PARA LLEGAR de San Antonio de Chuaré a López de Micay, en el departamento del Cauca, en la costa del Pacífico, a Bogotá hay que hacer un recorrido en el que una persona puede tardar dos o tres días. Primero, una travesía de tres horas por río hasta López de Micay, otras tres o cuatro horas desde allí por mar hasta el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, dependiendo de las condiciones marítimas. Del puerto a Cali, por tierra, otras seis horas, si no hay bloqueos o derrumbes. Y esa ciudad a la capital, normalmente unas 10 horas, también por carretera, pero se puede alargar (…).

Este es el recorrido que en varias ocasiones a lo largo de casi dos años hizo Yenilsen Alomía, una Trabajadora Social de López de Micay, para llegar a sus clases en la Maestría Gerencia y Práctica del Desarrollo, convocada por la Corporación Manos Visibles y Usaid, en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Por eso el día que recibió su título de Magister, en una pomposa ceremonia junto a otros 50 líderes del Pacífico y la Amazonía, su familia, integrada por su esposo y tres hijos, la acompañó muy orgullosa. “Gracias a mi familia, ellos también hacen parte de este logro, pues debieron quedarse solos muchas veces mientras yo asistía a las clases en Bogotá”, dijo Yenilsen al momento de la graduación.

Proyecto real

Yenilsen ha vivido y desarrollado sus actividades profesionales en López de Micay, un municipio en el que, pese a tener grandes riquezas naturales en su entorno, las oportunidades laborales no son muchas. Especialmente, las mujeres y los jóvenes no encuentran en qué laborar después de terminar sus estudios de secundaria.

Esta profesional así lo entendió, por eso desde que logró acceder a educación superior y titularse como Trabajadora Social en la Universidad del Cauca, regresó al municipio y comenzó a trabajar de manera sostenida en diversas iniciativas, especialmente enfocadas en las mujeres de su comunidad con el fin de evitar violencias, desempleo y deserción escolar, al tiempo de consolidar la educación como alternativa válida para alejarse de la pobreza.

“Esta maestría me permitirá como profesional ser una gerente con mayor capacidad de toma de decisiones y de incidencia en esas apuestas que se dan en los territorios, especialmente las que se enfocan en educación y emprendimiento de las mujeres”, dice Yenilsen Alomía, quien labora en la Alcaldía Municipal como enlace de género y que ha sido concejal en varias ocasiones.

Por eso para ella, desde la perspectiva institucional, es importante mantener las actividades que se enfocan en la visibilización de los liderazgos locales.

Es así como ha liderado varios encuentros con este enfoque. El primero se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio de Chuaré, donde se expusieron temas relacionados con los liderazgos políticos y comunitarios de las mujeres del municipio de López, resaltando la importancia de la participación de ellas para lograr un posicionamiento social, político y comunitario que, a su vez, permita la identificación de riesgos y amenazas dentro y fuera del entorno de cada grupo poblacional de mujeres.

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Maestría visible

A propósito de la realidad de su municipio, ella es muy clara al explicarla: “Es un territorio con una riqueza inmensa en biodiversidad, pero también tiene esas problemáticas que afectan las condiciones de vida, especialmente de los jóvenes, al no permitirles acceder a educación de calidad o a empleos dignos, debido a la escasa dinámica de nuestra economía”.

Agrega que “en el caso de las mujeres, vivimos de la agricultura y lo que buscamos es la formación de iniciativas empresariales que nos permitan vivir dignamente y cerrar esas brechas de desigualdad de género y de violencias que nos han acosado históricamente”.

En ese objetivo, a través de la maestría, ha logrado sentar las bases para llevar a su territorio el Centro Agroalimentario de la Universidad de los Andes.

“Actualmente hemos venido haciendo una consultoría con el Centro Agroalimentario de los Andes y queremos que esta iniciativa, que se está desarrollando en términos de investigación en sistemas agroalimentarios, se pueda llevar a nuestro territorio para poder visibilizar todos los procesos que se desarrollan desde la agronomía y desde toda esa diversidad que tenemos en el territorio”, afirma Yenilsen Alomía.

Cifras clave sobre población NARP

• De acuerdo con el DANE, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) en Colombia es de 4 671 160 personas.
• De la población NARP, el 98,9 % corresponde a población que se reconoce como Negra, Mulata, Afrodescendiente y Afrocolombiana; el 0,8 % se reconoce como población Raizal y el 0,2 % como población Palenquera.
• Esta población se concentra, principalmente en Valle del Cauca (21,7 %), Chocó (11,3 %), Bolívar (10,7 %) y Antioquia (10,5 %).
• La población Negra, Mulata, Afrodescendiente y Afrocolombiana se encuentra, principalmente en el Valle del Cauca (22,9 %); la población Raizal se encuentra, especialmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina (79,7 %) y la población Palenquera se encuentra, primordialmente en Bolívar (60,1 %).
• El 0,3 % de las personas NARP se encuentran incluidos en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). El 6,8 % de las personas pertenecientes a la población NARP, se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas del conflicto. El índice de pobreza multidimensional (IPM) en los hogares cuyo jefe de hogar se autorreconoció como indígena o como negroafrocolombiano es sustancialmente mayor comparado con el promedio nacional.
• La Contraloría General, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, y del mes de la Herencia Africana, advirtió días atrás que la deuda institucional de mayor impacto con estas comunidades es la no reglamentación de la Ley 70 de 1993.
• Según el ente de control, de acuerdo con las bases del PND 2018-2022, el Gobierno Nacional se comprometió que, a junio de 2020 se reglamentaría la totalidad de la Ley 70/93. Sin embargo, al cierre del mismo, quedan Tres capítulos pendientes de reglamentar: Capítulo IV - uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, Capítulo V - recursos mineros, y Capítulo VII - planeación y fomento del desarrollo económico.
• Según estudio de seguimiento a los compromisos suscritos con estas comunidades a diciembre de 2020, se presentaba un cumplimiento de apenas el 5 % en la ejecución del presupuesto de $ 19 billones concertado para hacer realidad los 239 acuerdos establecidos con las comunidades NARP.

“Lo que hemos observado en la práctica es que el discurso y el tema presupuestal es muy bueno, pero la realidad cuando vamos a mirar el impacto es completamente diferente”, dijo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, sobre las evaluaciones realizadas por el organismo de control en este tema.