- Primer paso en la dirección correcta
- Grave incidencia en el cambio climático
El descenso de la deforestación en 2018, en un diez por ciento frente al año anterior, es una buena noticia para Colombia. Aun así la cifra continúa siendo escandalosa, si se entiende que se han sustraído ilegalmente 197.159 hectáreas de bosque natural. Una estadística, a su vez, que resulta muy alta frente a la mayoría de los indicadores de los últimos siete años, cuyo mejor resultado fue el del 2013 cuando se llegó a un número de 120.934 hectáreas que sufrieron ese infame fenómeno contra el medio ambiente y que, como se sabe, también está asociado con el cambio climático que atenta contra la vida humana al afectar los ciclos climatológicos planetarios, tanto en sus intervalos como en su intensidad.
El amparo de los bosques naturales en un país como el nuestro, con una alta tasa de vulnerabilidad frente al cambio climático, tiene que darse a partir de una política de Estado. De hecho, así lo exige la Constitución en las cláusulas pertinentes. Si bien la nación colombiana tiene poca incidencia en la producción de gases de efecto invernadero, a nivel universal, existe asimismo un compromiso, no solo político, sino moral para que los grandes sumideros de la Amazonia y la Orinoquia se mantengan intactos y puedan colaborar en neutralizar la excesiva carga de carbono, metano y nitratos que inciden en la biosfera y son causa del calentamiento global.
Frente a ello, basta observar los datos que acaba de entregar el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Estudios Ambientales (Ideam), respecto de la deforestación, para constatar que los departamentos más afectados hacen parte, precisamente, de esas áreas ecosistémicas tan sensibles: Caquetá, 46.765 hectáreas; Meta, 44.712; Guaviare, 34.527; y Putumayo, 13.903. En suma, unas 140.000 hectáreas que configuran buena parte del monto deforestado en la totalidad del país. Es de resaltar, sin embargo, que la deforestación decreció en la Amazonia mientras que subió en la Orinoquia, más o menos proporcionalmente. Esto implica que no se pueden ceder los esfuerzos en la cuenca del Orinoco. Por igual, continúa siendo motivo de gran alerta que la deforestación en la cuenca del Amazonas no vuelva al menos a los índices de 2016, con 70.000 hectáreas frente a casi el doble de hoy.
En ese sentido, es claro que el objetivo debe concentrarse en aquellos municipios donde la ganadería extensiva, el contrabando de madera y los cultivos ilícitos vienen propiciando la depredación ambiental. Está fehacientemente determinado en las imágenes satelitales que las localidades donde se arraiga con mayor énfasis el fenómeno son: Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán (Caquetá); la Macarena (Meta); San José del Guaviare, Calamar y El Retorno (Guaviare), y Puerto Guzmán (Putumayo). Sobre ello las autoridades han establecido que el arrasamiento forestal suele ocurrir en lugares cercanos a una carretera o un río, lo cual debería permitir una neutralización más veloz puesto que el fenómeno, según puede corroborarse, no es necesariamente periférico ni tampoco originado en las profundidades selváticas inaccesibles.
Todavía es más preocupante que un diez por ciento de la deforestación se suceda en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Algo parecido a lo que ocurre con la siembra de cultivos de coca que, sin embargo, impacta con más rigor.
En todo caso, los sembradíos ilegales son parte sustancial de la destrucción inclemente de los bosques. Para impedir la deforestación es indudable que falta una mayor cantidad de presupuesto y más gente en las dependencias respectivas. No obstante, la ruta de reactivar los operativos militares y judicializar la deforestación; generar acuerdos de conservación con los campesinos y en los resguardos indígenas; enfatizar los convenios de restauración en los PNN; y el objetivo de sembrar 120 millones de árboles a 2022 son elementos que permiten señalar una estrategia multifacética que responda a la complejidad de la tragedia.
La carencia de presupuesto en el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y Parques Nacionales Naturales, al respecto, resulta lamentablemente endémica. Sin embargo, la alianza del sector ambiental con la Fuerza Pública es un punto de encuentro decisivo e indispensable a los efectos. Con ello se suple la insuficiencia en la cobertura ambiental del territorio que permite que la estructuración de las Fuerzas Militares y de Policía se dirija a la encomienda de entender el ambiente como un factor esencial y estratégico de la soberanía nacional y se pueda elevar esa misión a objetivo de gran calado. No solo, por ejemplo, en cuanto a la deforestación, sino también en lo atinente a la neutralización de la agobiante minería criminal y, por supuesto, de los cultivos ilícitos depredatorios.
El Gobierno ha anunciado “tolerancia cero” con la deforestación. Falta mucho, desde luego, pero se va en la dirección correcta.