Son cuatro los peros que ha planteado la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) respecto del proyecto de reforma a la salud que la semana pasada recibió mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque y el ministro Fernando Ruiz.

Así lo ha ratificado el presidente ejecutivo de Acemi, Gustavo Morales, quien a nombre del gremio que representa se pronunció este mes incluso antes que recibiera impulso del Gobierno el proyecto de ley número 10 de 2020 Senado, “por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del sistema de salud”.

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La iniciativa fue radicada el 20 de julio por la bancada de Cambio Radical con apoyo de las del Centro Democrático y el Partido Conservador, así como congresistas de otras colectividades. Las quejas del gremio de las grandes EPS son estas:

1. Se desaprovecha la oportunidad para precisar que la prima que se recibe por gestionar el riesgo en salud de los usuarios del sistema es un ingreso de las aseguradoras, que debe someterse a la más estricta regulación prudencial propia de las reglas mundialmente aceptadas que rigen a las compañías de seguros, y no constituye la mera y superficial administración de un recurso público.
    
2. No se fijan con claridad los límites del plan de beneficios cubierto por la prima, lo que pone el riesgo el carácter asegurador del sistema, pues no está clara la correspondencia entre lo que se cubre y la suma destinada para esas protecciones.
    
3. El proyecto impone un único modelo de atención homogéneo para todas las aseguradoras, con la cual se renuncia a la posibilidad de que compitan entre sí ofreciendo distintos modelos de atención que permitan la libre escogencia por parte de los usuarios.
    
4. Al establecer que el Estado girará por regla general todos los pagos directamente a los prestadores, amarra injustificadamente a las aseguradoras, pues les impide acordar modelos innovadores de contratación y pago, contratar servicios con empresas que no son exactamente prestadoras de salud, pero que pueden contribuir al mejoramiento integral de la salud de los usuarios (servicios digitales o alimenticios, por ejemplo), y restringe la posibilidad de hacer un manejo prudencial y financieramente sensato de los recursos.

Según Morales, “los redactores del proyecto parecen creer en abstracto en las ventajas del aseguramiento privado debidamente regulado por el Estado, pero desconfían en concreto de la figura. Por eso la formulan como el propósito general, pero a renglón seguido le cortan las alas”.

“El Congreso debe aprovechar la oportunidad para incentivar que las aseguradoras en salud compitan, innoven, experimenten, y a que se les mida con rigor por sus resultados en salud, cosa que el proyecto contempla. Unas aseguradoras fuertes, diversas e innovadoras son mucho mejores que unas aseguradoras constreñidas, homogéneas y débiles”, añadió

Aprender de la pandemia

Acemi recomendó que se evalúe si el articulado recoge las enseñanzas y lecciones que en materia de salud pública, articulación con las entidades territoriales, e infraestructura hospitalaria está dejando la pandemia del covid-19.

Al respecto, en el documento con comentarios enviado al Congreso, Acemi manifestó que “cualquier iniciativa de reforma al sistema de salud, en cualquier país del mundo, debe someterse, antes del inicio de la discusión sobre dicho contenido específico, a preguntas tales como: ¿Recoge esta reforma las lecciones aprendidas durante la pandemia? ¿Las vulnerabilidades que pone de presente la emergencia se abordan de manera prioritaria en su texto? ¿El proyecto fortalece o debilita los rasgos del actual sistema que han permitido a Colombia sortear con relativo éxito, en términos de vidas salvadas, semejante crisis global sin precedentes?”.

Acemi recomendó que se evalúe si el articulado recoge las enseñanzas y lecciones que en materia de salud pública

Específicamente, Acemi planteó que “es probable que algunos artículos del proyecto puedan ahora leerse como adecuados y pertinentes frente a lo que hemos aprendido de la pandemia. Pero, si tal es el caso, ello será por feliz coincidencia, pues bien se sabe que el grueso del articulado del proyecto 10 es semejante a un proyecto que se presentó también en el período legislativo pasado, antes de la pandemia”.

“Nuestra convicción en Acemi es que sería imperdonable que el momento político y anímico en el país en favor de una reforma al sistema de salud se desperdiciara en aprobar un extenso articulado que no incorporó las evidencias, los aprendizajes y las tendencias que la pandemia reveló, puso de presente, hizo visibles o aceleró”, anotó el gremio en su documento.

Para Acemi, “está claro que la pandemia puso de presente el anacronismo que padecen la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud al basar sus modelos de ingreso en el cobro de cada servicio individual prestado. Si bien el proyecto promueve nuevos modelos de contratación y pago, sigue partiendo de la premisa de que las instituciones prestadoras serán, en lo esencial, iguales a las que hoy en día conocemos”.

Agregó el gremio que “la pandemia nos puso en un nuevo mundo, donde el centro de la prestación no girará en torno a las grandes infraestructuras prestadoras que hoy conocemos, sino en torno a organizaciones esencialmente virtuales, que requieren pocos ladrillos, y mucha ingeniería electrónica y virtual. No parece que el proyecto de cuenta de esa cambio sísmico, en el cual las entidades prestadoras tendrán que funcionar en torno a los datos y a la interacción directa con el afiliado”.

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Debatir las respuestas

En sus comentarios al proyecto, Acemi también plantea algunas preguntas a las que “no tenemos aún respuestas”, pero que en el gremio  “tenemos la certeza de que esta es la oportunidad para abordarlas en el nivel legislativo. El llamado es a no dejar pasar esa oportunidad”.

Algunos de esos interrogantes son: “¿Dice algo el proyecto sobre la articulación entre el sistema de salud y las políticas públicas sobre tecnologías de la información y sobre redes de transmisión de datos? ¿Una empresa de tecnología debe someterse a los requisitos de habilitación sanitaria tradicionales, teniendo en cuenta que sus servicios serán tan esenciales como los propios servicios médicos en la provisión del acceso? ¿Apple, Amazon, Google y demás entidades afines deberían considerarse actores del sistema de salud, y por lo tanto sometidos a su regulación y a sus autoridades rectoras, o seguiremos considerándolas meros proveedores de tecnologías, ajenas al alcance de la regulación y la supervisión sanitaria?”.

Así, Acemi hizo un llamado “a que en los debates legislativos que se avecinan, se haga el mayor esfuerzo para incorporar el hecho notorio de la pandemia, y sus múltiples moralejas y lecciones, en el espíritu y el texto del proyecto. Eso quizá obligue a una revisión de cada uno de sus artículos, así sea para reconfirmar la conveniencia de su permanencia en el articulado”.

Más de 135 organizaciones médicas, sindicales y gremiales relacionadas con el sector salud le pidieron el miércoles al Congreso archivar o retirar la reforma

Piden archivar

De otra parte, argumentando que en lugar de desarrollar la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que declara la salud como un derecho fundamental propone todo lo contrario, más de 135 organizaciones médicas, sindicales y gremiales relacionadas con el sector salud le pidieron el miércoles al Congreso archivar o retirar la reforma.

Carolina Corcho, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, explicó que en opinión de los integrantes de las organizaciones firmantes señaló que el proyecto, en vez de eliminar las EPS les cambia el nombre, reduciendo su número 48 a una decena, sin cambiar el sistema de atención de salud que considera fallido en Colombia.

En la carta enviada al Congreso, las organizaciones consideraron que el proyecto “continúa con la desigualdad derivada de la capacidad de pago y aumenta el gasto de bolsillo de los colombianos más pobres con la llamada ‘contribución solidaria’, mientras disminuye los aportes de los empleadores y protege los cuantiosos recursos públicos de la salud que se quedan en diversos intermediarios del negocio”.