El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, instó al Gobierno Nacional a reconsiderar el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales asignadas a la Contraloría General de la República (CGR) para la vigencia 2025, argumentando que la medida comprometería gravemente las capacidades operativas y misionales del organismo fiscalizador.
En una comunicación enviada al Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, Rodríguez Becerra expresó: “La propuesta de aplazamiento no resulta viable ni conveniente para el cumplimiento de sus fines misionales, debido a los siguientes motivos”, entre los que se destacan las afectaciones a proyectos estratégicos y funciones esenciales del ente de control.
Una reducción presupuestal alarmante
El documento resalta que, mientras el presupuesto de inversión solicitado por la CGR ascendía a $424.844.280.994, el monto finalmente aprobado en el Decreto 1523 de diciembre de 2024 fue de $186.701.326.884, lo que representa una reducción del 56.05%. Sobre este punto, el Contralor enfatizó que el aplazamiento solicitado de $133.901.334.901 afectaría la totalidad de los recursos de inversión aprobados para la entidad, dejando sin soporte financiero actividades fundamentales.
Rodríguez advirtió: “El aplazamiento afectaría el avance del proceso de modernización tecnológica, ralentizando la actualización de los sistemas y herramientas digitales, que son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa”. Esto incluye proyectos relacionados con ciberseguridad, automatización y análisis de datos, críticos para el control fiscal.
Riesgos críticos del aplazamiento
El Contralor detalló que la medida implicaría:
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Deterioro de la infraestructura tecnológica y física:
- “Sin presupuesto no se pueden realizar mantenimientos, actualizaciones y reparaciones, lo que puede conllevar a fallas y pérdidas de productividad.”
- “Se restringiría el desarrollo de competencias y capacitación de los funcionarios de la entidad.”
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Impactos en la gestión documental:
- “Se dificultaría la conservación, actualización y digitalización de la documentación histórica, lo cual es esencial para cumplir con la Ley General de Archivos.”
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Afectación a la evaluación de políticas públicas:
- “La falta de recursos afectaría el desarrollo de actividades claves para monitorear el progreso de las políticas y su impacto en la sociedad.”
Rodríguez agregó: “Sin los recursos necesarios, la CGR no podría realizar las actuaciones de manera oportuna, lo que comprometería la efectividad del control y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.”
Llamado a soluciones conjuntas
El Contralor recordó que, durante su administración, la CGR ha logrado “un resarcimiento de recursos objeto de detrimento patrimonial de $2,96 billones de pesos por recaudo de cobro coactivo” y que estas cifras reflejan la importancia de fortalecer las capacidades de la entidad.
Finalmente, solicitó al Gobierno Nacional reconsiderar la medida, afirmando que “se estaría poniendo en riesgo el control del país frente a temas estratégicos de los cuales la Contraloría tiene la responsabilidad directa”, incluyendo la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos.