rights Watch consideró que el dictamen de la corte "es un rayo de esperanza para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro".

En 2018, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron la situación en Venezuela ante la CPI y la corte inició una investigación preliminar.

En noviembre de 2021, el fiscal Khan abrió una investigación formal y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.