DOS documentos fueron emitidos por la Defensoría del Pueblo, en donde se advierte de riesgos coyunturales sobre ecosistemas estratégicos en Colombia y biodiversidad y derechos humanos para el Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y Valle del Cauca, departamentos en los que está el Macizo Colombiano.

Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó que “la COP16 es una gran oportunidad para contarle al mundo el estado de la biodiversidad, hacer evidentes los diversos problemas, desafíos y obstáculos. Pero también, para robustecer, proponer e implementar estrategias de conservación y promover su protección de manera efectiva”.

Los documentos advierten sobre las graves amenazas que presentan los ecosistemas a causa de las minerías legal e ilegal, la deforestación y la expansión de cultivos de uso ilícito, agregó la Defensora, “las cuales no solo contaminan los recursos hídricos, sino que destruyen ecosistemas vitales y ponen en riesgo a la flora, la fauna y las comunidades, sobre todo porque hace falta control institucional”.

Hallazgos identificados

La conservación de las áreas protegidas se encuentra altamente amenazada: 75 extensiones claves de biodiversidad en el país están en concesiones mineras y existe un alto riesgo de la pérdida de los guardianes de la naturaleza, es decir, de la misma comunidad, así lo evidencian los informes de la Defensoría.

Además, en la ecorregión del Macizo Colombiano, donde confluyen los biomas Andino, Amazónico y Pacífico y la cual posee el 26.8% de la superficie de páramos del territorio nacional, la expansión de la agricultura intensiva, la minería ilegal y la deforestación ponen en riesgo la biodiversidad, pues dichas actividades destruyen hábitats, alteran los ciclos ecológicos y afectan la calidad del agua y del suelo.

Por su parte, el cambio climático representa una amenaza significativa, ya que modifica los patrones de precipitación y temperatura, afectando los ecosistemas y especies que dependen de condiciones climáticas específicas. La falta de datos actualizados, además, dificulta la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas de protección adecuadas.

Sumado a lo anterior, la presencia de conflictos armados crea un entorno de inseguridad que dificulta la implementación de políticas de conservación, así como la capacidad de las comunidades para gestionar sus recursos naturales de manera sostenible.

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

La entidad les hace más de 50 recomendaciones a diferentes instituciones del orden nacional y local sobre conservación, protección y preservación de los ecosistemas estratégicos y de biodiversidad.

“Les solicitamos a las autoridades ambientales implementar acciones de restauración ecológica de los ecosistemas afectados, consolidando los instrumentos de planificación, que permitan establecer un régimen ambiental de usos del suelo, asignando a cada zona una categoría de manejo que asegure su sostenibilidad”, llamó la Defensora del Pueblo.

Acorde con la Política de Biodiversidad, insta a las comunidades, sectores productivos y nuevamente a las autoridades ambientales a estimar de manera más precisa los valores asociados al uso y aprovechamiento de recursos naturales en el marco de la gestión integral de la biodiversidad, contemplando variables que propendan por la garantía efectiva de los derechos humanos.

De manera general, requiere del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Congreso de la República profundizar en la intervención de amenazas y vulnerabilidades que dan origen a los escenarios de riesgo sobre los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad del país.

También le pide al Ministerio de Educación la inclusión de programas de educación ambiental; al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, promover prácticas agrícolas sostenibles y la regulación del uso de agroquímicos, garantizando la capacitación para los agricultores sobre su manejo adecuado e impacto en la salud ambiental.

Al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, en coordinación con Parques Nacionales Naturales, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía, diseñar y ejecutar una estrategia para el cierre de las bocatomas ilegales de minería ubicadas en los municipios que conforman el Macizo Colombiano.

“Son necesarias, adicionalmente, actuaciones administrativas de medidas de protección, individuales y colectivas, a fin de preservar la vida, libertad e integridad de personas defensoras de derechos humanos y lideresas y líderes ambientales”, conminó la Defensora Iris Marín Ortiz.