La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial que arroja luces sobre el comportamiento de la inseguridad en el país a pesar de los considerables recursos asignados para combatirla de más de $220 billones entre 2018 y 2022.

El estudio, que aborda tres objetivos relacionados con la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PMCSC), definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, analizó la congruencia y relevancia de los mecanismos establecidos para la formulación y aplicación de dicha política, así como su ejecución presupuestal y su impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana en Colombia.

Contexto del Estudio

El estudio destaca la evolución del concepto de seguridad en América Latina desde los años 90, pasando de un enfoque meramente militarista a políticas de seguridad ciudadana que respondan a los cambios urbanos, migratorios y socioeconómicos en un contexto de seguridad humana. A pesar de esto, persisten factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de presencia estatal integral, que inciden directamente en la seguridad de las personas.

Se subraya la relación entre la pobreza y la seguridad, respaldada por datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), y se resalta cómo el conflicto armado en Colombia limita el desarrollo y aumenta la inseguridad en los territorios. Además, se señala el incremento de la desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad.

La perspectiva de Seguridad Humana

En el marco de la PMCSC surge la necesidad de una evaluación más exhaustiva que considere factores como el contexto de la pandemia y las actualizaciones metodológicas en la recopilación de datos.

Es evidente que el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, especialmente en el rubro de inversión, de casi el 40% entre 2018 y 2022, no parece haber generado una reducción significativa en las conductas delictivas, ni en el cumplimiento de los objetivos de la política durante el periodo analizado. Por lo tanto, se hizo necesario analizar en detalle el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en el componente policial, con el fin de identificar posibles deficiencias que puedan estar obstaculizando la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos asignados.

Además, se destaca que el comportamiento de los indicadores de seguridad varió significativamente durante la pandemia y el periodo posterior a ella. Así, en medio de las restricciones de movilidad se observó una mejora sustancial en las condiciones de seguridad en la mayoría de los municipios y ciudades capitales del país. Sin embargo, al levantarse estas medidas se produjo un aumento en el indicador inseguridad, lo que constituyó un empeoramiento de la seguridad en varios lugares del país, como Quibdó en el Chocó, Tame en Arauca, Valdivia en Antioquia y Puerto Lleras en el Meta, entre otros.

Conclusiones y recomendaciones

El estudio resalta la coherencia entre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la PMCSC, así como la importancia de sus estrategias preventivas, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, se encontró falta de correspondencia entre el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, sin una reducción significativa en las conductas delictivas.

Este estudio subraya la necesidad de abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral con un enfoque centrado en lo “humano”, teniendo en cuenta los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia de violencia e inseguridad, mediante la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad como elementos esenciales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La Contraloría General de la República señala la relevancia de una revisión integral de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, centrándose en la evaluación de su efectividad y en la identificación de posibles deficiencias en la planificación y ejecución de las inversiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Se hace un llamado para ejercer mayor control sobre la gestión fiscal y la utilización adecuada de recursos utilizados en los programas y proyectos vinculados a esta política, con un enfoque particular en la Policía Nacional.