Desde hace varios años, Transparencia por Colombia ha llamado la atención de las autoridades responsables de liderar la implementación de los Acuerdos de Paz sobre los riesgos de corrupción relacionados con la deficiente información pública, la elevada discrecionalidad en la toma de decisiones y las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a consolidar la paz en el país.

Las denuncias conocidas reiteran que dichos riesgos continúan presentes en el proceso de implementación y que habrían tenido lugar en la asignación de recursos del OCAD-Paz.

¿Cuáles son los riesgos identificados?

Para Transparencia por Colombia, persiste un limitado acceso a la información sobre presupuestos, proyectos y contratos de las acciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz. De esta forma, la dispersión en múltiples plataformas, la falta de claridad sobre los costos y fuentes de la financiación y la baja calidad de la información contractual se convierten en una barrera para el control ciudadano.

Un segundo aspecto tiene que ver con las modalidades de contratación directa y régimen especial, que continúan siendo predominantes en los procesos de contratación relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. De hecho, se identificó, con corte a 15 de junio de 2022, que los contratos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz en los municipios PDET se ejecutan principalmente por vía de las modalidades de contratación directa (4.927 contratos, que representan el 65,2% del total), régimen especial (1.440 contratos, que equivalen a 19,06%) y mínima cuantía (867 contratos, con 11,47% del total).

En tercer lugar, la alta discrecionalidad en la destinación de recursos y en la adjudicación de contratos puede llevar a irregularidades como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y/o firma de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En un cuarto punto, aún no es posible hacer seguimiento a los recursos de inversión provenientes de fuentes como el Sistema General de Participaciones (SGP), cooperación internacional e inversión privada destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual dificulta el seguimiento a los procesos y procedimientos de asignación.

En quinto lugar, preocupa la capacidad de las entidades territoriales en la implementación para operar los diferentes proyectos y dar seguimiento permanente a los bienes y servicios contratados para su ejecución, particularmente en las subregiones más afectadas por el conflicto.

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Revisiones

Para superar de fondo estas situaciones, desde Transparencia por Colombia se hizo un llamado para garantizar la transparencia presupuestaria de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, haciendo una revisión completa de los costos, las fuentes de financiación y los mecanismos de asignación de recursos de este proceso. Así mismo, recomienda:

Fortalecer los canales de denuncia específicos para las irregularidades que surjan en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, los cuales posibiliten el ejercicio de control ciudadano de los habitantes de las subregiones más afectadas por el conflicto. Así como posibilitar y fortalecer los ejercicios de control ciudadano a la implementación del Acuerdo Paz.

Revisar la institucionalidad de la implementación del Acuerdo de Paz, en procura de reducir la excesiva centralidad de la implementación, particularmente en lo relacionado con la implementación de los PDET y los PNIS.

Garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación pública (transparencia, economía y responsabilidad) con los recursos de regalías destinados a la implementación del Acuerdo.

Fortalecer las capacidades de las entidades a nivel territorial, incluyendo las relacionadas con la identificación y mitigación de riesgos de corrupción y con las denuncias de hechos de corrupción.

Por último, Transparencia por Colombia hizo un llamado a la ciudadanía, a las autoridades nacionales y locales, a los organismos de control y a los cooperantes internacionales, para proteger los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz y, con ello, la implementación misma del Acuerdo en las regiones más afectadas por el conflicto, posibilitando la construcción de paz territorial.

“Las presuntas irregularidades dadas a conocer a la opinión pública deben ser investigadas de manera ágil y prioritaria, especialmente porque involucran a personas que han estado en el alto Gobierno nacional, en altas instancias de la Contraloría General de la República y a congresistas de la República, lo cual es completamente inaceptable” señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.