A pesar de que la reforma al Código Electoral que se plantea en un proyecto que recientemente se radicó es eminentemente técnica, el Gobierno Nacional se comprometió con los mandatarios seccionales a que se incluirá la supresión de la Ley de Garantías.
Esta norma establece restricciones en la contratación cuatro meses antes de las elecciones nacionales, por lo cual los mandatarios regionales siempre la han visto como un escollo para adelantar sus planes de inversión, más ahora en que por los estragos de la pandemia todos piensan en la reactivación económica.
Esta semana durante la primera Cumbre de Gobernadores presencial que se desarrolló en Bogotá, los 20 mandatarios departamentales coincidieron en la necesidad de eliminar la Ley de Garantías como parte de una estrategia conjunta para acelerar la reactivación económica y social en las regiones tras los estragos que ha dejado esta pandemia.
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La Ley de garantías también busca garantizar la autonomía y descentralización de recursos a través del nuevo Sistema General de Regalías y del Presupuesto General de la Nación y sacar adelante un pacto por el empleo, el comercio, el turismo y la reactivación de obras de infraestructura en los territorios.
En ese sentido el gobernador del Meta y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Juan Guillermo Zuluaga, celebró el espaldarazo que le dio el Ejecutivo a la propuesta de eliminar la Ley de Garantías en la Reforma del Código Electoral para que las inversiones y contratación estatal no se paralicen, y al mismo tiempo destacó la articulación de la institucionalidad para reactivar la economía, protegiendo la vida y salud de los colombianos.
Agregó Zuluaga que “tenemos para los próximos años las elecciones parlamentarias, la primera y segunda vuelta presidencial y posteriormente las elecciones locales. Serían cuatro procesos de Ley de Garantías que nos restaría mucho más tiempo para la ejecución en las regiones. Este ha sido un año casi perdido en materia de ejecución y de cumplimiento de los planes de desarrollo".
Por su parte el viceministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que “es una solicitud que el Gobierno recibe en buen momento porque entendemos la necesidad que ha ocasionado la pandemia del Covid-19 y las limitaciones que han tenido los gobernadores para adelantar las inversiones si la Ley de Garantías se mantiene”.
“Estaríamos hablando –agregó- de casi un año de restricciones en la contratación estatal. Por eso, esa solicitud es bien recibida por el Gobierno nacional y la apoyaremos en el proyecto de la Reforma del Código Electoral que ya se encuentra radicado en el Congreso de la República”.
Gobierno se comprometió a ello con los gobernadores para aportar a la reactivación económica.
El año anterior el Partido Centro Democrático presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Garantías Electorales, sin embargo la iniciativa no logró su aprobación en el Congreso.
Dicho proyecto contó con el espaldarazo del Gobierno Nacional pues antes de ser radicado el presidente Duque en el Congreso Nacional de Municipios le pidió a la Ministra del Interior presentar una reforma con mensaje de urgencia en ese sentido.
La norma
La Ley 996, mejor conocida como Ley de Garantías Electorales, vigente desde 2005, nació como reacción a que un año antes se había aprobado la reforma constitucional que abrió paso en Colombia a la reelección presidencial inmediata. Se consideró entonces que para evitar que el Presidente-candidato utilizara en beneficio propio su poder presupuestal, administrativo y burocrático era necesario establecer una serie de limitaciones contractuales y de movimiento de nómina, de forma tal que se garantizara un equilibrio en la campaña proselitista.
Sin embargo la norma también irradió sus efectos a las elecciones de Congreso y las regionales, y por esa vía las restricciones se aplican a la contratación de gobernaciones y alcaldías.
El viceministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que la Ley de Garantías será reformada en el proyecto de Código Electoral que cursa en el Congreso
Eliminada desde el acto legislativo de 2015 la reelección presidencial, se ha venido urgiendo desde entonces una reforma a la Ley de Garantías Electorales. En la administración de Juan Manuel Santos se prometió avanzar en ese sentido pero no lo concretó y ahora este Gobierno adquirió el mismo compromiso.