Algunos se preguntan qué problema tiene que las leyes se hagan más rápido y que los acuerdos se implementen con flexibilidad y facilidad. Sin embargo, aquellos no están pensando en lo que el “fast track” significa. Se nos vienen profundas modificaciones no sólo legales, sino y sobretodo, constitucionales. El Gobierno y las Farc tiene la intención de que las 310 páginas sean algo así como un apéndice de la Constitución, y que en aquello que haya contradicción la Constitución sea modificada.

Sencillamente nos van a cambiar la Carta, y por eso no exageran quienes dicen que la Constitución del 91 está muerta. Si bien, el mismo texto superior prevé las posibilidades de su modificación, aquellas requieren: un procedimiento y tiempos –que se va a desconocer-, tiene jurisprudencialmente unos límites dados por la teoría sustitución –no todo lo puede modificar el Congreso- y finalmente se trata de asuntos tan de fondo que requerirían una Asamblea Constituyente.

A todo esto habría que agregar que estas modificaciones, como el procedimiento del “fast track” fueron rechazados por el voto del 2 de octubre donde venció el No. La situación de nuestra democracia es francamente alarmante. Por supuesto que aquella no se limita a la voluntad de la mayoría, pero en ninguna parte de mundo sería aceptable que la decisión expresa, clara y contundente del pueblo frente a un asunto que el han consultado, sea arbitrariamente desconocida.

En una democracia puede haber reglas sobre aquello que se le puede o debe consultar a la ciudadanía, pero una vez consultada sus decisiones son soberanas. Sólo pueden ser revocadas por el propio pueblo. El plebiscito es este caso; pueden argumentar que la refrendación popular no era necesaria -opinión de la que me aparto pues el acuerdo suponía profundas modificaciones constitucionales-  pero una vez realizada la consulta  su obligatoriedad es incuestionable.

Lo que estamos viendo es el desarrollo descarado de las trampas y tretas. Hablan de un nuevo acuerdo cuando en realidad es el mismo con pequeñas modificaciones. No lo someten a consideración de la ciudadanía porque saben que volvería a ser rechazado. Se inventan una refrendación –atípica y por lo tanto ilegal- en el Congreso y, la Corte Constitucional en un comunicado flojo, ambiguo e irresponsable no define nada de fondo; prácticamente le cede al Congreso la facultad para decidir si esa refrendación -realizada por ellos mismos- es suficiente, y entonces admite el fast track.

Desconoció así la Corte la demanda interpuesta por el Centro Democrático y el más de un millón trecientos mil colombianos que acompañaron la demanda con su firma por la resistencia civil. No acumuló las demandas, no resolvió la nuestra. Se limitó a una demanda parcial. Creíamos en la Corte por eso demandamos, por eso hemos participado en audiencias, pedido acciones, audiencias de seguimiento, intervenciones... Nada nos han concedido.

La mayoría de los magistrados, en mi opinión, es partidaria de la negociación de La Habana -y eso no tiene nada de malo-, lo grave es que no logran independizar su postura política, de los textos constitucionales. Abandonó la defensa de la participación ciudadana y la obligatoriedad de las decisiones del pueblo como principios rectores de la Constitución del 91, dejó de lado la teoría de la sustitución constitucional y  todo en nombre de una paz, que no es paz.