FINALIZÓ EL año y con ello la primera parte del periodo legislativo en el Congreso de la República con tan solo 7 leyes aprobadas de 1.011 iniciativas que fueron radicadas entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2024, según un estudio publicado por la agencia Orza. Si bien el flujo de iniciativas tanto del Gobierno como de los parlamentarios aumentó de manera significativa, 986 proyectos deben ser evaluados entre febrero y junio del próximo año para iniciar carrera con miras a ser ley de la República.

Respecto al mismo periodo en 2023, el aumento fue de 28,72% en proyectos radicados, es decir, 235 más, entre iniciativas nuevas y heredadas de la legislatura 23-24. No obstante, el panorama si bien es positivo al evidenciar un arduo trabajo tanto de las bancadas en el Congreso, como propiamente del Gobierno al buscar impulsar más de una veintena de proyectos, el resultado final se queda corto con la promulgación de tan solo siete leyes, y la discusión de solo el 65,6% de todos los radicados, dejando en el limbo por lo menos 484 proyectos de ley para el segundo periodo legislativo.

De las siete promulgaciones, la principal aprobada en Congreso y que tiene origen desde el Gobierno fue el Sistema General de Participaciones (SGP). Esta iniciativa buscaba una mayor autonomía de las diferentes regiones, especialmente en términos presupuestales y de gestión, puesto que hasta la fecha la centralización había sido muy marcada en el país. No obstante, el reto apenas empieza para poner en marcha esta iniciativa.

Y es que si bien el SGP encontró una fuerza opositora importante, quienes argumentaban sobre los riesgos de más corrupción en las regiones, ciertos consensos fueron logrados para poner en marcha una iniciativa clave de la Administración Petro. No obstante, el diseño de las nuevas metodologías debe ser presentado para con ello poder entender los roles, funciones y necesidades de las diferentes entidades en las regiones.

La segunda, aunque depende aún de su discusión en plenarias de Cámara y Senado donde seguramente tendrá ajustes, es la Jurisdicción Agraria y Rural, uno de los puntos claves y pendientes del país en el marco de los acuerdos de paz. La norma, tanto estatutaria como orgánica, logró avanzar gracias a los acuerdos claves que se lograron en las Comisiones Primeras Conjuntas en las últimas semanas del periodo legislativo en el Congreso. Aun así, esta sería finalmente promulgada en 2025, siendo unas de las prioridades en la agenda para el Gobierno y que Juan Fernando Cristo dará mayor impulso en el capitolio nacional.

En un balance global, los honores y normativas del sector cultura son los que más presencia tienen para el resto del periodo, además de la aprobación de ascensos en las diferentes Fuerzas Armadas del país. El segundo sector que más movimiento tiene con posibles legislaturas es el medio ambiente, seguido por el transporte, los asuntos laborales o agropecuarios, la Administración pública, las mujeres y el género.

Control Político

Además del seguimiento al trabajo normativo, Orza también puso la lupa en el uso de herramientas con las que cuentan los parlamentarios. En este sentido, fueron 113 llamados a funcionarios del Gobierno para hacer seguimiento de su gestión, 63 en Cámara y 49 en Senado y una en Comisiones Conjuntas. De estas, 79 fueron dedicadas al control político, siendo los sectores de Hacienda (15), Agricultura (12), Minas y Energía (12), y Salud (10), los que más debieron comparecer ante el Congreso.

Respecto al caso Hacienda, fue Ricardo Bonilla quien atendió las principales citaciones antes de su salida del cargo en diciembre. Además, Ricardo Roa de Ecopetrol fue otro de los funcionarios que más llamados tuvo desde el Congreso para comparecer por los resultados de la entidad estatal, mismos que en varias oportunidades fueron declinados por el presidente de la petrolera. Por su parte, Carlos Carrillo de la Ungrd y Laura Sarabia del Dapre también tuvieron llamados significativos desde el Capitolio.

La deuda del Gobierno

A pesar del avance tanto del SGP como de la Jurisdicción Agraria y Rural, además de la definición de sus funciones, fueron más los baches que sorteó en tan solo seis meses. Primeramente, fueron 9 los cambios en el gabinete de Petro para el inicio de la tercera Legislatura, incluyendo el nombramiento de Luz Cristina López como ministra del Deporte, quien asumió su cargo en marzo de 2024.

Lo segundo a destacar es el pobre avance de iniciativas del Gobierno en el Congreso. Más de 20 propuestas fueron radicadas, hasta el 16 de diciembre, de las cuales dos se hundieron en su camino, siendo justamente el Presupuesto General para 2025 y la ley de financiamiento que buscaba la recaudación de 12 billones de pesos, pero que, en ambos casos, cayó en comisiones económicas.

Asimismo, otra apuesta clave es la reforma a la salud. Si bien en Cámara ya inició el debate y logró esquivar el archivo, el proyecto que reorganizaría todo el sistema de salud en el país no vio su discusión total en plenaria, por lo que debe seguir su tercer debate. Además, aún queda pendiente su paso por la Comisión Séptima y Plenaria en Senado.

La educación también es otra deuda para el Gobierno, pues el 16 de diciembre fue puesto en la agenda de Comisión Sexta en Senado, pero allí no logró tan siquiera arrancar el debate, por lo que queda pendiente para 2025. En este caso, la norma promulgada desde el Ministerio de Educación busca reformar dos artículos de la Ley 30 para hacer ajustes en la financiación de instituciones de educación superior de carácter público.

En el tintero también se encuentra la norma que buscaría el desarrollo de la infraestructura ferroviaria; la constitución de la Agencia Nacional de Seguridad Digital; la reforma laboral; o la creación de Ecominerales, la estatal que administraría y entraría en competencia internacional con los minerales del país. Todas estas ya vieron alguna discusión, pero deben avanzar lo máximo en Congreso para no ser hundidas.

Ahora bien, por radicación aún siguen pendientes otras normas claves como la reforma del Código Minero; el Régimen Sancionatorio de Transporte; la reforma a la Policía; el Desmonte de Vehículos; o la reforma a la Procuraduría.