EL PROYECTO de reforma al código electoral aprobado por la Cámara de Representantes con 99 votos la semana pasada, incluye cuatro disposiciones “problemáticas” e “inconvenientes”, según un análisis hecho por la senadora del partido Alianza Verde y una de las críticas más férreas de esta iniciativa, Catherine Juvinao.

Estas son las referentes al voto electrónico mixto, burocratización del proceso electoral como consecuencia de los poderes que se le otorgan a la Registraduría, el tema de la identificación digital y el sistema de contratación a través de la figura de Seguridad Nacional. Las dos últimas, como dijo la congresista a EL NUEVO SIGLO, no están relacionadas al tema electoral.

De esos cuatro, el punto que más angustias le generan son las nuevas competencias de la Registraduría, ya que, a su juicio, garantizará mayor burocracia.

Además, aseguró que ofrece al titular de dicha entidad, hoy en nombre de Alexander Vega, la oportunidad de designar a su antojo a delegados departamentales, rompiendo las reglas establecidas que indican que dichos representantes deben ser funcionarios de carrera, elegidos por medio de un proceso minucioso.

Explica que “hoy tiene dos delegados departamentales en cada departamento: Uno para asuntos electorales y otro para asuntos de Registro Civil. Esos delegados, según el 266 de la Constitución Política, deben ser funcionarios de carrera. Los funcionarios de alta responsabilidad electoral y administrativa serán de libre remoción, pero no de libre nombramiento. Por lo mismo, no lo pueden poner a dedo”.

También dijo a este medio de comunicación que “el registrador se inventa un tercer delegado para cada departamento. Serían 32 delegados nuevos. Además, se inventa como excusa que este tercer delegado era necesario para que ayude a los otros dos a ponerse de acuerdo. Alexander Vega dice que los dos delegados nunca se ponen de acuerdo y que el tercero será el jefe de los primeros dos”.

La parlamentaria aseveró que los funcionarios escogidos deben garantizar la independencia de la institución electoral. “No pueden ser elegidos por un registrador, que, a su vez, es amigo de los políticos. En ese caso, la Registraduría pasará a ser una entidad politizable y cooptable por los políticos que sean amigos del administrador de turno”.

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Contratación y voto mixto

Juvinao informó que los contratos desde la Registraduría deben hacerse previa licitación, bajo la figura de contratación pública. Sin embargo, la reforma al código electoral dará a la institución la potestad de apelar a la figura de Seguridad Nacional para establecer acuerdos con otras empresas privadas.

“La Seguridad Nacional es utilizada por las fuerzas militares por temas de seguridad nacional, por lo que los contratos establecidos deben ser confidenciales. Por lo mismo, puede no haber licitación, se puede escoger a dedo y no hacer publicidad de los contratos”, manifestó.

Por lo mismo, destacó que “lo que se aprueba del código electoral el viernes es que la figura de Seguridad Nacional se puede hacer para los procesos misionales de Registraduría. Se aprueba Seguridad Nacional para que sea la regla en los servicios de contratación que es peligrosísimo, pues la Registraduría maneja un presupuesto billonario”.

Entretanto, la votación electrónica mixta que establece el proyecto de reforma se ha convertido en otro motivo de alarma. Según Juvinao, es un instrumento que ha sido desmontado en países como Alemania, al quedar en evidencias los vicios y falencias que representa.

“Se han dado cuenta que las máquinas fallan. Pueden ser vulnerables no solo por fallas operativas, que se vaya la luz o fallas mecánicas, sino que son vulnerables a hackeos. Los informáticos aconsejan que no lo recomiendan. Se ha demostrado en el mundo la efectividad del voto análogo”.

Por último, hizo referencia al tema de la cédula digital, alegando que su implementación ha sido “un negocio que Alexander vega empezó a hacer sin permiso del Congreso. Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que cualquier cambio o introducción tecnológica al documento de identificación de los colombianos, debe ser el Congreso que reglamente los términos se harán dichas modificaciones al documento”.

Por último, informó a EL NUEVO SIGLO que el proyecto pasará a conciliación mañana, último día de esta primera legislatura. De lo contrario, podría hundirse. Luego, será sometida a revisión por parte de la Corte Constitucional, lo que podría tomarse entre 6 meses y 1 año y medio. Por tal motivo, las estipulaciones de esta propuesta, de ser aprobada, entrarán en vigor en 2026.